Reino Unido: las lecciones políticas del colapso de Carillion

por Julie Hyland
18 enero 2018

Los trabajos, los salarios y las pensiones de decenas de miles de trabajadores junto con los servicios públicos vitales están en peligro, tras el colapso de Carillion que está en liquidación desde el lunes.

Carillion empleó a 20.000 trabajadores en el Reino Unido y 23.000 en el extranjero. Pasó a la liquidación obligatoria con más de £2.200 millones de deudas, de las cuales un estimado de £800 millones está en pasivos por pensiones.

Un importante contratista del gobierno, participó en 450 contratos –que involucraron a escuelas, hospitales y prisiones– y proyectos de infraestructura clave, incluida la red ferroviaria de alta velocidad HS2, el mayor contrato de infraestructura en Europa.

El gobierno conservador de la primera ministra Theresa May ha dicho que garantizará los salarios de los afectados en el sector público. Esto es necesario para evitar un colapso inmediato en las áreas clave de la seguridad social, incluidas las comidas escolares y los servicios hospitalarios. Pero no garantiza el futuro de estos servicios, y mucho menos los empleos y las condiciones de quienes están directamente involucrados. Tampoco aborda el impacto en las pensiones de los trabajadores, que ahora deben ser asumidas por el ya paralizado Fondo de Protección de Pensiones administrado por el estado.

La situación para los empleados del sector privado, incluidos muchos trabajadores contratados de agencias, es aún más precaria. Carillion gastó casi £1.000 millones con proveedores locales en 2016, muchos de ellos pequeñas empresas que ahora se enfrentan a la insolvencia. El gobierno dijo que solo garantizaría los salarios de los trabajadores del sector privado durante 48 horas, hasta hoy.

Potencialmente miles de empleados pueden quedar desempleados de la noche a la mañana. El gobierno dice que espera que otras compañías se hagan cargo de los contratos de Carillion pero, incluso si esto sucede, no hay duda de que será a expensas de los salarios y las condiciones existentes de los trabajadores.

Ya hay informes de trabajadores que fueron rechazados de las obras de construcción en Midlands y Liverpool. Los contratistas, incluidos Speedy, Van Elle y Balfour Beatty, informan que perderán millones de su bolsillo, lo que provocará un desplome de los precios de sus acciones.

Se han hecho llamados para una investigación pública sobre el colapso de Carillion, especialmente dado que el gobierno continuó adjudicando los principales proyectos del sector público, incluida los £1.200 millones a la empresa conjunta HS2, a pesar de las repetidas advertencias de ganancias en los últimos seis meses.

El Departamento de Negocios solicitó una investigación "acelerada" sobre la conducta de los directores de Carillion, después de que la firma reescribió su política salarial para dificultar que los ejecutivos pierdan sus bonos en "circunstancias de fracaso corporativo". Esto significaba que el ex presidente ejecutivo Richard Howson, quien renunció en desgracia en julio pasado, continuará recibiendo un salario de £660.000 hasta octubre.

También se están haciendo demandas para que el Consejo de Informes Financieros examine las cuentas de Carillion, incluidas las acciones de sus auditores, KPMG. Sólo el año pasado, el gigante de la contabilidad, que supervisó las cuentas de Carillion desde 1999 y recibió £29,4 millones en honorarios, aprobó la viabilidad de la empresa durante al menos tres años.

La magnitud de la caída política fue indicada por la revelación de que el presidente de Carillion, Philip Green –que supervisó el colapso de la firma– había sido nombrado asesor en responsabilidad corporativa del entonces primer ministro conservador, David Cameron, bajo el anterior gobierno de coalición conservador-liberal demócrata.

Tan grande es el hedor de la corrupción corporativa que emana de estos eventos que el periódico Sun de Rupert Murdoch editorializó, "El capitalismo tiene mala reputación cuando los ejecutivos en quiebra obtienen gratificaciones injustas. Los jefes de Carillion deben ser considerados responsables".

Asimismo, el conservador Daily Telegraph advirtió que lo que los contribuyentes "enfáticamente no tolerarán" es una señal de que los integrantes de la empresa responsable de este desastre se van llenos de dinero. Ha habido demasiados casos de fracaso siendo recompensado. Es hora de que se detenga".

El líder laborista Jeremy Corbyn describió el colapso de Carillion como un momento "decisivo" y prometió que un gobierno laborista "acabará con la estafa de la Iniciativa de Financiamiento Privada" y "dirigirá nuestros servicios públicos en beneficio de muchos, no de las ganancias de pocos".

Junto con los sindicatos, Corbyn ahora pide que las operaciones de Carillion sean "nacionalizadas" y que los servicios que brinda sean tomados "internamente".

Los responsables deben ser obligados a rendir cuentas. Pero el nombramiento y la vergüenza de ciertos individuos tiene la intención de ocultar la pregunta más fundamental de cómo y por qué fueron capaces de salirse con la suya con sus acciones socialmente criminales.

Cuando los gerentes, contadores, reguladores y gobiernos están todos implicados en tales acontecimientos, no es el fracaso o la indudable corrupción de una sola entidad corporativa lo que está en cuestión sino el funcionamiento del sistema de ganancias capitalista en sí mismo.

Las prácticas en las que Carillion estuvo involucrado no son periféricas a la economía capitalista mundial, sino que están en su corazón. Desde el colapso de Enron en los Estados Unidos en 2001, y Railtrack en el Reino Unido el mismo año, hasta, más significativo, la catástrofe financiera de 2008 y el rescate de multi-billones de las instituciones financieras más importantes del mundo, se ha establecido una verdad desnuda fundamental.

Las operaciones lucrativas de la economía global no se realizan para satisfacer, ni siquiera parcialmente, las necesidades sociales. Más bien, son impulsados por la codicia de una oligarquía financiera parásita y sus patrocinadores políticos en el gobierno, y se basan en la destrucción de los trabajos, los salarios, los servicios y los derechos sociales de los que dependen miles de millones de personas que trabajan.

La Iniciativa de Financiamiento Privado/Asociaciones Público Privadas en la que Carillion estaba tan involucrada son solo una de las formas que este modo especulativo de acumulación, que domina toda la economía mundial, ha tomado en el Reino Unido.

Iniciado por primera vez por el gobierno conservador de John Major, y ampliamente expandido por el gobierno laborista de Blair, esto implicó importantes recortes en el gasto público junto con la privatización y el despojo de activos de los servicios sociales.

En 1999, la pesada empresa de materiales de construcción Tarmac fue recreada como Carillion. Además de un ingreso garantizado por el gobierno de los proyectos PFI —a tasas de rendimiento exorbitantes— firmas como Carillion pudieron endeudarse fuertemente, inflando sus tasas de ganancia que luego fueron utilizadas para justificar enormes pagos a sus directores generales, accionistas y prestamistas.

El factor principal para garantizar el "éxito" de tales empresas fue el consenso político entre todas las partes sobre el montaje de una ofensiva contra la clase trabajadora a través de la austeridad, la desregulación y la reducción de los salarios y las condiciones. En 2016, Carillion fue uno de los ocho contratistas de construcción multinacionales que admitieron en el tribunal que participaron en la inclusión en listas negras de hasta 800 miembros sindicales, que habían protestado por las condiciones de salud y seguridad.

Con gerentes, bancos y accionistas cosechando dividendos masivos, la apertura de una puerta giratoria entre las corporaciones y los gobiernos Tory (conservadores) y laboristas por igual, y un "movimiento" sindical cómplice en estas condiciones, Carillion se mantuvo como una de las principales historias de "exportacion" del Reino Unido —hasta que se reveló que carecía completamente de valor"—.

Los salarios, las condiciones y las pensiones de todos los trabajadores afectados por el colapso de Carillion deben estar garantizados. Pero hacerlo significa reconocer que lo que está en juego no es simplemente un único modelo de negocio que puede ser reemplazado por alguno de forma diferente, como la nacionalización y el modelo "interno" ahora propuesto por Corbyn.

El gobierno, al menos en parte, ya ha "nacionalizado" Carillion, de la misma manera que "nacionalizó" la industria bancaria en 2008, al pasar las deudas a los contribuyentes. Además, la privatización de los servicios públicos del Reino Unido ha sido tan extensiva que hablar de llevarlos "dentro de la empresa" no tiene sentido.

Lo que se requiere es romper el dominio de los súper ricos y sus defensores políticos sobre la sociedad, y reorganizar la economía para servir a la necesidad social, no a la codicia privada. Políticamente, no se trata de retocar inútilmente la configuración existente, sino el reconocimiento de que es irreparable y que solo una revolución social puede proporcionar un camino a seguir.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 17 de enero de 2018)