El "indulto humanitario" del ex presidente Alberto Fujimori por parte del presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), que cumplía una sentencia de 25 años por crímenes de lesa humanidad, ha desencadenado una ola de manifestaciones en Perú.

Según una encuesta, el 78 por ciento de los peruanos cree que el indulto, que se produjo tan solo tres días después de que Kuczynski sobreviviera a un voto de vacancia por parte del Congreso, fue el resultado de un corrupto acuerdo político. Su opinión se ve reforzada por las revelaciones de que el 11 de diciembre, apenas cuatro días antes de que el Congreso por una gran mayoría pidiera el voto de vacancia, Fujimori presentó su pedido de indulto y el 24 de diciembre, Kuczynski lo otorgó.

Durante la última semana, se llevaron a cabo múltiples manifestaciones contra el perdón en todo el país, y hasta 40.000 se unieron a una marcha en Lima.

En las provincias, la reacción ha sido similar. Una de las marchas más importantes tuvo lugar en Ayacucho, el epicentro de la guerra sucia librada durante los años 80 y 90 contra la organización guerrillera maoísta Sendero Luminoso. Ayacuchanos, incluidos miembros de la Asociación Nacional de Familiares de Reclusos, Detenidos y Desaparecidos del Perú, marcharon portando carteles que decían: "Perú no se olvida, Fujimori nunca más", "¡Abajo el perdón! Fujimori debe regresar a prisión" y "Con impunidad no hay diálogo ni reconstrucción".

En Cusco, más de 5.000 manifestantes marcharon. Los manifestantes rociaron una efigie de PPK disfrazado de Tío Sam (el ícono del imperialismo estadounidense) con gasolina y lo incendiaron, junto con una gigantesca maqueta de la constitución peruana. La marcha fue organizada por el gremio de la construcción y la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP).

En Puno, los manifestantes gritaron: "¡Nuevas elecciones urgentes y urgentes! Urgente, urgente, nuevo presidente!"

En Moquegua, cientos de ciudadanos marcharon por las calles en rechazo al perdón del ex dictador. Pidieron la renuncia de Kuczynski y nuevas elecciones generales. Varias organizaciones de trabajadores participaron, entre ellas, la CGTP, Sutep, Suter, el Sindicato de Trabajadores de la Construcción Civil y otros.

En Tacna, alrededor de mil personas formaron un Comando Unitario de Lucha y marcharon por el centro de la ciudad. Diez organizaciones laborales y de derechos humanos apoyaron la movilización. Los manifestantes pidieron la renuncia de Kuczynski. Se burlaron del nombre que el gobierno le dio al año 2018 ("Año de la Reconciliación"), una referencia obvia al indulto ilegal.

En la ciudad amazónica de Iquitos, varios gremios, grupos estudiantiles y los llamados "apus" de diferentes comunidades nativas participaron en la "Marcha contra el golpe fujimorista".

Mientras tanto, la CGTP convocó una marcha nacional para el 21 de enero sobre la demanda de nuevas elecciones. El objetivo de la federación sindical es canalizar la creciente ira popular sobre la corrupción gubernamental, el perdón de Fujimori y el continuo crecimiento de la inequidad social en el marco de la política burguesa.

Unos 5.000 simpatizantes de Fujimori y su partido (Fuerza Popular), dirigido por su hija Keiko, realizaron una marcha para apoyar el indulto el 12 de enero en el parque Campo de Marte, en el centro de Lima. Lo etiquetaron como una "Marcha por la Paz y la Reconciliación" y marcharon por varias calles del centro de Lima. El hijo de Fujimori y el hermano de Keiko, Kenji, quien supuestamente era el principal promotor detrás del escenario del indulto, encabezó la marcha de indulto. Treinta autobuses fueron utilizados para llevar gente a la capital para la marcha a favor del indulto.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se reunirá el 2 de febrero en Costa Rica para solicitar el indulto de Fujimori, al negar la solicitud del abogado del ex presidente de comparecer en su nombre. El punto principal en discusión será si el presidente Kuczynski está cumpliendo con las sentencias sobre violaciones de derechos humanos impuestas contra Fujimori por su papel en las masacres llevadas a cabo en Barrios Altos y La Cantuta a principios de los años noventa. Se espera un pronunciamiento de la comisión una semana después de que se reúna en Costa Rica.

El indulto ha desencadenado una crisis interna dentro de Fuerza Popular (FP), el partido fujimorista que tiene una mayoría absoluta en el congreso nacional. Se sabe que Keiko, la hija de Alberto, teme ser acusada de haber recibido dinero para su campaña electoral del mega constructor brasileño Odebrecht, involucrado en el extenso escándalo de corrupción Lava Jato que ha implicado a políticos de todo el continente en sobornos multimillonarios. También teme que la liberación de su padre socavará su control casi absoluto sobre el FP.

Su hermano Kenji buscó la libertad de su padre porque él mismo tiene aspiraciones presidenciales. Su oposición a su hermana ha llevado a dos suspensiones del bloque fujimorista, una de 60 días y la segunda, todavía vigente, de 120 días. Una tercera censura llevaría a la expulsión de Kenji de su partido.

Habiendo sobrevivido a la acusación, PPK ha anunciado un nuevo gabinete bajo el liderazgo de la primera ministra Mercedes Aráoz. Mencionado por el presidente como un "gabinete de reconciliación", incluye nueve cambios ministeriales. Entre los nuevos ministros hay dos miembros del partido APRA, ambos expulsados del partido.

Los cambios ministeriales fueron necesarios debido a las dimisiones masivas de ministros y asesores presidenciales en protesta por el indulto. Otros se negaron a servir en el gabinete, una indicación de la disminución del apoyo a Kuczynski, incluso entre su propio círculo de tecnócratas y empresarios.

Por su parte, la representante de la izquierda burguesa, Veronika Mendoza, hizo declaraciones que revelaron su compromiso primordial de mantener la estabilidad nacional en el que habló de la defensa de "la patria".

La crisis de Kuczynski es parte de una crisis cada vez más profunda del gobierno burgués en el Perú que amenaza cada vez más con socavar las perspectivas político-económicas del país para 2018, creando las condiciones para un resurgimiento de la lucha de clases.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 16 de enero de 2018)