Se está acercando rápidamente el plazo del 17 de enero para que Cataluña forme gobierno, después de que una coalición de partidos nacionalistas ganara por un estrecho margen las elecciones regionales del 21 de diciembre convocadas por el gobierno del Partido Popular en Madrid.

El presidente del Gobierno español Mariano Rajoy ha dejado claro que su respuesta a la victoria marginal del bloque nacionalista catalán (70 escaños en un parlamento de 135) es intensificar los ataques antidemocráticos de su gobierno.

Tras las elecciones, Rajoy advirtió de que cualquier gobierno regional entrante controlado por los secesionistas tendría que “señalizar sus prioridades políticas dentro de la ley” —es decir, renunciar a su agenda secesionista. De otra manera, volvería a imponer el Artículo 155 de la Constitución española, depondría al gobierno regional y tomaría el control de nuevo como hizo después de que la anterior administración secesionista declarara la independencia el 26 de octubre.

Rajoy está intentando dificultar, si no imposibilitar, que los partidos secesionistas formen gobierno impidiendo que ocupen sus escaños al antiguo president Carles Puigdemont, el antiguo vice president Oriol Junqueras y otros ex ministros regionales, que fueron reelegidos pero están encarcelados o exiliados.

En un discurso de fin de año, Rajoy exigió que el parlamento catalán se reuniera el 17 de enero y nombrara un nuevo president en 10 días. “Espero que podamos tener cuanto antes un gobierno catalán que esté abierto al diálogo y pueda identificarse con todos los catalanes, no solo con la mitad de ellos”, declaró Rajoy.

Esta exigencia fue concebida para presionar a los partidos independentistas —Junts per Catalunya (JxCat), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y las Candidaturas de Unidad Popular (CUP)— que no pudieron presentar una lista conjunta para las elecciones, como habían hecho previamente, y siguen divididos en torno a la estrategia. También están en conflicto por cuál de los principales candidatos a president debería asumir el cargo: Puigdemont por JxCat o Junqueras por ERC.

Los nacionalistas catalanes están repitiendo sus llamamientos al “diálogo”. Su preocupación principal siempre ha sido extraer concesiones del gobierno central, comparables a las que ya se le han concedido al País Vasco, para seguir desarrollando a Cataluña como una plataforma de inversión con bajos salarios y bajos impuestos para las principales corporaciones y bancos.

Rajoy, sin embargo, una vez más rechazó el diálogo, diciendo que los nacionalistas eran responsables del “mayor ataque a nuestra Constitución” y la “única sombra que genera inestabilidad para nuestra economía”. Declaró que “la pretensión de ser presidente de una comunidad autónoma viviendo en el extranjero” de Puigdemont es “absurdo”.

El presidente del gobierno calcula que ocho de los 70 diputados nacionalistas estarán ausentes del nuevo parlamento, dejándoles a seis diputados de la mayoría y por lo tanto sin la posibilidad de formar gobierno dentro del plazo estipulado. Puigdemont, Clara Ponsati, Meritxell Serret, Toni Comín y Lluís Puig siguen exiliados en Bruselas, adonde huyeron tras la imposición del Artículo 155, y Junqueras, Jordi Sánchez y Joaquim Forn se están pudriendo en detención preventiva con acusaciones de sedición, rebelión y malversación.

Para asegurarse de que no puedan asistir al nuevo parlamento, el Partido Popular (PP) de Rajoy ha intensificado su persecución judicial. El viernes, la solicitud de Junqueras de salir bajo fianza fue negada por el Tribunal Supremo por segunda vez. Rechazó su promesa de atenerse al Artículo 155 y sus promesas de llevar a cabo políticas en base al “diálogo, la negociación y el pacto”, que dijo que estaba respaldada por sus convicciones “morales, personales y cristianas”. En vez de ello, el tribunal dictaminó que había un “riesgo relevante” de que Junqueras reincidiera, y no había presente “ningún elemento” que mostrara que “tuviera la intención de abandonar el camino que ha estado siguiendo hasta ahora”.

El fallo era también una advertencia a Puigdemont y los otros en Bruselas acerca de cuál sería su suerte si se atrevieran a volver a España.

Los nacionalistas catalanes ahora están teniendo que decidir si reemplazar a seis de los ex ministros en el exilio o en prisión con otros candidatos de la lista de las elecciones del 21 de diciembre —que se añade a la perspectiva de que estén encarcelados durante mucho tiempo. La alternativa es entregar la comunidad autónoma a un gobierno controlado por el partido Ciudadanos.

Ciudadanos, un partido de derechas que se opone al secesionismo, surgió como el único gran partido en diciembre con 37 escaños y el 25 por ciento de los votos. Pudo atraer votos del partido catalán aliado del PP, el Partido Popular de Cataluña (PPC), y explotar la hostilidad de grandes sectores de la clase trabajadora hablante de castellano en Cataluña al programa reaccionario de los independentistas.

Rajoy dejó claro en su mensaje de fin de año que toda su atención está en la dirigente de Ciudadanos Inés Arrimadas, “que es quien ha ganado las elecciones”. Arrimadas ha revelado que el PPC y el Partido Socialista de Cataluña (PSC) la han abordado para dirigir un gobierno “alternativo”, y que ella tiene el apoyo de la mayor organización de empleadores de Cataluña, la Confederación de Compañías y Organizaciones de Negocios de Cataluña.

El 17 de enero, la primera batalla en el recién constituido parlamento será por asignar el cargo de presidente del parlamento y nombrar a los miembros de la Mesa, que son quienes establecen la agenda, supervisan las sesiones e interpretan las reglas de la cámara. El presidente del parlamento tiene la capacidad de decidir a quién proponer para que sea investido como presidente de la comunidad autónoma, que puede ser cualquiera de los 135 diputados electos.

JxCat está proponiendo a Puigdemont como president de la Generalitat, diciendo que su investidura podría tener lugar a distancia y que podría participar en los debates parlamentarios por videoconferencia. Ciudadanos, apoyado por el PPC y el PSC, también está intentando hacerse con el cargo de presidente del parlamento y con la Mesa para impedir la investidura de Puigdemont o Junqueras, argumentando que no pueden trabajar efectivamente en el exilio o desde la cárcel.

Si los independentistas fueran incapaces de conseguir la mayoría, los ocho diputados del partido respaldado por Podemos, Catalunya en Comú (CeC), dirigido por la alcaldesa de Barcelona Ada Colau, que dice ser neutra respecto al nacionalismo español y al catalán, tendrá que decidir qué bloque apoyar.

Según El Confidencial, “fuentes del gobierno central, Ciudadanos y el PSC están de acuerdo en que, en la puja por obtener la presidencia del parlamento, el voto de los ocho diputados de Catalunya en Comú es vital. De ello depende el futuro del gobierno catalán y en gran medida el de la política española”.

Arrimadas ha dejado claro que las reservas pasadas sobre cooperar con Podemos pueden ser dejadas de lado, declarando, “Con los Comunes [CeC] tendríamos que hablar, claramente. ... Cualquier partido que pueda contribuir a parar la locura que está teniendo lugar en Cataluña —la fuga de empresas, la fractura social, la disminución de las inversiones— obviamente será bienvenido”.

Arrimadas continuó, “¿Me están pidiendo que forme gobierno? Hombre, va a estar muy difícil. Pero conversaciones para desbloquear la situación, para poder gobernar la Generalitat, para que por lo menos se abstengan ... por supuesto que tienen [que tener lugar] ... Ahora, ¿qué harán los Comunes? Han dicho ... que votarán no a mi investidura, pero, bueno, veremos...”.

Mientras se están escribiendo estas líneas, CeC sigue guardando silencio sobre la propuesta de Arrimadas. Sin embargo, Podemos no tiene principios en su carrera hacia el poder. En Madrid recientemente aprobó un presupuesto municipal de austeridad con el apoyo de los concejales del PP.

La represión del PP contra los independentistas continúa en otras partes. En total, 19 candidatos electos están o bien en la cárcel, o bien en libertad bajo fianza, o bien en el exilio. Se enfrentan a acusaciones que conllevan hasta 30 años de cárcel. El Tribunal Supremo planea emitir órdenes contra otras 11 personas vinculadas al gobierno catalán depuesto por su papel en la organización del referéndum independentista de octubre pasado, incluyendo a Marta Rovira (dirigente interina de ERC), Josep Lluís Trapero (ex jefe de la policía regional catalana, los Mossos d’Esquadra) y Anna Gabriel y Mireia Boyá (ex diputadas de la CUP).