El cierre parcial de la Administración federal estadounidense continuaba el domingo en la noche sin una posibilidad en el horizonte para ser resuelto. Se espera que gran parte de la fuerza laboral federal tenga que reportarse brevemente a sus trabajos el lunes para entregar sus celulares y computadoras oficiales y cerrar sus puestos, o no ir al trabajo del todo. Alrededor de 800.000 empleados públicos se verán suspendidos.

El cierre fue detonado por discusiones entre republicanos y demócratas sobre política migratoria, mientras que el resultado será un giro de la política oficial estadounidense todavía más hacia la derecha. El líder de la minoría en el Senado y jefe negociador demócrata, Charles Schumer, puso en evidencia este proceso con su capitulación ante Trump durante las negociaciones entre los dos el viernes pasado en la Casa Blanca. Propuso un acuerdo en el que Trump recibiría los fondos necesarios para construir su muro a lo largo de la frontera con México, a cambio de la legalización de los casi 800.000 jóvenes indocumentados que llegaron al país en la infancia y estaban protegidos bajo el programa DACA.

En efecto, Trump habrá utilizado su anulación de la orden ejecutiva que había instituido DACA para ganarse el apoyo del Partido Demócrata en la construcción del muro, su promesa insignia de campaña para su “base” política ultraderechista. Tal acuerdo fortalecería enormemente a Trump, revigorizando su Administración, la cual se encontraba en una severa crisis. Trump es consciente de la postración de los demócratas, algo demostrado por su decisión de rechazar la oferta de Schumer y exigir mayores concesiones, incluyendo una reducción agresiva de la inmigración legal.

El trato que fue propuesto muestra además de que el Partido Demócrata no quiere traerse abajo a la Administración Trump, sino instar al mandatario a ser más “razonable” y tomar a los demócratas en cuenta como socios en la imposición de su agenda derechista. Al fin y al cabo, los demócratas querían un cierre federal, uno corto al menos, como una frazada política y una excusa para hacer lo que ya han decidido que van a hacer: aprobar el muro fronterizo de Trump.

Trump tan solo está incrementando sus apelaciones a los elementos de tendencia fascista. Su reciente comercial televisivo para una reelección indica que los demócratas que se oponen a sus ataques contra los inmigrantes “serán cómplices de cada asesinato perpetrado por inmigrantes ilegales”.

En términos del impacto inmediato que tendrá el cierre del Gobierno, los militares y otros servicios uniformados federales, como la Patrulla Fronteriza, el Servicio de Inmigración y Control de Aduana, los agentes de control de pasajeros y equipaje en los aeropuertos de la TSA, todos se reportarán para trabajar, a pesar de que su paga será retenida hasta que el Congreso apruebe remunerarles estos días, como lo ha hecho tras cada cierre federal.

De acuerdo con el Gobierno de Trump —y, en esto, no hay diferencia entre el presidente republicano y la “oposición” de los legisladores demócratas—, el enorme aparato militar y de inteligencia tiene que permanecer activo, asesinando a personas en el extranjero, patrullando los campos de batalla en continentes lejanos y espiando a todo el mundo, incluyendo a la población estadounidense.

El secretario de Defensa adjunto, Patrick Shanahan, escribió en un memorándum el jueves, el ejército estadounidense “desde luego tiene que llevar adelante la guerra en Afganistán y las operaciones en marcha contra Al Qaeda y el Estado Islámico de Irak y Siria, incluyendo la preparación de las fuerzas para despliegue a estos conflictos”.

Sin embargo, las funciones de la Administración federal que conciernen la salud y el bienestar del pueblo estadounidense serán suspendidas como no esenciales. Esto incluye una suspensión del 60 por ciento del personal de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), 80 por ciento del Departamento de Educación (incluyendo los fondos suplementarios para escuelas públicas locales alrededor del país) y un impactante 95 por ciento de los empleados de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (cerrando investigaciones de desastres como el reciente descarrilamiento del tren suburbano en el estado de Washington).

La determinación de cuáles oficinas y funciones federales permanecerán abiertas como “esenciales” y cuáles serán cerradas permite dar un vistazo al carácter real de la máquina estatal capitalista, el cual corresponde completamente a la descripción hecha por Frederick Engels, el cercano colaborador de Karl Marx, del Estado como “cuerpos especiales de hombres armados”, incluyendo las prisiones y otras instalaciones para la represión interna y la agresión en el extranjero.

Los servicios sociales provistos o apoyados por el Gobierno federal fueron meramente un subproducto de las estremecedoras luchas de la clase obrera entre los años treinta y sesenta, y la burguesía estadounidense los considera cada vez más como un lujo innecesario e inasequible bajo condiciones de un prolongado declive económico del capitalismo estadounidense, relativo a sus rivales internacionales.

Siendo un acontecimiento político, el cierre federal es una demostración que la élite gobernante estadounidense en su totalidad, y no solo Trump en particular, está “incapacitada” para administrar una sociedad tan grande y compleja de 330 millones de personas. Quizás el comentario más verosímil de los legisladores estadounidenses fue el del senador republicano de Luisiana, John Kennedy, quien le dijo a la prensa el viernes, “nuestro país fue fundado por genios, pero está siendo administrado por idiotas”. Sería más preciso decir criminales, pero no se puede esperar más de un senador.

El enconado conflicto entre los dos partidos derechistas, el cual está siendo impulsado en gran parte por disputas entre facciones respecto a la política exterior y escondidas del pueblo estadounidense, atenta ahora contra los servicios públicos básicos en los que dependen decenas de millones de personas. Habrá un daño real, en la atención médica, la protección del ambiente y otras necesidades sociales, y ni hablar de los salarios que los trabajadores suspendidos están perdiendo y el impacto económico en las pequeñas compañías que dependen de contratos federales.

Las maniobras políticas cínicas de los demócratas en este comienzo de año reflejan una continuación del primer año de Trump en el poder. Han estrangulado la oposición de la clase obrera y buscado encauzarla detrás de la burguesía utilizando cuestiones de política exterior, mientras que facilitan en la práctica la promulgación de las políticas reaccionarias internas de Trump.

Sea cual fuere el resultado inmediato del impasse político en Washington, no habrá ninguna resolución progresista sin la intervención independiente de la clase obrera contra ambos partidos capitalistas. De permitirles salirse de esta crisis, estos partidos gemelos de la élite gobernante estadounidense tan solo regurgitarán más desastres sociales y ataques contra los puestos de trabajo, los niveles de visa y derechos democráticos del pueblo trabajador, al igual que un giro en sus asuntos internacionales aún más en dirección de la guerra y el militarismo.

La cuestión central que enfrenta la clase obrera es su falta de una voz política independiente. El proletariado necesita su propio partido político, que luche por empleos, niveles de vida dignos, la defensa de los derechos democráticos y en contra de las guerras imperialistas. Esto significa romper con el sistema bipartidista controlado por las corporaciones y, a su vez, construir el Partido Socialista por la Igualdad en Estados Unidos e internacionalmente como el partido socialista de las masas obreras.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 22 de enero de 2018)