En una medida sin precedentes, el Tribunal Constitucional de España se ha asignado a sí mismo la potestad de decidir quién puede y quién no puede ser elegido presidente de Cataluña.

Es la más reciente medida anti-democrática con objeto de impedir la formación de un gobierno secesionista en Cataluña siguiendo la estrecha victoria de los nacionalistas catalanes en las elecciones regionales de diciembre.

La semana pasada, el gobierno del Partido Popular (PP) solicitó al tribunal que suspendiera la candidatura del presidente regional depuesto Carles Puigdemont, dirigente de Junts per Catalunya (JxCat), antes del debate sobre su nombramiento en el Parlamento Catalán mañana.

Puigdemont huyó a Bruselas en octubre pasado después de declarar la independencia de Cataluña. Como respuesta, el gobierno del PP invocó el Artículo 155 de la Constitución, disolviendo el gobierno catalán e imponiendo elecciones anticipadas. Temiendo las acusaciones de sedición y de rebelión que llevaron al encarcelamiento de tres diputados, incluyendo al vicepresidente Oriol Junqueras (Esquerra Republicana de Catalunya, ERC), Puigdemont ha permanecido en un exilio autoimpuesto en Bélgica.

Las últimas medidas tomadas por el gobierno del PP fueron defendidas fervientemente por El País, órgano favorable al Partido Socialista (PSOE), en tres editoriales, uno de los cuales decía, “El gobierno español, en nombre de la democracia y de la Constitución, y en representación del pueblo, debe agotar todos los medios políticos y legales a su alcance para evitar una nueva investidura que vería las instituciones autonómicas de la comunidad enfrentarse a un nuevo conflicto con el Estado”.

Al final, el Tribunal Constitucional se negó a aceptar el ataque preventivo del gobierno a la candidatura de Puigdemont. Pero dictaminó que no pudiera ser investido por videoconferencia desde Bruselas, ni votar por apoderado como propusieron jerarcas de JxCat, y tiene que encontrarse físicamente presente en la sesión de mañana de la jura del cargo. El tribunal declaró que había llegado a la decisión unánimemente “para suspender preventivamente la investidura del Sr. Puigdemont a no ser que aparezca en el parlamento en persona con una autorización judicial previa”, es decir, solicitar al Tribunal Supremo un permiso para que asista al debate sin la amenaza de ser arrestado.

El Tribunal Constitucional también advirtió al nuevo presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, que había propuesto a Puigdemont como el candidato a presidente, que obedeciera su decisión y evitara cualquier medida que la violara.

La decisión también significa que, si Puigdemont no asiste a la sesión de juramento del cargo en persona, su elección será anulada. Las únicas opciones que le quedan son o bien renunciar a su candidatura o intentar volver a España y ponerse a merced del Tribunal Supremo.

Sin embargo, el ministro del Interior Juan Ignacio Zoido dejó claro la semana pasada que, “Vamos a asegurarnos de que no entre —ni siquiera en el maletero de un coche—”. El ministerio del Interior ordenó a la policía y a los oficiales de la militarizada Guardia Civil que refuercen la seguridad en los puntos de frontera, y tres furgonetas policiales se han estacionado fuera del parlamento regional. Zoido también dijo que las fuerzas de seguridad de España están manteniendo a actualizados a los fiscales con información y están siguiendo de cerca los movimientos de Puigdemont.

La decisión del Tribunal Constitucional ha arreglado la ruptura abierta que se había desarrollado entre la clase dirigente española después de que el presidente del Gobierno Mariano Rajoy ignorara el consejo prudente del Consejo de Estado, el más alto órgano consultivo de España, compuesto de ministros actuales y anteriores, presidentes y altos funcionarios —incluyendo al Jefe de las Fuerzas Armadas, el Gobernador del Banco de España y el Fiscal General—.

El Consejo encontró que no había motivos legales que justificaran el ataque preventivo, y añadía que Puigdemont había sido correctamente elegido como miembro del parlamento catalán y que los cargos contra él no eran impedimento para que fuera candidato a presidente regional. Dictaminó, “no hay lugar para resoluciones preventivas que se refieran a aplicaciones de preceptos legales posibles pero todavía no ocurridos”. Esto era en referencia a las numerosas ocasiones en las que el Tribunal Constitucional ha rechazado apelaciones a parar debates sobre ciertos temas o impedir leyes todavía no promulgadas. Ellas incluían el intento del PP de frenar las discusiones en el parlamento vasco sobre el plan Ibarretxe en 2006, que proponía una asociación libre del País Vasco con España en pie de igualdad y se refería al derecho a la autodeterminación.

La opinión del Consejo, que no era vinculante, fue seguida por ataques por parte de facciones de los medios contra la decisión del gobierno de ignorar al Consejo y seguir adelante con el recurso ante el Tribunal.

El Diario proclamó, “La determinación de Rajoy de impedir la investidura de Puigdemont está llevando a la Constitución a sus límites”. Citaba una fuente del Tribunal Constitucional que decía que el tribunal estaba entrando en “territorio no explorado”.

Un editorial de El Español advertía, “Queda por ver qué pasa ahora en el Tribunal Constitucional. Si deniega el recurso, será una bofetada tremenda al Ejecutivo. Pero, aunque fuera admitida, es muy probable que proceda al precio de dividir al Tribunal, que hasta ahora venía siendo unánime en sus fallos” contra los secesionistas.

El Mundo dijo que la urgencia de Rajoy “por evitar que se monte una posible investidura por videoconferencia de un ex presidente del gobierno catalán se entiende, pero cuando el Estado de derecho quiere imponer su superioridad moral e institucional sobre los golpistas, la ley tiene que ser escrupulosamente respetada, tanto en el contenido como en la forma”.

El País se vio obligado a conceder que “fuentes familiarizadas con la estrategia del gobierno español admiten que será difícil encontrar argumentos legales suficientes para presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional para detener la sesión de investidura, a menos que el organismo gobernante del parlamento catalán, la Mesa, anuncie abiertamente y con tiempo que tiene pensado dejar que Puigdemont sea elegido a distancia por la mayoría separatistas de la cámara”.

De hecho, la cautela mostrada hacia la medida de Rajoy por parte del Consejo de Estado y los medios basados en Madrid, que son famosos por su hostilidad feroz al nacionalismo catalán, no tiene nada que ver con la defensa de los derechos democráticos. Más bien, sus críticas a los recursos preventivos pseudolegales de Rajoy se basaban en el temor de que el hecho de que el gobierno esté retorciendo la Constitución podría dividir al Tribunal Constitucional, que viene siendo uno de los principales pilares del Estado contra el secesionismo catalán.

La pelota está ahora en el tejado de los nacionalistas catalanes. Tienen hasta el 31 de enero para investir un presidente de la Comunidad Autónoma; de lo contrario, el estatuto catalán estipula que se tienen que convocar nuevas elecciones.

Puigdemont reaccionó intentando presentar el fallo como una especie de victoria, declarando en Twitter que, “Hasta el TC [el Tribunal Constitucional] ha rechazado el abuso de las leyes que pretendía la Moncloa”. El diputado de JxCat Josep Rull anunció el domingo por la mañana que Puigdemont requeriría una autorización judicial del Tribunal Supremo para asistir a la sesión plenaria del martes, ateniéndose de este modo al fallo del Tribunal Constitucional.

Un portavoz de JxCat también dijo el domingo, “Si [el juez del Tribunal Constitucional Pablo] Llarena lo permite, y pensamos que actuará libremente, Puigdemont vendrá y explicará su plan de gobierno”.

En el campo secesionista, están surgiendo divisiones sobre qué hacer después si Puigdemont no puede ser elegido. ERC, el aliado de JxCat en el parlamento, ahora ha abierto las puertas a un candidato alternativo a Puigdemont, temiendo que si tienen lugar nuevas elecciones ello podría llevar a que los secesionistas perdieran su victoria apretada de diciembre pasado.

En una entrevista a La Vanguardia, un portavoz de ERC en el parlamento español reveló que “Si es necesario, tendremos que sacrificar a Puigdemont”.

(Artículo publiado originalmente en inglés el 29 de enero de 2018)