Bajo el pretexto de proteger las elecciones presidenciales de octubre de las “noticias falsas”, las agencias de seguridad de Brasil buscan vastos poderes represivos que tendrán un impacto duradero en la decadente democracia del país, independientemente del resultado electoral inmediato. Con tales medidas, la burguesía brasileña se prepara para el inevitable estallido de la lucha de clases como reacción al brusco giro a la derecha de su política desde las últimas elecciones en el 2014 y el posterior derrocamiento de la presidenta Dilma Rousseff del Partido de los Trabajadores (PT) por medio de falsos cargos de manipulación del presupuesto en el 2016, favoreciendo a su vicepresidente, Michel Temer.

Al igual que en 2014, Brasil elegirá, entre octubre y noviembre, al presidente, a los gobernadores de los 26 estados y de la capital autónoma, Brasilia, así como todos los legisladores de los Parlamentos estatales, los 513 miembros de la cámara baja del Congreso Federal y dos tercios de los 81 miembros del Senado.

El favorito en las elecciones presidenciales es el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva del PT, seguido por el congresista fascista y excapitán del ejército, Jair Bolsonaro. Un fallo de un tribunal de apelaciones de Porto Alegre programado para el miércoles sobre la condena de Lula por cargos de corrupción y lavado de dinero, el primero de una serie, puede decidir finalmente el destino de su candidatura.

En anticipación a las elecciones, altos funcionarios, incluido el ministro de Defensa, Raul Jungmann, varios miembros de la Corte Suprema y los jefes de la Policía Federal (PF) y la agencia de inteligencia, la ABIN, han hecho declaraciones afirmando que la supuesta amenaza de “noticias falsas” justifica el uso de la Ley de Seguridad Nacional de 1983 que prohíbe “la diseminación de información que puede causar pánico o desorden”. Esta ley, aprobada bajo la dictadura militar, fue escrita para justificar la censura y la represión y, fundamentalmente, no dice nada sobre lo que hace que la información supuestamente amenazante sea “falsa”.

El Tribunal Supremo Electoral de Brasil (TSE) encabeza los planes actuales de censura. Su presidente saliente, el juez de la Corte Suprema Gilmar Mendes, designó a fines de diciembre una Comisión Consultora integrada por miembros del TSE y representantes de los ministerios de Defensa y Ciencia, la Policía Federal, la ABIN, la consultora Safernet y la Fundación Getúlio Vargas (FGV), un centro de pensamiento y principal escuela de gobierno y negocios de Brasil.

Desde el comienzo, Mendes colocó firmemente la histeria de las “noticias falsas” bajo un marco de “seguridad nacional”, diciendo a la emisora pública EBC el 15 de diciembre que “nuestras leyes solo son válidas en Brasil, pero tendremos que actuar contra sitios web alojados en el extranjero”. Con estas preocupaciones en mente, Mendes en octubre convocó a Google y Facebook a Brasil para garantizar que harían público el financiamiento de anuncios políticos y cumplirían con las órdenes de los jueces brasileños de eliminar contenidos.

Mencionaron preocupaciones sobre seguridad nacional como justificación para que el ministro Jungmann declarara en octubre que el Comando de Comunicaciones y Guerra Electrónica del Ejército (CCOMGEX, por sus siglas en portugués) podrá estar involucrado en las operaciones. Además, es muy significativo que, en su entrevista con EBC, el juez Mendes declarara que una de las principales preocupaciones durante las elecciones serían los intentos del crimen organizado para elegir funcionarios, lo que colocaría a las elecciones como una arena más en la “guerra contra las drogas”, un pretexto ideológico crítico para la integración de los ejércitos latinoamericanos a los objetivos regionales del imperialismo estadounidense.

El objetivo declarado de la Comisión Consultora es investigar las acciones de otros Gobiernos contra las “noticias falsas”, especialmente los de Estados Unidos, Francia y Alemania. Todos estos países están participando en la expansión de las intervenciones imperialistas por todo el mundo y de la guerra de clases en los respectivos países. Para ello, tratan las “noticias falsas” y la “interferencia rusa” como asuntos de seguridad nacional y una justificación para utilizar una censura y un espionaje orwellianos.

Según el sitio web Poder360, la segunda reunión de la Comisión, el 15 de enero, Safernet señaló que no se dispondría de ningún modelo fuera de Brasil, ya que aún no se había aprobado ninguna ley específica en ningún otro país contra las “noticias falsas”. El jefe de la División de Crimen Organizado de la Policía Federal (DICOR), Eugênio Ricas, declaró una semana antes que, si el Congreso no aprobaba una nueva ley antes de las elecciones, se aplicaría la Ley de Seguridad Nacional de 1983.

Si bien aún no se han presentado nuevas leyes o medidas específicas para censurar el Internet, la actitud del aparato represivo de Brasil deja en claro que esto será casi innecesario, readoptando la Ley de Seguridad Nacional de la época de la dictadura como un recurso legítimo. Además, el Estado brasileño ya ha recurrido al amplio aparato de censura creado desde abril del 2017 por Google, Facebook y Twitter para garantizar que se mantenga la información “peligrosa” oculta del público. La reunión de la Comisión Consultora del 15 de enero también decidió que serían invitados representantes de Google y Facebook a todas sus siguientes reuniones bimestrales.

Al mismo tiempo, ya se están revelando esfuerzos para revocar la neutralidad de la red consagrada en la ley de Brasil. Un día después del anuncio de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos sobre el fin de la neutralidad de la red en EUA, Eduardo Levy, director de Sinditelebrasil, la federación de compañías nacionales de telecomunicaciones, declaró a Globo.com que la llamada “Constitución del Internet” de Brasil aprobada en el 2014, garantizando la neutralidad de la red, obligó a las empresas a “duplicar esfuerzos” para asegurarse de que los diferentes tipos de datos viajen sin prioridad, y que “el concepto de neutralidad de red debe ser repensado para 5G y el ‘Internet de las cosas’”.

João Moreira, presidente del grupo de cabilderos compuesto por algunos de los proveedores de Internet más grandes de Brasil, también declaró a Globo.com el mismo día que la ley del 2014 era “obsoleta”. Por su parte el secretario de Telecomunicaciones del Ministerio de Ciencia agregó al mismo informe que la neutralidad de la red garantizada por la ley del 2014 no toma en cuenta las “necesidades técnicas” de las empresas, una declaración que el periodista Helton Simões Gomes reconoció como eco de la justificación dada por el presidente de la FCC, Ajit Pai, para revocar la neutralidad de la red en los Estados Unidos.

El núcleo de estos pasos derechistas para censurar el Internet consiste en las afirmaciones sin fundamento y repetidamente desacreditadas de que las “noticias falsas” y especialmente la “influencia rusa” definieron el resultado de las elecciones estadounidenses del 2016, las elecciones francesas del 2017 y el voto de la salida británica de la Unión Europea o b rexit. Estas afirmaciones están siendo hechas por las agencias de seguridad y no están siendo cuestionadas en los medios brasileños, desde la derecha hasta la “izquierda” nominal, todos de los cuales han actuado desde el 2016 como extensiones virtuales del New York Times y el Washington Post en los engaños de “noticias falsas” e “interferencia rusa”, ganándose así la confianza del aparato de seguridad.

Un informe de Folha de S. Paulo del 15 de enero cita al jefe de la División de Delitos Cibernéticos de la Policía Estatal de Paraná diciéndoles a los lectores: “No compartan noticias falsas. Es muy fácil identificar las noticias falsas: busquen en Google y verifiquen si los grandes periódicos lo han informado”, y agregó más tarde, en un siniestro llamado a la máxima autocensura posible: “no lo comparta, porque los políticos que se sientan ofendidos tienen todo el derecho de hacer una solicitud oficial para ir detrás de estas personas”. El mismo informe deja en claro el objetivo real de la histeria de las “noticias falsas”, mencionando a un profesor de la FGV que afirma haber encontrado que “el 20 por ciento del tráfico de las redes sociales entre aquellos a favor de una huelga general en abril del año pasado fue producida por robots”.

Por su parte, el medio vocero del Partido de los Trabajadores, CartaCapital da por sentada la influencia de las “noticias falsas” sobre los últimos acontecimientos políticos importantes. Presentó su propia entrevista con el jefe de DICOR, Eugênio Ricas, el 17 de enero afirmando que “con la difusión cada vez mayor de las noticias falsas en las redes sociales, los períodos electorales se han convertido en momentos que favorecen la manipulación de la opinión pública. El ejemplo estadounidense y el francés, en las elecciones del 2016 y el 2017 ganadas por Donald Trump y Emmanuel Macron, muestran el potencial de las llamadas noticias falsas”.

Por último, cabe destacar el aumento en el número de sitios web pequeños orientados a la verificación de hechos, como Nexo, Agência Pública y Lupa, un fenómeno relativamente nuevo en la política brasileña inspirado principalmente en el liberalismo estadounidense y la minoría privilegiada y pequeñoburguesa que orbita el New York Times. Asimismo, los llamados programas de televisión “noticiosos satíricos”, han caído cada vez más presa del engaño de las “noticias falsas” y la “interferencia rusa”.

La orientación política de estas iniciativas se reflejó en los informes realizados por Agência Pública en el “3i Journalism Festival” celebrado en Río de Janeiro a principios de noviembre, que brindó una plataforma para Facebook y Google para expresar sus preocupaciones sobre garantizar el “contenido de autoridad” y promover la colaboración de los sitios de verificación de hechos para marcar como “no deseado” el contenido de supuesta baja calidad. Con esto se refieren principalmente a puntos de vista opuestos, especialmente con respecto a los crímenes de guerra del imperialismo “democrático” de Estados Unidos, que se mantienen excluidos del debate público en las fuentes “de autoridad”, como el New York Times y el Washington Post.

En un momento revelador del festival, un periodista guatemalteco le preguntó a Cláudia Gurfinkel, la “líder de la asociación de medios” de Facebook para América Latina, porqué es que las noticias estaban siendo bloqueadas para los usuarios de su país, lo que les quitó el alcance a algunos sitios web en un 70 por ciento. Ella respondió que “esto no sucedería en otros países”. Sin embargo, el 11 de enero, se reveló que esto fue una completa mentira, ya que Facebook anunció precisamente lo contrario, que extendería el “experimento guatemalteco” en todo el mundo.

Es irrelevante si Gurfinkel mentía o desinformaba conscientemente: todo el marco del festival fue diseñado para promocionar a Facebook y Google como campeones de la democracia, incluso cuando colaboran íntimamente con cada Gobierno importante para imponer la censura y la inclusión en listas negras de sitios web socialistas y antiguerra, siendo el principal de ellos el World Socialist Web Site.

(Artículo publicado originalmente el 24 de enero de 2018)