El Gobierno de Trump está preparando desplegar una red policial-estatal masiva contra los inmigrantes en California, colmando las ciudades al norte del estado con agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de todo el país a fin de encercar y arrestar a al menos 1.500 inmigrantes indocumentados.

La inminente redada masiva fue reportada por primera vez el miércoles en el San Francisco Chronicle, a partir una fuente anónima familiarizada con los planes de la operación. Tanto el ICE como el Departamento de Seguridad Nacional se rehusaron a confirmar o negar que el Gobierno estadounidense está preparando la que probablemente será la mayor redada migratoria en la historia del país.

La amenaza ha sembrado terror y pánico en las comunidades de inmigrantes en el Área de la Bahía de San Francisco al norte de California, sin duda un efecto deseado por los oficiales del ICE. Hay reportes de que los residentes están evitando ir a sus lugares de trabajo y de que están yéndose de la región para escapar las garras de los agentes migratorios.

No se ha hecho pública la fecha para esta ofensiva antiinmigrante, con el Chronicle reportando que tomará lugar “en semanas”. La fuente del diario reporta que los agentes están siendo transportados por avión desde todo el país, y que tanto las comunidades como los lugares de trabajo serán allanados.

Esta amenaza de una redada masiva viene después de los allanamientos realizados la semana pasada en casi cien tiendas 7-Eleven en diecisiete estados distintos, dando una señal de que la persecución de obreros indocumentados en sus trabajados está siendo intensificada.

La operación en California aparentemente fue organizada para coincidir con el debate en marcha en Washington sobre una resolución presupuestaria que prevenga el cierre del Gobierno el viernes. El debate ha estado asociado con el futuro de más de 700.000 “Dreamers”, o como se les llama a los jóvenes indocumentados que protege el programa de Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), el cual fue derogado por Trump. La prórroga para los beneficiarios de DACA, quienes crecieron en EUA y podrían ser deportados a países que ni siquiera conocen, está siendo utilizada como un señuelo político para legitimar un “compromiso” bipartidista en la aprobación de una ley draconiana de ataques contra millones de inmigrantes indocumentados y también límites severos para la inmigración legal.

La líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, una demócrata de California, dejó en claro el jueves que los “Dreamers” no son la prioridad del Partido Demócrata en lo que concierne el debate presupuestario, doblegándose ante las críticas derechistas en materia migratoria. “Esto no se trata de los Dreamers”, les comentó a reporteros en el Capitolio, “Incluso si no hubiese existido nunca un Dreamer, todavía tendríamos un problema con el presupuesto en cuanto a este tema”.

La selección de California para la redada es un intento de castigar directamente a las llamadas ciudades santuario que han pasado legislación que limita la cooperación de la policía local con los agentes migratorios. La hostilidad de Trump hacia estas ciudades fue todo un tema de su campaña presidencial. Después de llegar al poder, Trump buscó tomar represalias cortándoles el acceso a los fondos federales. Hasta ahora, sus intentos de venganza se han visto frustrados por las cortes federales, las cuales fallaron a favor de un desafío legal presentado por el condado de Santa Clara, California y las ciudades de California y San Francisco, las áreas que ahora son blanco de la ofensiva.

La legislación que declara a California un estado santuario fue aprobada en otoño el año pasado y surtió efecto el primero de enero. Al promulgar la medida, el gobernador demócrata del estado, Jerry Brown, enfatizó el carácter limitado de su oferta de ser un santuario. “No prevendrá ni prohibirá de ninguna manera que el Servició de Inmigración y Control de Aduanas ni el Departamento de Seguridad Nacional hagan su trabajo”.

A pesar de estas garantías, la medida incitó la furia del Gobierno de Trump y, en particular, de su director en funciones del ICE, el fascistoide Thomas Homan. El 2 de enero, el día después de que la ley estatal entrara en vigor, Homan le dijo a Fox News que el ICE “extenderá ampliamente nuestra impronta en hacer cumplir la ley en el estado de California”. Luego, agregó de forma amenazante: “California debería agarrarse con fuerza. Están a punto de ver muchos agentes especiales más, muchos oficiales de deportación más en el estado de California. Si los políticos de California no quieren proteger sus comunidades, entonces el ICE lo hará”.

En octubre del año pasado, después de que se probara la ley de estado santuario, Homan amenazó con realizar redadas masivas contra los inmigrantes en California. Al mismo tiempo, advirtió que las limitaciones impuestas en la cooperación con la policía local obligarían al ICE a emprender incursiones militarizadas de los vecindarios inmigrantes, en vez de llevarse sus presas humanas de las prisiones locales y estaciones policiales. Como parte de ese proceso, dijo, los agendes harían “arrestos colaterales” adicionales, es decir, barrer con cualquiera que esté en su camino.

En la misma entrevista, Homan pidió el arresto de los funcionarios estatales y locales que se rehúsen a colaborar con el ICE. “Tenemos que comenzar a presentar cargos criminales contra algunos de estos políticos”, sugirió.

Esta postura fue la misma del testimonio el martes ante la comisión de asuntos judiciales del Senado estadounidense por parte de la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, quien indicó que el Departamento de Justicia estaba “evaluando cuáles avenidas podrían estar disponibles” para enjuiciar a los oficiales locales que ofrezcan santuario a los inmigrantes indocumentados.

Homan retomó sus amenazas el miércoles respondiendo al voto unánime en el Ayuntamiento de Oakland, estado de California, que le instruye al departamento policial de la ciudad no asistir en las redadas del ICE, incluyendo apoyo en el control del tráfico. La medida es producto de una operación del ICE en agosto, cuando los policías locales asistieron en el control del tráfico durante el arresto de un residente local que ahora puede ser deportado. Homan acusó a los concejales de “socavar el estado de derecho” y dijo que su decisión es “inadmisible y genera riesgos para las comunidades locales y para los hombres y las mujeres valientes que llevan la placa”.

Las amenazas del Gobierno federal de tomar medidas represivas y represalias contra el mayor estado del país por medio de redadas migratorias masivas y potenciales arrestos de los funcionarios estatales y locales reflejan claramente la desintegración de las estructuras democráticas de EUA y el giro cada vez más definitivo a métodos de Estado-policial.

Asimismo, la venganza contra California y las ciudades santuario por no ofrecer la colaboración completa de sus fuerzas policiales en la caza de inmigrantes indocumentados hace un eco histórico inconfundible con los intensos conflictos generados por la Ley de esclavos fugitivos de 1850, una legislación federal que buscó obligar a los oficiales locales a servir a los dueños de esclavos sureños arrestando a aquellos que fuesen acusados de ser esclavos fugitivos.

Dicha ley, impuesta para subordinar las leyes que algunos estados promulgaron para absolver a las autoridades locales de tener que colaborar con los cazadores de esclavos, generó una inmensa oposición en el norte, resultando en rebeliones y confrontaciones armadas pro la detención de esclavos fugitivos. De esta manera, la ley galvanizó la voluntad para poner fin a la esclavitud, lo que fue luego cumplido a través de la Guerra Civil.

La solidaridad de las masas hacia los trabajadores inmigrantes que están siendo objeto de persecuciones y deportaciones tiene que ser movilizada para detener las redadas del ICE. El destino de millones de inmigrantes no puede ser dejado en manos del Partido Demócrata, el cual presidió, bajo los mandatos de Obama, números récord de deportaciones y la militarización de la frontera entre México y EUA. La clase obrera tiene que avanzar su propia solución al llamado “problema de los inmigrantes”, una alternativa basada en la política socialista de fronteras abiertas y el derecho de todo trabajador a vivir en el país de su elección, sin temor a ser hostigado o deportado.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 19 de enero de 2018)