El miércoles 24 de enero, Ricardo Rosselló, el gobernador de Puerto Rico, presentó un presupuesto fiscal para el 2018 que proyecta destripar la educación pública recortando $304 millones de dólares. Estos recortes requerirán el cierre de trescientas escuelas, de las 1.100 que funcionan en la isla, afectando a 27.500 estudiantes y 7.300 maestros en 2022.

El ataque de Rosselló contra la educación y otras previsiones sociales ocurre a cuatro meses del azote del huracán María. Los estudiantes de todos los grados escolares han perdido al menos un semestre de educación. Un tercio de los habitantes de la isla lidian con la falta de luz y agua —incluyendo un tercio de las escuelas públicas que funcionan a medio tiempo— como resultado de la ineptitud y el desinterés de los gobiernos de la isla y de Estados Unidos.

Además de la destrucción de recintos escolares y la pérdida de días de escuela, los estudiantes han quedado sin gran parte de sus pertenencias, ropa, trabajo escolar, libros y cuadernos. Ocurre un gran éxodo de maestros, agravando la escasez de profesores. Cerca de San Juan, la ciudad capital en la escuela secundaria Río Grande hay clases de noventa alumnos con sólo un maestro.

Además de los cierres, las escuelas funcionan sin programas adicionales, como educación física, y con horarios reducidos. En muchos casos, los mismos maestros, de su dinero compran alimentos y útiles, limpian escombros y reparan muros y techos, todo por el bien de las escuelas.

La devastación de la educación va mucho más allá del daño físico y la ausencia de recursos. Se ha agravado la enorme pobreza que existía en la isla antes de María, causando más presiones sobre estudiantes, maestros y padres. Antes de María, el ochenta por ciento de los estudiantes boricuas pertenecían a hogares con ingresos debajo de la línea de pobreza.

Unos 350 mil niños estudian en las escuelas públicas; casi todos ellos reciben subsidios alimenticios. Muchas de sus familias han perdido su empleo, sus hogares, y seres queridos. Es inimaginable el efecto de esas condiciones sobre los estudiantes y su capacidad de aprender.

En vez de proveer el dinero que se necesita para arreglar las escuelas, ayudar a los estudiantes, pagar buenos sueldos para los maestros que quedan, entrenar y contratar más, los gobiernos locales y de Estados Unidos se aprovechan de la crisis para actualizar proyectos de privatizar la educación en la isla. El gobernador Rosselló se refiere a la destrucción que causó la tormenta en su campaña para avanzar su presupuesto de ajuste, una de cuyas justificaciones es el éxodo de la población a los Estados Unidos (la prognosis del gobierno es una pérdida demográfica del 7,7 por ciento este año).

En verdad lo que propone no tiene nada que ver con la emigración. Se trata de una maniobra política de parte de una clase de poder en guerra desde hace tiempo contra el proletariado puertorriqueño entorno al derecho a educación pública.

La crisis de las escuelas públicas que el huracán María detonó es la sima de más de diez años de depresión económica en esta colonia. Entre el 2008 y el 2012, las escuelas boricuas perdieron cuarenta y cinco mil estudiantes y cinco mil maestros. La tasa de estudiantes que abandonan sus estudios aumentó tremendamente. El sesenta por ciento de los estudiantes de segundo año de secundaria no obtienen su diploma. Entre el 2010 y el 2015, el gobierno cerró cien escuelas públicas.

El asalto a la educación pública no se circunscribe a las escuelas primarias y secundarias. En abril y mayo, seis meses antes de María, los estudiantes de 8 universidades públicas —hay once el sistema— se declararon en huelga contra el recorte presupuestario de 500 millones de dólares —la mitad del presupuesto del sistema. La Junta de Supervisión y Administración Financiera así lo exigía. Los estudiantes en huelga exigían posponer el pago de la deuda de 74 mil millones de dólares.

Dos meses más tarde, Rosselló anuncia el cierre de 179 escuelas más. De no haber intervenido el huracán María, forzando el aplazamiento del plan, ese cierre habría afectado a veintisiete mil estudiantes y tres mil docentes.

Después de azotar María la isla el 20 de septiembre 2017, el gobierno de la isla ha cerrado 222 escuelas, alegando que están demasiado destruidas.

Intentando dividir a los maestros y de dañar más a los estudiantes, el gobierno ahora ofrece en el nuevo presupuesto un miserable aumento a los maestros que no sean despedidos: un aumento anual de mil quinientos dólares ($125 mensual), del ahorro que generen los cierres de escuelas. Los maestros de primaria ganan $36.750 anuales en Puerto Rico. El salario básico es de $19.230, de hambre.

A pesar de que los maestros valientemente han abierto el camino, encarando a Rosselló y a la Secretaria de Educación Julia Kehler (partidaria de la privatización del sistema escolar), lo opuesto vale para los líderes sindicales. Ni Aida Díaz, de la Asociación de Maestros, ni ningún otro líder sindical proyecta organizar y movilizar a los trabajadores en defensa de las escuelas, maestros y alumnos puertorriqueños.

La única reacción de Díaz es decir que las medidas eran inaceptables y alarmantes.

El presupuesto fiscal de Rosselló requiere una respuesta mucho más fuerte. Se trata de un ataque frontal contra la clase trabajadora puertorriqueña; afectará gravemente las vidas y futuros de cientos de miles de estudiantes, maestros y familias, a menos que sea vencido.

El caso de la clase obrera de Nueva Orleans alumbra la manera como esos desastres naturales son utilizados por la clase de poder. Dos años después de la tragedia del Huracán Katrina (agosto 2005), el gobierno estadounidense del presidente Bush y los políticos estatales y municipales habían transformado las escuelas de la ciudad en escuelas particulares subvencionadas (charter schools) a cargo de empresas particulares —con o sin intención de lucro. El setenta por ciento de las escuelas de esa ciudad ahora son particulares subvencionadas.

Todo lo que propone el proyecto fiscal de Rosselló es tentativo. La dictadura financiera de la Junta de Administración y Supervisión Financiera le tiene que dar su visto bueno, la misma junta que fue establecida en los días del presidente Barack Obama para controlar el presupuesto y los gastos de Puerto Rico. Esa junto representa y defiende los intereses buitres de Wall Street. La Junta de Supervisión, desde el momento que se estableció, ha sido un actor principal en la avalancha contra la educación; no cabe duda que apoyará estos pasos iniciales para desarmar el sistema de educación pública en Puerto Rico.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 31 de enero de 2018)

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