Syriza monta un ataque salvaje a los niveles de vida y a los derechos democráticos en Grecia

por John Vassilopoulos
31 enero 2018

El jueves marcó tres años desde el día en que Syriza, dirigido por Alexis Tsipras, fue llevado al poder en una papeleta anti-austeridad.

Por agosto del 2015, tras apenas ocho meses en el poder, Tsipras y su gobierno repudiaron su mandato y capitularon ante la Unión Europea (UE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) acordando un nuevo paquete de austeridad. Esto fue solo unas pocas semanas después de que los trabajadores y los jóvenes griegos votaran decisivamente contra la austeridad en el referéndum convocado por el gobierno dirigido por Syriza.

Desde entonces, Syriza y sus socios de gobierno derechistas y nacionalistas, los Griegos Independientes, han presidido la implementación de ataques brutales sucesivos a los niveles de vida de una ya empobrecida clase trabajadora griega. Las jubilaciones y las prestaciones han sido recortados y los impuestos subidos, mientras que cada pocos meses más compañías de propiedad estatal se iban poniendo a la venta.

Las medidas contenidas en el proyecto de ley múltiple aprobado el 15 de enero por el parlamento griego están entre las más salvajes impuestas hasta ahora —lo que encaja con un gobierno de derechas cuyas credenciales de “izquierda radical” están reducidas a jirones.

El proyecto de ley fue aprobado justo a tiempo para la evaluación de esta semana por parte de la UE y las instituciones financieras de la adhesión de Grecia al programa de austeridad previamente acordado. El cumplimiento total por parte de Syriza de sus dictados —con alrededor de 100 de un total de 113 medidas de austeridad que requieren adopción llevadas a cabo— aseguró la entrega de otro tramo de €6,7 mil millones a ser pagada a Grecia a lo largo de los siguientes cuatro meses. O, mejor dicho, a ser prestados a Grecia para que devuelva el dinero a sus acreedores, las potencias europeas.

Entre las medidas promulgadas hay limitaciones históricas al derecho a la huelga. El umbral de votos para que una huelga sea legal será elevado de un tercio a al menos el 50 por ciento de todos los miembros cotizantes del sindicato, no simplemente los que participan de la votación.

El proyecto de ley recorta drásticamente el nivel de las prestaciones infantiles, con casi 70.000 familias sufriendo recortes masivos. Aproximadamente 15.000 familias, principalmente las que tienen tres hijos, con unos ingresos de más de €33.000, se verán por completo privadas de sus prestaciones infantiles anuales. Otras 54.550 familias con ingresos de más de €13.500 que tienen tres o más hijos —una nimiedad para una familia así— sufrirá recortes en las prestaciones de entre el 1,66 por ciento y el 32,12 por ciento.

Otra medida es el establecimiento de un portal electrónico de ejecuciones hipotecarias el mes que viene que habilitará a los bancos a descargar fácilmente las propiedades de ciudadanos que están atrasados en sus hipotecas. Eso es para facilitar una ejecución más suave del proceso, dado que en los últimos meses las ejecuciones hipotecarias que tienen lugar en el tribunal del distrito se han topado con la feroz resistencia de los manifestantes, que fueron atacados por la policía antidisturbios. Esta medida marca un repudio explícito de una de las consignas anti-austeridad clave de Syriza antes de llegar al poder —“Ninguna casa en manos de los banqueros”—.

Desde mayo, las ejecuciones hipotecarias electrónicas también entrarán en vigencia para decidir sobre las deudas de miembros del público al Estado, empezando por solo €500. Se les dará a los ciudadanos solo dos semanas para resolver sus deudas, de otra manera su propiedad será subastada.

El proyecto de ley señala otros 14 Servicios Públicos y Utilidades (DEKOs), que emplean a aproximadamente 40.000 trabajadores, para la privatización. Entre ellos está el Servicio Postal; el Sistema de Tráfico Masivo de Atenas; más de la mitad de las Compañías de Abastecimiento de Agua de Atenas y de Salónica; el 34 por ciento de la Corporación Eléctrica Pública y el 25 por ciento del aeropuerto de Atenas, el Mercado Central de Atenas y Organizaciones Pesqueras y el 25 por ciento del Mercado Central de Salónica. También se están vendiendo la Feria Internacional Salónica-HELEXPO, los Trabajos Sal Helénicos, Zonas Industriales Etva, Canal Corinto y el Centro Olímpico Atenas.

En el contexto de la privatización, el proyecto de ley establece un Intercambio de Energía, que permitirá “la reorganización del mercado energético griego en conformidad con la legislación [europea] para establecer un mercado eléctrico europeo unificado”. Esto permite la financiación del mercado energético, que estimulará la especulación a expensas de los hogares obreros.

El proyecto de ley contiene un ataque a la educación, con “criterios específicos, procedimientos y horarios” establecidos “para las fusiones de escuelas primarias y secundarias, a fin de racionalizar las unidades escolares”.

Estos ataques ya los había hecho el gobierno anterior del partido social demócrata PASOK. Los docentes tendrán también que aumentar sus horas de trabajo y estar en las instalaciones de la escuela durante 30 horas cada semana.

El proyecto de ley establece un comité encargado de hacer ajustes al marco legal actual en relación con las profesiones “peligrosas e insalubres”. Bajo la ley griega, los trabajadores en esas ocupaciones históricamente han gozado de ciertos privilegios, tales como recargas salariales adicionales, y tener la posibilidad de jubilarse antes de tiempo. El comité redefinirá los criterios de riesgos relacionados con la salud, el nivel y las diferentes categorías de recargas de paquetes salariales, así como las ocupaciones, lugares de trabajo y rubros industriales idóneos para mayo de este año.

El proyecto de ley múltiple impone más desregulación a las farmacias estipulando un mínimo de 40 horas por semana que una farmacia puede permanecer abierta —de las 8 de la mañana a las 9 de la tarde durante el día y de las 9 de la tarde/noche a las 8 de la mañana durante la noche—.

Una extensión de las horas de trabajo ya se había impuesto por la legislación anterior, así como el permitir a otras tiendas, tales como supermercados, ofrecer servicios farmacéuticos. Imponer un mínimo a las horas que una farmacia puede estar abierta hará que se vuelva imposible que las pequeñas farmacias de barrio sigan el ritmo de las grandes farmacias. Las farmacias locales cerrarán, lo que repercutirá en pacientes enfermos y vulnerables incapaces de desplazarse a la distancia necesaria para conseguir sus medicamentos.

Syriza hace propuestas explícitas a una de las capas más parasitarias de la burguesía introduciendo un nuevo marco de trabajo a las licencias de casinos, que entrará en vigor a principios de 2020. Esto incluye bajar los impuestos a entre el 8 por ciento y el 20 por ciento del presente rango del 22 por ciento al 35 por ciento.

El cobro estatutario de la entrada, en vigor para desalentar al juego, ha sido abandonado. El cometido de las nuevas licencias es incrementar el número de casinos de nueve a 13 —incluyendo uno localizado donde antes estaba el aeropuerto de Atenas en Hellenikon a cargo de Lamda Development, propiedad del magnate del transporte de mercancías Spiros Latsis—.

El programa de austeridad de Grecia vence oficialmente en agosto, y Tsipras se jacta de que “nadie puede parar la salida prescrita de los memorandos”. En realidad, aunque se cumpla el presente programa, continuará la supervisión de las finanzas del país y una deuda soberana inviable de €323 mil millones —un abrumador 180 por ciento del PBI— por parte de la UE y los bancos.

En el diario griego Kathimerini, el jefe saliente del Grupo de Trabajo del Eurogrupo Thomas Wieser se refirió al régimen de “supervisión mejorada” bajo el cual Irlanda, Portugal, Chipre y España seguirán estando hasta que paguen totalmente sus deudas. En el caso de Grecia, esto no es probable que suceda hasta 2060, si es que alguna vez sucede. Según Wieser, la “supervisión mejorada” debe tener en cuenta una situación económica y financiera que empeora: “Si los riesgos son predominantemente en el sector financiero o fiscal, tienes una monitorización más frecuente e intensiva por parte de las instituciones con una discusión más estructurada y extensiva”.

Extender el régimen de la supervisión es fuertemente defendido por la élite gobernante griega, y una encuesta reciente revelaba que el 64 por ciento de los directores ejecutivos griegos defienden más supervisión para después de agosto.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 26 de enero de 2018)

 

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