Reporte pos-Grenfell confirma infracciones corporativas sistémicas de normas de sanidad y seguridad

por Trevor Johnson
7 febrero 2018

Me han sorprendido algunas de las prácticas de las que he oído hablar....

Lo que se diseñó inicialmente no es lo que se está construyendo, y la garantía de calidad de los materiales y las personas es muy deficiente.

Ha quedado claro que todo el sistema regulatorio , el cual abarca lo que está escrito y la forma en que se lleva a cabo en la práctica, no es adecuado para el propósito, dejando espacio para que los que quieran tomar atajos lo hagan.

La mentalidad de hacer las cosas lo más baratas posible... debe detenerse.

Las citas anteriores son de la “Revisión independiente de las normas de construcción y seguridad contra incendios” de Dame Judith Hackitt. Constituyen una condena devastadora de la “hoguera de regulaciones” que en las últimas décadas ha dejado a las grandes empresas de Reino Unido libres hacer lo que quieran para reducir costos y aumentar sus ganancias.

El informe fue encargado por el Gobierno conservador después del incendio de la torre Grenfell de junio pasado, para ser emitido junto con la investigación oficial encabezada por s ir Martin Moore-Bick. Mientras que la investigación de Moore-Bick procura encubrir y evitar manifiestamente cualquier evaluación de los asuntos de “naturaleza social, económica y política”, la investigación de Hackitt tiene como objetivo tratar asuntos que no cubre Moore-Bick en cuanto a las regulaciones y la seguridad antiincendios.

Si bien, Hackitt se vio obligada a detallar cómo es que las normas de construcción de Reino Unido están totalmente diseñadas para satisfacer los intereses de las grandes empresas, solo defiende modificaciones menores en las regulaciones, las cuales son ignoradas con impunidad. Esto a pesar del hecho de que miles todavía viven en edificios cubiertos con materiales inflamables similares a los utilizados en el revestimiento de la torre Grenfell y que condujeron a un pequeño incendio en la cocina convirtiéndose en un infierno que cobró la vida de al menos 71 personas.

Se buscarían en vano llamamientos para alguna medida concreta que cambie decisivamente las normas para poner la seguridad primero, en lugar del lucro.

Después de criticar el incumplimiento de las normas básicas de salud y seguridad por parte de las empresas, Hackitt, una antigua ingeniera y expresidenta de la Autoridad de Sanidad y Seguridad (HSE, por sus siglas en inglés), afirma: “Estoy convencida de la necesidad de un nuevo sistema inteligente de regulación y aplicación para los edificios de gran altura y complejos que anime a todos a hacer lo correcto y haga rendir cuentas a los que intenten tomar atajos”.

Sin embargo, luego concluye que lo que se requiere para esto es un “cambio cultural y de comportamiento” en todo el sector de la construcción. No hay una explicación de cómo se produjo tal situación que afecta la vida de millones de personas. Durante casi 40 años, los sucesivos Gobiernos laboristas y conservadores han desmantelado las reglamentaciones de vivienda y planificación para reducir la “carga” de costos para las empresas.

Un pasaje muestra hasta qué punto los desarrolladores de grandes proyectos pueden huir ilesos tras cometer asesinatos. La Sección 35 de la Ley de construcción (1984) trata sobre la “Pena por infringir las normas de construcción”. Hackitt escribe: “Sin embargo, la actividad formal de aplicación y sanciones es muy limitada, socavando las consecuencias asociadas con el incumplimiento. El nivel de disuasión financiera generalmente aplicado por la sección 35 no es probablemente un impedimento para los desarrolladores grandes o medianos. Por lo tanto, hay poco para impulsar un comportamiento conforme en el que una persona u organización no esté dispuesta a cumplir con sus responsabilidades legales según la Ley de construcción”.

Hackitt destaca el hallazgo de que “los encargados a menudo hacen poco para verificar las competencias” de aquellos a quienes se les ha encomendado la tarea de garantizar la seguridad de los edificios.

A lo largo del informe, se asume que las medidas de seguridad solo pueden ponerse en funcionamiento cuando no interfieran con la capacidad de los propietarios de obtener ganancias. Por lo tanto, vemos que “existe la responsabilidad de prestar la debida consideración a lo que es razonable y práctico para modernizar y mejorar la seguridad contra incendios de las edificaciones existentes a lo largo de su ciclo de vida ...”.

Hasta las cuestiones esenciales de seguridad como la prevención de incendios son consideradas una imposición excesiva para los arrendadores en el reporte Hackitt, incluyendo mejoras básicas como la colocación de sistemas de aspersores en torres de apartamentos. Actualmente no existen aspersores en la mayoría de los edificios, y los que los tienen son generalmente apartamentos de lujo habitados por los ricos.

Hackitt observa que las construcciones a menudo comienzan antes de que los planes hayan sido aprobados por los organismos de control de construcción (BCBs, por sus siglas en inglés) y que lo que se construye a menudo difiere de lo que está en los planes, “como resultado de procesos comerciales como la ingeniería de valores”.

Sin embargo, no propone que tales prácticas se detengan, sino solo que se revisen anticipadamente los cambios a los planes.

Hackett solicitó la opinión de la industria de la construcción, la vivienda, las organizaciones de propietarios e inquilinos, las organizaciones de seguridad contra incendios y los expertos y organismos profesionales pertinentes, así como de los residentes de edificios altos. La falta de cumplimiento de las normas de construcción existentes es tan evidente que la mayoría de los encuestados lo plantearon: “Aproximadamente el 65 por ciento de los encuestados indicó que el actual régimen de control e inspección no cuenta con el respaldo adecuado de rendición de cuentas y sanciones”.

También encontró que, “Menos del 5 por ciento de los encuestados indicó que sí cuenta con el respaldo adecuado”.

Incluso la Asociación Industrial de Incendios, la organización gremial que se ocupa de la seguridad contra incendios, admitió que “la respuesta de los contratistas a menudo es cubrir áreas rápidamente para evitar que una BCB identifique problemas que luego haya que rectificar”.

Esto pone en cuestión los cambios normativos que hicieron que las inspecciones se redujeran y que han permitido que los contratistas se salgan con la suya. Pero las implicaciones son ignoradas por Hackitt.

Las respuestas de los residentes de las torres de apartamentos recopiladas por Hackitt fueron muy críticas acerca de la falta de cumplimiento: “Los residentes dieron varios ejemplos de casos en los que las evaluaciones de riesgos de incendio habían sido rutinarias o incompletas, lo que resulta en un impacto acumulativo perjudicial en la seguridad antiincendios. Hubo un llamado a tomar medidas punitivas para que rindan cuentas aquellos que violenten las medidas obligatorias”.

Partiendo de sus comentarios desde el informe, Hackitt probablemente dará a los culpables de burlar las regulaciones una cláusula de huida en su informe final, ¡con base en que las regulaciones actuales son demasiado complicadas para entender! “Cuando las regulaciones son complejas, eso les dificulta bastante a las personas penetrar tal complejidad para comprender realmente lo que deben hacer”, indicó en el programa Today de BBC Radio

Cabe suponer que Hackitt continuará la tradición de todas las investigaciones previas del Gobierno. Incluso cuando han conducido a un endurecimiento de las regulaciones, los cambios fueron ignorados en la práctica. Más muertes prevenibles por incendios serán la consecuencia.

Como un alivio para la ira del público generada por las muertes de Grenfell, Hackitt dijo que los responsables de la seguridad de los edificios no deberían esperar su informe final esta primavera, sino que deberían comenzar a hacer los edificios más seguros ahora. Sin embargo, como ha sido comprobado por la respuesta de la élite gobernante desde el incendio de Grenfell, no harán tal cosa.

(Artículo publicado originalmente el 6 de febrero de 2018)