El 24 de enero, el Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región de Brasil (TRF-4) ratificó la condena del ex presidente del Partido de los Trabajadores (PT) Luís Inácio Lula da Silva, más conocido como Lula, bajo cargos de corrupción pasiva y lavado de dinero. Fue más allá, extendiendo su pena de cárcel de nueve años y medio a 12 años y un mes. El panel de tres jueces rechazó todas las peticiones de los abogados de Lula, y votó unánimemente a favor de la petición de la fiscalía de extender la sentencia dictada por el juez de la 13ª Corte Federal Sérgio Moro.

Desde el 2017 que Lula lidera las encuestas para la elección presidencial de octubre del 2018, con un apoyo promedio de 35 por ciento para la primera vuelta y una ventaja promedio de 15 por ciento sobre cualquier rival posible en una segunda vuelta. La última encuesta del Instituto Datafolha, realizada después de la decisión de la corte de apelaciones, no mostró cambios en las votaciones.

Lula está ahora prácticamente impedido de postular a la presidencia, a la espera de fallos de tribunales superiores que probablemente no determinen que su condena representa un error judicial. El rival más cercano a Lula en las encuestas—con sólo un 18 por ciento de apoyo—es el fascistoide capitán de la reserva del ejército Jair Bolsonaro, que ha sido electo siete veces diputado federal por Río de Janeiro.

El diecinueve por ciento de los encuestados respondió que no piensan votar por nadie en octubre, una cifra récord que refleja el amplio descontento y repugnancia hacia todos los partidos políticos, incluido el PT.

La sorpresiva decisión unánime de la corte de apelaciones de ratificar y además extender su pena de cárcel desató un alza frenética en la bolsa de valores de Sao Paulo. La prensa burguesa respondió con una ola de triunfalismo derechista. Esto sigue la tendencia de la prensa a someterse a los sectores ultraderechistas de la clase media-alta, las fuerzas armadas y el aparato estatal que durante casi tres años han exigido que se castigue al Partido de los Trabajadores como una organización criminal y el “principal corruptor” de la sociedad brasilera.

El principal fiscal, Deltan Dallagnol, incluso llegó a proponer el 2016 que los partidos políticos debían ser disueltos como pena máxima por participar en actos de corrupción, una propuesta que permanece congelada pero sin embargo ha recibido el apoyo de Rodrigo Janot, el fiscal general designado por el Partido de los Trabajadores.

Los cargos sobre los que falló el TRF-4 el 24 de enero se originan en la investigación Lava Jato (autolavado), una conspiración en la gigante petrolera estatal Petrobras para conceder contratos a cambio de sobornos, que se inició hace cuatro años. Este es el primer caso—de nueve—contra Lula en llegar a sentencia. El caso de corrupción por el que fue condenado se basa en su supuesta recepción de un penthouse costero en la ciudad turística de Guarujá, 70 km al sur de São Paulo, a cambio de favorecer a la gigante de la construcción OAS en los contratos de Petrobras durante sus dos mandatos presidenciales. Una acusación paralela de lavado de dinero se basa en la acusación del fiscal de que el departamento penthouse, oficialmente propiedad de OAS, estaba secretamente reservado para Lula.

Sin embargo, ni el juez Moro ni el panel de apelaciones del TRF-4 han identificado un solo favor concedido o prometido por Lula a OAS, y en su lugar han argumentado que la “totalidad” de su relación demostrada con varias gigantes constructoras—incluyendo detalles de investigaciones inconclusas y no relacionadas—volvían “probable más allá de toda duda razonable” que el departamento había sido concedido a cambio de servicios prestados.

El grueso de la evidencia presentada ante la corte consistía de documentos internos de OAS que según declararon el presidente de la compañía y otros ejecutivos, mientras todavía negociaban acuerdos de culpabilidad, contenían pseudónimos de Lula, su esposa y sus colaboradores, y presuntamente demostraban que el penthouse, propiedad legal de la empresa, sería posteriormente usado por Lula.

No hay duda de que Lula, en el transcurso de una carrera política de más de 35 años como el jefe del PT y dos veces presidente, perpetró crímenes y traiciones contra la clase obrera y supervisó un sistema político inmerso en la corrupción. Sin embargo, la evidencia usada para condenarlo e impedirle de jamás volver a postularse como presidente es extremamente débil.

Los dos períodos presidenciales de Lula le ganaron un prestigio internacional bien documentado entre tanto funcionarios imperialistas como políticos nacionalistas, que utilizaron su éxito político para hacer propaganda sobre la viabilidad del capitalismo mundial. Famosamente, el 2009 el presidente de los Estados Unidos Barack Obama declaró que Lula era “el hombre,” y el político más popular en la tierra.

Esta apreciación se debe especialmente al rol clave de Lula, como un dirigente sindical moderadamente nacionalista y después presidente de Brasil, en apuntalar los monopolios industriales y extractivos, especialmente durante el boom de las materias primas de a principios de los 2000. Sus políticas, como siempre alardeaba, “permitieron a los ricos ganar dinero como nunca antes,” mientras al mismo tiempo aplicaba programas de pequeños bonos monetarios para reducir la pobreza extrema y aplacar el descontento social.

Lula dejó la presidencia el 2011 para ganar grandes sumas dando charlas, muy a la manera de los ex presidentes estadounidenses Bill Clinton y Obama.

Cualquiera que sea la responsabilidad y culpa política de Lula por la corrupción generalizada que caracterizaba no sólo al PT, si no a cada partido burgués en Brasil, los métodos utilizados para enjuiciarlo evidencian el completo desprecio por los derechos democráticos de las capas gobernantes y el aparato estatal brasilero.

Los fiscales “cruzados” han empleado detenciones arbitrarias, desfiles de los acusados ante las cámaras, e intercepciones telefónicas ilegales—incluso interfiriendo las líneas de bufetes de abogados bajo la teoría de que los abogados eran “colaboradores” de sus clientes imputados y, más notoriamente, una llamada telefónica entre Lula y su presidenta sucesora, Dilma Roussef.

La erosión de las formas democráticas de gobierno en Brasil se ha acelerado desde que la crisis mundial del capitalismo azotó con toda su fuerza al país el 2013.

Roussef fue destituida el 2016 bajo falsos cargos de manipulación presupuestaria para intensificar las medidas de austeridad sobre las cuales el PT mantenía objeciones tácticas, sobre todo temor a que provocaran una explosión social. La toma del poder de Michel Temer, el vicepresidente de Roussef y conspirador en la destitución, no logró solucionar la peor crisis económica del país en un siglo, y hasta ahora ha sido incapaz de forzar una “reforma” de pensiones que es clave a su programa de austeridad.

Mientras crecía la ventaja de Lula en la campaña presidencial—y la crisis de Temer se profundizaba—la prensa comenzó a cuestionar las investigaciones contra el ex presidente del PT. El 22 de enero el periódico financiero Valor publicó un artículo de gran repercusión titulado “Juristas ven defectos en la condena de Lula,” indicando que se esperaba que el panel del TRF-4 tendría al menos un juez discrepante, abriendo el camino para que Lula apelara a las cortes superiores y posiblemente ganara las elecciones.

Similarmente, en la mañana del día en que la corte de apelaciones tomó su decisión, la BBC reportó que el Grupo Eurasia había enviado una carta a sus inversionistas aconsejando que era muy improbable una decisión unánime del panel TRF-4 y que la decisión de la corte tendría “cero influencia sobre el futuro de Lula.” Folha de São Paulo, por su parte, publicó una columna editorial la misma mañana declarando que “el caso involucra evidencias complejas y por eso está siendo evaluado una segunda vez, que no será la última.” Folha, Valor y el Grupo Eurasia estaban preparando cautelosamente a los inversionistas nacionales e internacionales a considerar nuevamente a Lula como el candidato más apto para presidir sobre la explosiva desigualdad social de Brasil.

Todo esto se acabó tan sólo 24 horas después, con la prensa capitulando ante el mercado bursátil, que vio una subida de un 3,72 por ciento en las horas posteriores a la decisión de la corte de apelaciones, alcanzando una cifra histórica. Folha, en su editorial del 25 de enero, dio un giro de 180 grados, afirmando que “los hechos, en su complejidad, resisten cualquier intento de la defensa de mostrar a Lula como inocente.” Dentro de 24 horas, la eliminación de Lula de las elecciones por medio de una condena ratificada que lo descalifica de las elecciones bajo la ley brasilera era un hecho consumado.

La operación Lava Jato, y la destitución de Roussef, han sido utilizados por la desesperada burguesía brasilera para mover todo el sistema político fuertemente hacia a la derecha. Esto incluye no sólo la prensa, sino también a Lula y el Partido de los Trabajadores, que aceptaron la campaña de destitución sin intentar movilizar a los trabajadores contra ésta. Desde entonces que han estado trabajando con los sindicatos para maniatar a la clase obrera y así no poner en peligro las ambiciones electorales de Lula, incluso mientras las “reformas” laborales, privatizaciones y otras leyes han asolado las condiciones de vida de la población trabajadora.

A pesar de sus palabras vacías en favor de los trabajadores en manifestaciones organizadas por sus aliados oligarcas en todo Brasil, Lula puso su verdadera confianza en que el capital nacional e internacional lo libraría de su condena por corrupción.

Estas esperanzas no carecían de fundamento. En respuesta a la decisión de la corte de apelaciones, el Financial Times de Londres publicó una columna editorial titulada “La condena de Lula no hará que Brasil vuelva a ser grande,” advirtiendo que “muchos de los oponentes de Lula se equivocan en su regocijo. Brasil, uno de los países más desiguales del mundo, necesita un fuerte partido de centro-izquierda como el PT.”

Esta estrategia, basada en proteger los intereses del capital brasilero y extranjero, inevitablemente exige nuevos giros a la derecha. La promesa de Lula de someter las “reformas” de Temer a referendos debe verse a la luz del referendo de austeridad de Syriza en Grecia, sentando las bases para cometer un fraude y traición similares si llegase a ejercer un tercer mandato.

A pesar de todo lo dicho sobre una “vuelta a izquierda” del PT, hace tan poco como diciembre que el Folha de S. Paulo informaba sobre discusiones en el partido para invitar a Luiz Trabuco, el director general de Bradesco, el mayor banco de Brasil, a que fuera el compañero de fórmula de Lula.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 6 de febrero de 2018)