A pesar de sus expresiones de conmoción e indignación por los comentarios racistas de Trump durante las negociaciones sobre inmigración con la Casa Blanca la semana pasada, los demócratas siguen suplicándole por un compromiso reaccionario en cuanto a la “reforma” migratoria.

El jueves, en medio de una reunión a puertas cerradas con legisladores republicanos y demócratas, Trump despotricó contra los inmigrantes que viajan a Estados Unidos desde “países de mierda”, refiriéndose a Haití y las naciones africanas, a diferencia de países como Noruega. Los comentarios, filtrados a la prensa estadounidense, provocaron una ola de condena en todo el mundo. Al día siguiente, la Casa Blanca, claramente temerosa de que esto detonara manifestaciones de masas contra el presidente, anunció que Trump no asistiría a la apertura de la nueva embajada estadounidense en Londres el próximo mes.

Las protestas de los políticos demócratas sobre las declaraciones racistas de Trump son totalmente hipócritas, dados los esfuerzos del Partido Demócrata para colaborar con la Casa Blanca y los legisladores republicanos en la configuración de una política migratoria que militarice aún más la frontera con México, ponga fin al programa que protege a cientos de miles de inmigrantes de países pobres devastados por desastres naturales o guerras, e imponga límites a la inmigración legal, según exige Trump.

La preocupación de los demócratas y de las principales secciones de la clase gobernante en su conjunto es que la expresión tan descarada de los puntos de vista racistas de Trump está imposibilitando que el imperialismo estadounidense continúe apelando a la democracia y los derechos humanos como fachada para sus políticas de guerra y saqueo en todo el mundo.

El jefe de los senadores demócratas, Dick Durbin, quien ha estado al frente de un grupo de ellos entablando negociaciones con los republicanos para un plan bipartidista, se encontraba en la reunión de la Casa Blanca cuando Trump hizo sus comentarios racistas. No dijo nada hasta el viernes, cuando Trump negó haber hecho las declaraciones despectivas sobre haitianos y africanos.

Apareciendo en el programa de ABC News “This Week with George Stephanopoulos” el domingo, el diputado demócrata John Lewis de Georgia denunció a Trump como racista y dijo que en respuesta a los comentarios del presidente no asistiría a su discurso sobre el Estado de la Unión este mes. Sin embargo, la única medida concreta que propuso fue un voto de censura contra Trump en la Cámara de Representantes, que, de intentarse, es casi seguro que fracasará, dado que los republicanos cuentan con una cómoda mayoría en dicha cámara.

La exsecretaria de Estado Hillary Clinton, contendiente de Trump en las elecciones del 2016, utilizó Twitter para denunciar sus “opiniones ignorantes y racistas”. Por su parte, el expresidente JoeBiden también tuiteó que los comentarios de Trump “no eran lo que un presidente debería creer”.

Por supuesto, los demócratas conocen desde hace tiempo las opiniones fascistas de Trump. Eso no les ha impedido tratar de llegar a acuerdos reaccionarios en salud, impuestos, inmigración y el llamado programa de “infraestructura”. Muchos líderes demócratas, incluido el nominalmente independiente Bernie Sanders, se han alineado con las políticas económicas nacionalistas y de guerra comercial de Trump.

Trump ha hecho muchas declaraciones similares en el pasado, incluida la defensa de supremacistas blancos como “gente muy buena” tras los disturbios neonazis en agosto en Charlottesville, Carolina del Norte, que involucraron el asesinato de una manifestante antifascista. Anteriormente fue citado por decir que todos los haitianos tienen SIDA y hablar de que los nigerianos van “a sus chozas de barro”. También encabezó la campaña racista “birther” contra Barack Obama, alegando que el expresidente nació fuera de Estados Unidos y, según la Constitución, no podía servir como presidente.

Lewis indicó en su entrevista que apoyaría la aprobación de un proyecto de ley de gastos federales antes del fin de semana y evitar así un cierre federal si se llega a un trato con el presidente sobre el Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), el programa de Obama que proporciona un permiso temporal para unos 800.000 inmigrantes indocumentados traídos a EUA cuando eran niños. Trump finalizó el programa el año pasado, estableciendo el 6 de marzo como fecha en la que la terminación surtiría efecto. Los demócratas han intentado utilizar la defensa de DACA como una hoja de parra para sus propias políticas antiinmigrantes y su afán de negociar medidas antiinmigrantes con Trump.

La posición demócrata fue mejor resumida el domingo por la mañana en “Meet the Press” de NBC News por el senador de Colorado Michael Bennet, el hermano del editor de la página editorial del New York Times James Bennet, quien fingió indignación por saber que el presidente es racista y enfatizó su disposición para cortar un acuerdo de compromiso con Trump y los republicanos.

“Este es un momento difícil en el país”, dijo. “Pero una vez dicho esto, tenemos que trabajar para el beneficio de este país, su lugar en el mundo para la próxima generación de estadounidenses. Y este compromiso de inmigración es un muy buen ejemplo de eso”.

Trump ha respondido a la mezcla de sumisión y falso enojo de los demócratas doblegando sus demandas derechistas para disminuir más la inmigración. “DACA probablemente está muerto porque los demócratas en realidad no lo quieren, solo quieren hablar y quitarle el dinero que tanto necesitan nuestros militares”, tuiteó Trump el domingo por la mañana.

Esto fue seguido poco tiempo después por una reiteración más sutil de sus comentarios racistas el jueves. “Yo, como presidente, quiero que las personas que ingresen a nuestro país nos ayuden a ser fuertes y grandiosos de nuevo, personas que ingresen a través de un sistema basado en méritos. ¡No más loterías! #EUA PRIMERO”, declaró Trump.

El plan presentado a Trump el jueves, acordado entre los demócratas y republicanos como el senador Lindsay Graham de Carolina del Sur y el senador Jeff Flake de Arizona, incluye $2.500 millones para la “seguridad” fronteriza, es decir, más agentes fronterizos y policías, más drones, más cercas y muros, lo que lleva a más trabajadores muertos que intentan huir de la pobreza, las guerras por drogas y la represión, productos principalmente de las intervenciones estadounidenses en sus países.

Este acuerdo bipartidista, rechazado por Trump, le concede la mayor parte de lo que ha exigido. Se aboliría la lotería de visas prioritarias, que permite que un pequeño número de personas de naciones pobres de África, Asia y América Latina ingresen al país. Eliminaría las preferencias que reciben familiares de los beneficiarios de DACA, la llamada “migración en cadena”, así como la capacidad de todos los nuevos ciudadanos estadounidenses para llevar legalmente a parientes al país.

También cortaría el financiamiento federal para las llamadas ciudades santuario, es decir, aquellas municipalidades que se nieguen a permitir que la policía local sirva como auxiliar en los arrestos y detenciones de inmigrantes por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

El plan no restablecería el programa de Estatus de Protección Temporal para haitianos, salvadoreños y otros, pero introduciría un cierto número de permisos para las decenas de miles afectados por la finalización del programa por parte de Trump. La discusión de esta disposición aparentemente fue lo que desencadenó la diatriba racista de Trump.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 15 de enero de 2018)