La semana pasada, los agentes federales de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) llevaron a cabo redadas en toda el área metropolitana de Los Ángeles, en el sur de California, arrestando a 212 personas y efectuando órdenes de inspección en 122 negocios. La incursión se extendió a los condados de Los Ángeles, Orange, Riverside, San Bernardino, Ventura, Santa Bárbara y San Luis Obispo.

Jennaya Dunlap, afiliada a Inland Coalition for Immigrant Justice (IC4IJ), dijo a Los Angeles Daily News que se realizaron numerosas llamadas telefónicas a su organización la semana pasada para informar arrestos en los condados de San Bernardino y Riverside. Una de esas llamadas se refería a Fermín García, padre de tres ciudadanos estadounidenses que viven en Riverside. García fue arrestado el domingo pasado y ya está en proceso de ser deportado, a pesar de tener potencialmente los derechos de ciudadanía estadounidense a través de su padre.

En su página de Facebook, IC4IJ publicó: “ICE decidió deportar a Fermín García hoy, a pesar de las llamadas telefónicas de apoyo y su posible reclamo de ciudadanía. No permitieron que su familia lo viera ni que le dejaran dinero o pertenencias para llevar consigo”.

Atrocidades como esta se han convertido en hechos cotidianos bajo la Administración de Trump, que ha conspirado con el Partido Demócrata para profundizar las décadas de asaltos bipartidistas contra los inmigrantes. Mientras ICE llevaba a cabo las redadas la semana pasada, el Senado no aprobó ninguna de las múltiples propuestas derechistas y bipartidistas para una “reforma migratoria”.

Desde que el presidente Donald Trump canceló el programa de Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) en septiembre del año pasado, los demócratas han intentado ocultar su complicidad en la ofensiva contra los inmigrantes fingiendo ser defensores de la minoría de inmigrantes indocumentados que potencialmente califican para dicho programa limitado de amnistía promulgado por orden ejecutiva durante la Administración de Obama. Comprenden alrededor de 1,8 millones de una población indocumentada total estimada en 11 millones.

Las propuestas respaldadas por los Demócratas para “proteger” a los beneficiarios de DACA son, en esencia, reaccionarias, exigiendo un camino de 10 a 12 años hacia la ciudadanía, una garantía que podría rescindirse en cualquier momento. Durante este prolongado período, los beneficiarios de DACA no podrán recibir ningún beneficio social y podrían enfrentarse a una deportación inmediata por la más mínima infracción penal.

Además, el principal proyecto de ley apoyado por los demócratas incluía medidas para aumentar la militarización fronteriza y aumentar los fondos destinados al aparato de deportación interna de ICE en $25 mil millones. Si se aprobara un proyecto de ley similar, facilitaría e institucionalizaría las políticas de ICE de redadas, encarcelamientos en centros de detención y deportaciones masivos Las propuestas respaldadas por los Demócratas aumentarían sustancialmente el número de agentes de ICE y de la Patrulla Fronteriza, obligando a decenas de miles de trabajadores que huyen de la pobreza y la represión ligadas a las intervenciones imperialistas de Estados Unidos a realizar la peligrosa travesía por el desierto, causando miles de muertes más.

El mes pasado, el senador de Vermont, Bernie Sanders, en representación de la supuesta ala izquierda del Partido Demócrata, resumió la actitud del partido cuando declaró: “No creo que haya nadie que no esté de acuerdo en que necesitamos una fuerte seguridad fronteriza. Si el presidente quiere trabajar con nosotros

para asegurarse de que tengamos una sólida seguridad fronteriza, hagámoslo”.

En su comunicado de prensa, sirviendo sus propios intereses, ICE afirmó que, en los allanamientos en Los Ángeles, 195 de los arrestados “eran criminales condenados, o personas a quienes se les había emitido una orden final de deportación y no habían salido de Estados Unidos, o habían sido expulsados previamente de Estados Unidos y habían regresado ilegalmente”.

ICE afirmó además que “más del 55 por ciento tenía condenas por delitos graves o violentos, tales como delitos sexuales infantiles, acusaciones relacionadas con armas y asalto, o tenían condenas anteriores por delitos menores significativos o múltiples”.

Independientemente que los detenidos hayan cometido crímenes o no, el objetivo principal de las redadas de inmigración es crear una atmósfera de intensa ansiedad y miedo en las comunidades de inmigrantes y para avivar los sentimientos xenófobos dentro de la base de apoyo ultraderechista de Trump.

El último operativo policial de captura de inmigrantes en el sur de California se produjo de forma similar a otra redada de 77 negocios en ciudades del norte de California hace dos semanas, que a su vez se creyó era la redada localizada más grandes en el lugar de trabajo, desde la elección de Trump. La semana pasada, se informó que ICE también allanó granjas en la región agrícola del Valle Central del estado, exigiéndoles documentación a todos los trabajadores.

Las redadas representan la materialización de amenazas contra el estado de California por parte del vicedirector fascistoide de ICE, Thomas Homan, en respuesta a la aprobación el año pasado de legislación que lo convierte en un “estado santuario”, que entró en vigencia a comienzos del año. Los dos proyectos de ley: “Ley de Valores de California (SB54) y “Ley de Protección al Trabajador Inmigrante” (AB450) imponen restricciones limitadas a la capacidad de la policía estatal y otros empleados estatales para coordinar con ICE el arresto de inmigrantes. También requieren que los empleadores notifiquen a sus empleados dentro de tres días en caso de que ICE lleve a cabo una inspección de su negocio.

En declaraciones a Fox News el 1 de enero, Homan declaró: “California mejor agárrate fuerte. Están a punto de ver a muchos más agentes especiales, muchos más oficiales de deportación en el estado de California. Si los políticos de California no quieren proteger sus comunidades, ICE lo hará”. Luego, pidió el arresto de los funcionarios que apoyan las políticas de “ciudad santuario”, declarando: “Tenemos que empezar a presentar cargos criminales contra algunos de estos políticos”.

El comunicado de prensa de ICE sobre las últimas redadas en Los Ángeles cita a Homan culpando a las políticas de “ciudad santuario” por el carácter invasivo de los allanamientos migratorios. “Debido a que las jurisdicciones santuario como Los Ángeles evitan que ICE arreste a extranjeros criminales en los confines seguros de una cárcel, nuestros oficiales están forzados a llevar a cabo arrestos en general en la comunidad, poniendo a los oficiales, al público en general y a los extranjeros en mayor riesgo y aumentando los incidentes de arrestos colaterales”, indicó

En respuesta a las últimas redadas, el alcalde demócrata de Los Ángeles, Eric Garcetti, expresó su desacuerdo sobre tales tácticas y declaró: “La Administración debería centrarse en personas que han cometido delitos graves o amenazan la seguridad nacional, en lugar de separar a las familias trabajadoras”.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 19 de febrero de 2018)