El Congreso Nacional de Honduras está discutiendo un proyecto de ley para multar o prohibir completamente a las compañías de redes sociales y proveedores de Internet que no eliminen “contenido ilegal” dentro de un plazo de 24 horas de su publicación o que no deshabiliten perfiles “ilegales”. De ser aprobado, todo contenido que las corporaciones de Internet y las autoridades hondureñas considere como un “acto de discriminación, de odio, injurias, amenazas o incitación a la violencia o a cometer un delito” será proscrito.

La clase gobernante ha decidido que la represión policial-estatal no ha bastado para silenciar a la oposición popular. El asesinato de 72 periodistas desde el 2001 (según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos), de 123 activistas y líderes ambientalistas desde el 2010 (según Global Witness) y de más de 30 hondureños en las generalizadas y continuas protestas en colonias de clase obrera contra una “reelección” en noviembre fraudulenta e inconstitucional han surtido un importante efecto. Pero, más que intimidar a la población, estos actos han inspirado demandas más determinadas para poner fin al régimen de escuadrones de la muerte que ha sido colocado en el poder por la burguesía y Washington.

El Gobierno del Partido Nacional bajo Juan Orlando Hernández —una continuación directa del régimen militar instalado tras el golpe de Estado del 2009 respaldado por la Administración Obama— tan solo ha escalado sus actividades de escuadrones de la muerte contra trabajadores y jóvenes y su hostigamiento a los medios de prensa que apoyan a la Alianza de Oposición, considerada ampliamente como la ganadora de las últimas elecciones.

Además de la destrucción de las líneas de transmisión de UNE TV y Radio Progreso el año pasado, los periodistas dando cobertura a las protestas que precedieron la reinvestidura de Hernández el 27 de enero fueron vistos siendo golpeados severamente por los policías antimotines en una transmisión en vivo por Facebook, mientras sus superiores les ordenaban “montarle verga” a los reporteros.

Las “incitaciones” que el Gobierno se siente obligado a esconder del público incluyen videos de policías y militares disparando con bala viva hacia los protestantes, invadiendo ilegalmente domicilios o previniendo que los residentes salgan de ellos, lanzando gases lacrimógenos dentro de hogares, vapuleando a espectadores de mayor edad al margen de las protestas, previniendo que manifestantes con heridas fatales sean transportados a centros médicos y centros médicos rehusando atenderlos. Tales grabaciones y las denuncias generalizadas contra los actos represivos del Estado son exposiciones legítimas de un régimen tiránico y asesino.

En términos de políticas económicas, la nueva secretaria de Finanzas, Rocío Tábora, le planteó sin tapujos a El Heraldo los planes del Gobierno para intensificar su programa derechista. Van “a raspar bien ese presupuesto para tener medidas de austeridad”, incluyendo un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y dejar el futuro de la empobrecida mayoría en el segundo país más pobre de América Latina al afán de lucro del sector privado. Sus declaraciones son las de una burócrata que ha descartado toda consideración de las masas populares, expresando confianza en la habilidad del Estado para silenciarles y no tener que rendir cuentas.

Por su parte, Washington y las potencias europeas han respaldado el fraude electoral y promovido el giro a formas policiales-estatales de gobierno. Un reporte del 8 de febrero en el Guardian devela que el Gobierno británico aprobó la venta de tecnologías sofisticadas militares y de espionaje a Honduras, incluyendo equipos para monitorear servicios de mensajería en línea como WhatsApp.

La directora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Bertha Oliva, en declaraciones a Sojourners esta semana, denunció “un nivel de espionaje e infiltración que nunca hemos visto antes, que solo se ve en países en guerra”. Los asesinatos a plena luz del día y los esfuerzos de espionaje y censura en Honduras son solo una expresión avanzada de la marcha a la dictadura que ha emprendido la clase gobernante a nivel internacional en preparación para una intensificación de la lucha de clases y la guerra.

El proyecto de redes sociales en Honduras está basado en gran medida en la Ley de Aplicación de la Red que entró en vigor este año en Alemania y obliga a las compañías de Internet a censurar “contenido ilegal” dentro de 24 horas o enfrentar multas de hasta $59 millones. Facebook ha respondido construyendo centros de control con cientos de empleados para cumplir con dicha disposición tanto en Alemania como en EUA. La élite burguesa en su conjunto ha apoyado esta medida, con el denominado partido La Izquierda (Die Linke) solicitando la protección de “ataques verbales, discursos de odio y difamación” en línea.

En diciembre, la Cámara de Diputados de México aprobó unánimemente plasmar en el Código Civil Federal una prohibición a cualquier ataque en línea, “cierto o falso, determinado o indeterminado” al honor de cualquier individuo. Pese a que otras secciones del Código Civil defienden la libertad de expresión, este parece ser un paso calculado hacia la implementación de la censura en el Internet.

Como una propuesta ávida por parte del gigante tecnológico, Facebook puso a prueba el año pasado un muro separado para esconder el contenido noticioso de los usuarios en Eslovaquia, Sri Lanka, Serbia, Bolivia, Guatemala y Camboya, lo que ocasionó caídas masivas de lectores para sitios alternativos de noticias.

En EUA, las agencias de inteligencia, la prensa corporativa y el Partido Demócrata han encabezado una campaña histérica alegando que Rusia intervino en las elecciones del 2016 por medio de la divulgación de “noticias falsas”, esto con el propósito de criminalizar y censurar la oposición política. Facebook Twitter y Google han respondido con medidas para descalificar o bloquear noticias y análisis socialistas, progresistas y contra la guerra.

En Honduras, el presidente Hernández solicitó a las Naciones Unidas el lunes organizar una mesa de negociaciones con la oposición burguesa en el país; sin embargo, al mismo tiempo llamó a investigar “lo que pasó en las elecciones hondureñas con respecto a maras y pandillas, crimen organizado participando directamente en las elecciones a favor de la Alianza”. Desde de que fue anunciado que seguiría fraudulentamente en el poder, Hernández ha intentado legitimar la represión de su régimen atribuyendo las continuas protestas de clase obrera contra el fraude electoral a actividades de las maras.

Tales argumentos se han extendido a la represión en línea, incluyendo la referencia del propio proyecto de ley a actividades criminales. El miércoles de la semana pasada, el día que comenzó a discutirse la propuesta en el Congreso, el legislador del PN que la introdujo, Marcos Paz Sabillón, la buscó promover quejándose de amenazas de muerte y afirmando de forma infundada y aparentemente contraproducente que esto “proviene en un 90 por ciento de perfiles falsos”.

De hecho, si algo ha demostrado este Gobierno es que la acelerada militarización y ataques contra los derechos democráticos no han tenido como blanco el tráfico de drogas ni las pandillas, sino la oposición de la clase obrera. El jefe de la policía nombrado por Hernández, José David Aguilar Morán, está actualmente bajo investigación después de que la agencia Associated Press revelara que, en el 2013, el entonces director de la Inteligencia hondureña previno activamente que las autoridades interceptaran cargamentos de cocaína traficada por el Cartel del Atlántico.

El año pasado, los hermanos Rivera Maradiaga, cabecillas de los Cachiros, testificaran ante una corte en Nueva York que colaboraron con el hermano del presidente Hernández en operaciones de lavado de dinero y luego depositaron cientos de miles de dólares en la campaña presidencial de Hernández, además de pagarle sobornos directamente a su predecesor, el expresidente Porfirio Lobo. Un director de campaña de Hernández, Hugo Ardón, junto con otros funcionarios del Gobierno de Lobo, fueron expuestos por InSight Crime aprobando contratos estatales para compañías administradas por los Cachiros.

Históricamente, la importancia regional de Honduras para los esfuerzos estadounidenses de contrainsurgencia y preparativos de guerra contra la influencia de potencias rivales ha estado estrechamente ligada tanto al crimen organizado como a la censura. La base constitucional para el proyecto de ley de censura se encuentra en el Artículo 75 de la Constitución hondureña redactada en 1981, que permite “la censura previa, para proteger los valores éticos y culturales de la sociedad”. Este fue un documento impuesto por una junta militar que estaba comenzando una guerra de escala completa, en colaboración con la Administración Reagan, contra el nuevo Gobierno sandinista en Nicaragua y los grupos castristas y nacionalistas de izquierda dentro de Honduras.

Durante este tiempo, la CIA había establecido un flujo ágil de armas a Honduras, con oficiales bajo órdenes para mirar en la otra dirección cuando se cargaban los narcóticos a los aviones que iban de vuelta a Florida. El general Paul Gorman, exjefe del Comando Sur de EUA, dijo en un testimonio de 1987: “De acuerdo con todo lo que sé a partir de inteligencia humana [redactado] sugiere que cualquier persona que participase en el juego de la subversión allá abajo estaba, de una forma u otra, involucrada en las drogas”.

Los esfuerzos inclementes del Gobierno de Hernández para ahogar las protestas en sangre y ahora para suprimir la oposición en línea con el apoyo completo de las corporaciones y los Gobiernos en EUA y Europa exponen el callejón sin salida que constituyen las apelaciones de la oposición a herramientas de dominio neocolonial como la OEA y la ONU.

La única alternativa para los trabajadores y jóvenes de Honduras es liberar su lucha de los eslabones de la burguesía nacional, incluyendo de la Alianza y sus promotores pseudoizquierdistas, y organizar una lucha independiente junto con todos los sectores de la clase obrera, los cuales también se enfrentan a ataques a sus derechos democráticos y niveles de vida en Estados Unidos e internacionalmente.

En su llamado a formar una Coalición Internacional de Sitios Web Socialistas, Progresistas y Contra la Guerra, el World Socialist Web Site enfatiza que esta ofensiva de “los Estados capitalistas y las inmensas corporaciones transnacionales, solo se puede enfrentar con éxito en la medida en que el gran poder de la clase obrera internacional impulse esta batalla”. El WSWS urge a todos los sitios, activistas, trabajadores y estudiantes a leer y discutir la carta abierta del Consejo Editorial Internacional del WSWS por una coalición internacional para luchar contra la censura del Internet, y a llenar este formulario para participar en este trabajo.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 16 de febrero de 2018)