La agencia federal de aplicación de la ley la Patrulla Fronteriza (USBP, siglas en inglés) intensificó sus iniciativas antiinmigrantes ampliando el uso de retenes hasta 100 millas al interior desde la frontera o la costa y utilizando propiedad privada sin órdenes judiciales o permiso de los propietarios para llevar a cabo vigilancia.

A primera vista, estas medidas violan muy claramente el derecho bajo la Cuarta Enmienda contra registros e incautaciones irrazonables. Sin embargo, el USBP y la administración Trump los han justificado bajo una ley federal poco conocida que permite a los funcionarios de inmigración realizar búsquedas sin una orden judicial.

Bajo una interpretación de la ley existente adoptada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en 1953, el gobierno no necesita obtener una orden para registrar a las personas y sus propiedades en los puertos de entrada. El Departamento de Justicia también ha definido una "distancia razonable" de 100 millas más allá de la fronteras terrestres y marítimas donde los oficiales de inmigración pueden operar sin órdenes de arresto contra los sospechados de contrabandear drogas o violaciones de inmigración. Además, la ley autoriza a los oficiales a ingresar a la propiedad privada dentro de un radio de 25 millas de la frontera, sin requerir el permiso del propietario o una orden judicial.

Si bien la ley ha estado en uso durante décadas, su uso se ha intensificado bajo la administración de Trump. Los agentes de USBP han estado abordando los autobuses Greyhound y los trenes de Amtrak en Florida, Nueva York y el estado de Washington y exigiendo que los pasajeros muestren prueba de ciudadanía.

En enero de este año, un video que se viralizó en las redes sociales mostró agentes del USBP abordando un autobús Greyhound que iba de Orlando a Miami y aterrorizando a los pasajeros, exigiendoles prueba de su estatus migratorio. Cerca de la mitad del autobús, los agentes revisan los papeles de una mujer, le preguntan dónde estaba su equipaje, luego sacan una maleta de un compartimento superior e instruyen a la mujer para que salga.

USBP luego publicó una declaración anunciando que agentes arrestaron a una mujer jamaicana en la estación de autobuses de Fort Lauderdale. Las autoridades dijeron que la mujer había excedido su visa y fue transportada a la estación de la Patrulla Fronteriza de Dania Beach; luego fue entregada a la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para el proceso de deportación.

El USBP también ha utilizado la ley para establecer retenes en New Hampshire en una carretera interestatal critica que está a unas 90 millas de la frontera con Canadá, y arrestaron a 33 personas por sospechas de delitos de inmigración, y otras 44 acusadas de posesión de drogas. Según informó el New York Times, las drogas capturadas ascendieron a alrededor de dos libras de marihuana y cantidades menores de cocaína y otras drogas.

En un caso que ahora se ha convertido en una disputa legal, Ricardo D. Palacios, dueño del rancho Juan Salinas cerca de la ciudad de Encinal, Texas, afirmó que los "oficiales de la Patrulla Fronteriza habían estado vagando libremente" por años en su propiedad sin ningún orden judicial y también detuvo a miembros de su familia en varios retenes.

Para Palacios, el colmo fue cuando encontró una cámara escondida en un árbol en su propiedad el noviembre pasado. Quitó la cámara y la guardó como evidencia de que los oficiales federales violaron sus derechos bajo la Cuarta Enmienda. La cámara ha sido solicitada tanto por BP como por el Departamento de Seguridad Pública de Texas, y los funcionarios estatales exigen que Palacios devuelva la cámara o enfrentar cargos de robo. Él ahora ha demandado a ambas agencias.

Como el abogado de Palacios Raul Casso señaló al New York Times, el rancho Juan Salinas estaba a más de 30 millas de la frontera entre Estados Unidos y México, y por lo tanto fuera del alcance de la ley federal existente: "[Los agentes del USBP] actuaron a propósito o incompetentemente. De cualquier forma, están fuera del alcance de su autoridad".

Como era de esperar, la administración Trump está tratando de justificar estas búsquedas como necesarias para proteger la seguridad nacional de todo tipo de peligros supuestamente asociados con los migrantes indocumentados, incluyendo el tráfico transfronterizo de personas, drogas y armas. Sin embargo, incluso los datos limitados publicados por el Departamento de Seguridad Nacional (de lo cual el USBP forma parte) muestran que menos del 3 por ciento de los inmigrantes que ingresan sin documentos fueron atrapados en retenes lejos de la frontera.

Más allá de eso, los peligros de la zona extra constitucional de 100 millas afectan más que a un puñado de personas o ciudades. La realidad, como señala una declaración sobre derechos constitucionales de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), es que "las operaciones interiores de la Patrulla Fronteriza traspasan profundamente adentro y a través los Estados Unidos, afectando a la mayoría de los estadounidenses".

Aproximadamente dos tercios de la población de los Estados Unidos, unos 200 millones de personas, viven dentro de la zona dentro de las 100 millas de la costa (Océano Atlántico, Golfo de México, Océano Pacífico y Grandes Lagos) o 100 millas de la frontera con Canadá o México. Connecticut, Delaware, Florida, Hawái, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, Rhode Island y Vermont se ubican por completo o casi en su totalidad dentro de esta área. Nueve de las 10 áreas metropolitanas más grandes de EUA, según lo determinado por el censo de 2010, también caen dentro de esta zona: Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Houston, Filadelfia, Phoenix, San Antonio, San Diego y San José.

Cuando el Departamento de Justicia implementó la ley, ahora citada, que proporciona a los agentes del USBP poderes extraconstitucionales en esta vasta área, se hizo sin debate público, y en un momento en que toda la agencia empleaba sólo a 1.100 agentes. Hoy en día, hay más de 21.000 agentes de USBP operando en Estados Unidos. Además de administrar los puertos de entrada, se cree que la agencia opera más de 170 retenes interiores.

En teoría, la ley insiste en que existe una "sospecha razonable" de una violación o delito de inmigración, y que los agentes de USBP tienen "causa probable" o una orden para registrar vehículos en la zona de 100 millas. En la práctica, la ACLU ha encontrado que "los agentes rutinariamente ignoran o malinterpretan los límites de su autoridad legal en el transcurso de paradas individuales, lo que resulta en violaciones de los derechos constitucionales de personas inocentes". Estos problemas se ven agravados por la capacitación inadecuada de los agentes de la Patrulla Fronteriza, la falta de supervisión del CBP y del Departamento de Seguridad Nacional y la constante falla del Servicio de Aduana y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, siglas en inglés) para responsabilizar a los agentes por los abusos".

Las violaciones de la Cuarta Enmienda inherente a la campaña antiinmigrante actual no se limitan a la interpretación flexible de la ley de zona interna de 100 millas. En los últimos meses, la tendencia de revisar dispositivos electrónicos de turistas, residentes y ciudadanos —que se vio por primera vez durante los últimos días de la administración de Bush y se intensificó incesantemente durante la administración Obama— ha ganado aún más fuerza. Dentro del primer mes completo después de la inauguración de Donald Trump las búsquedas sin orden judicial de dispositivos electrónicos por parte de Aduanas y Protección Fronteriza alcanzaron un récord de 5.000, más que en todo 2015 y un buen ritmo para duplicar las cifras en 2016.

Mientras han salido varias propuestas legislativas para imponer algunos límites a los poderes del CBP, incluyendo la necesidad de órdenes para buscar dispositivos electrónicos y también reducir la zona extraconstitucional de 100 millas a 25 millas de la frontera; ninguno de ellos ha pasado. Tales propuestas son nada más que excusas por los demócratas que temen que sus constituyentes los descubran en su ataque bipartidista contra los inmigrantes.

El CBP sigue comprometido con su directiva de 2009, donde afirmaba: "En el curso de una búsqueda en la frontera, con o sin sospecha individualizada, un Oficial puede examinar dispositivos electrónicos y puede revisar y analizar la información encontrada en la frontera. "

En 2016, el Consejo Nacional de Patrulla Fronteriza —que cuenta con casi 17.000 agentes entre sus miembros— dio el paso sin precedentes de respaldar a un candidato presidencial, Donald Trump, durante las primarias. Al anunciar su apoyo a Trump, Brandon Judd, el presidente del Consejo declaró que su membresía apoyaba al candidato porque había prometido "quitarle las esposas" a la agencia. Basado en las actividades del USBP ordenadas por la administración, esa promesa de campaña se está cumpliendo.

La agencia parecida a la Gestapo ha recibido plena autoridad e impunidad por parte de los partidos Demócrata y Republicano para actuar cada vez más como una ley en sí misma, eliminando los derechos garantizados constitucionalmente de la clase trabajadora en su conjunto, mientras vende la mentira del inmigrante "criminal".

(Artículo publicado originalmente en inglés el 23 de febrero de 2018)