El desacreditado presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), emitió un inesperado llamado para convocar nuevamente al Consejo Nacional del Trabajo (CNT) con el fin de impulsar un aumento del 8 por ciento en la Remuneración Mínima Vital (RMV), o salario mínimo. Esta desesperada propuesta populista se produce cuando las posibilidades de que Kuczynski termine su mandato parecen desvanecerse, mientras que su índice de aprobación ha caído al 19 por ciento.

A partir del 20 de febrero, la Comisión Técnica para la Productividad y el Salario Mínimo de la CNT comenzó una evaluación de las condiciones económicas del país y emitirá sus conclusiones el 6 de marzo.

Se estima que un aumento en el salario mínimo afectará solo al 2,8 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA). Un columnista de un diario desestimó la miserable medida de que el presidente "jugaba para las tribunas", ya que la amenaza de juicio político se cierne sobre su cabeza.

El salario mensual promedio de los trabajadores en el sector informal (la mayoría) es de 976 soles ($300) al mes, es decir, 126 soles o 14,8 por ciento por encima del salario mínimo actual (RMV) de 850 soles por mes ($262).

Los trabajadores en el sector formal, que es donde se aplicaría un aumento en el RMV, ganan un promedio de 2415 nuevos soles por mes ($743), 2,84 veces más que el RMV.

Las luchas actuales de los trabajadores en el sector formal están dirigidas a asegurar aumentos mucho mayores que la paupérrima cantidad propuesta por PPK para quienes se ganan la vida con el salario mínimo. Los trabajadores de la salud, por ejemplo, exigen un aumento salarial del 26 por ciento.

Sin embargo, plantear la cuestión de los salarios tiene consecuencias políticas que se extienden más allá del mero 2,8 por ciento de la fuerza laboral. El debate público sobre la decisión del presidente de abordar un tema tan delicado como los salarios ha llevado a una serie de declaraciones que arrojan luz sobre las enormes contradicciones que afectan a la economía peruana, en general, y su fuerza de trabajo, en particular.

La extrema derecha ha expresado su preocupación de que el llamado de PPK para elevar el RMV sea irresponsable.

En representación de los capitalistas peruanos más ricos, Roque Benavides, presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confied) y propietario de Mina Buenaventura, que en la década de 1980 era una de las minas de oro más grandes del mundo, conocida por su desprecio por los derechos laborales y por contaminar el ecosistema de Cajamarca, dijo a los medios peruanos que la medida crearía desempleo y estimularía el crecimiento del sector informal.

El mensaje de la clase capitalista peruana es claro: cualquier intento de aumentar el salario mínimo se utilizará como pretexto para despedir trabajadores e imponer aumentos de productividad a los que mantenga sus trabajos.

El salario mínimo peruano ocupa el octavo lugar en la región, con Argentina, Uruguay y Chile a la cabeza, y el salario mínimo de Colombia a la par con el de Perú.

El pedido de PPK de un aumento del 8 por ciento ha provocado demandas de un aumento mucho mayor, elevando el salario mínimo a entre 1500 ($462) a 1700 soles ($523), lo que igualaría el salario mínimo prevaleciente en Argentina y Uruguay.

Entre 2008 y 2013, el PBI de Perú creció al 10,7 por ciento anual, mientras que el RMV creció de 550 a 750 soles, un aumento anual de solo 6,4 por ciento. Una sección de la burguesía se hizo muy rica, aumentando la brecha entre un pequeño número de personas adineradas en la cima y las crecientes filas de peruanos que luchan por llegar a fin de mes.

Los políticos burgueses de izquierda y los burócratas sindicales han apoyado el llamado a elevar el RMV a entre 1500 y 1700 soles.

Entre ellos están Justiniano Apaza, congresista del Frente Amplio, César Bazán, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores del Perú (CUT) y Carmela Sifuentes, vicepresidenta de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), controlada por los estalinistas. El papel de estos elementos siempre ha sido subordinar el movimiento de los trabajadores al estado burgués y evitar la organización de cualquier lucha genuinamente independiente de los trabajadores peruanos contra el sistema capitalista.

A finales de diciembre, Kuczynski pudo evitar el juicio político cuando obtuvo los votos a cambio de indultar al ex presidente Alberto Fujimori, que cumplía una condena de 25 años por crímenes de lesa humanidad derivados de las masacres de los trabajadores y estudiantes por los escuadrones de la muerte. PPK aprovechó una lucha interna dentro del fujimorista Frente Popular entre los dos hijos del ex presidente dictatorial: la líder de la FP Keiko Fujimori y su hermano menor Kenji, quien desde entonces ha sido expulsado de la FP. Los partidarios de Kenji votaron en contra de la vacancia presidencial.

Sin embargo, desde entonces se han presentado nuevas revelaciones a la investigación en curso del Congreso sobre los lazos del presidente con tratos sucios entre sus empresas y el estado peruano. En la década de 1990, PPK compró el 25 por ciento de una empresa constructora Cosapi, utilizando dinero de su fondo de empresas latinoamericanas–Latin American Enterprise Fund. Como parte del trato, obtuvo dos puestos en la junta directiva.

Durante sus años como ministro de economía y finanzas y luego primer ministro, renunció a sus puestos en la junta de la compañía, pero continuó teniendo una participación del 25 por ciento en Cosapi. Es ilegal que los funcionarios públicos posean más del 5 por ciento de una empresa que hace negocios con el estado. Se estima que Cosapi obtuvo 100 millones de soles de sus múltiples contratos gubernamentales.

Además, PPK mintió cuando dijo que nunca se reunió con su compañero, el multimillonario chileno Geraldo Sepúlveda, quien había asumido las responsabilidades de administrar sus compañías. Ha salido a la luz que los dos se encontraron en al menos tres ocasiones, mientras Kuczynski estaba sirviendo como ministro del gobierno. El Banco de Crédito del Perú informó a la Comisión Peruana Lava Jato, que investiga sobornos y corrupción relacionada con contratos gubernamentales con el gigante brasileño de la construcción Odebrecht, que las empresas de PPK ejecutaron más de 140 transacciones con el Gobierno peruano.

Enfrentando un posible nuevo voto de vacancia presidencial, la crisis de la administración de Kuczynski se ha visto agravada por el deterioro de las condiciones económicas en Perú.

La economía del país se redujo en 2015 y 2016, y en 2017 el PIB creció un anémico 2,5 por ciento. La producción industrial, sin embargo, cayó un 3,5 por ciento en el último mes del año.

Mientras tanto, el país se enfrenta a un creciente déficit fiscal: los ingresos del estado de la recaudación de impuestos han disminuido del 17 por ciento del PIB en 2012 al 12 por ciento en la actualidad.

La industria de la construcción ha disminuido sustancialmente en los últimos dos años, parcialmente afectada por la parálisis de proyectos que involucraron sobornos y pagos de Odebrecht. Las inversiones multimillonarias en minería e infraestructura también se han desacelerado debido al escándalo de Odebrecht.

La propuesta de Kuczynski de un aumento salarial insignificante del 8 por ciento limitado al 2,8 por ciento de la fuerza de trabajo no hará nada para revertir la disminución del crecimiento, el creciente déficit fiscal y la realidad de un sistema salarial de dos niveles: uno formal con mejores salarios y mayor productividad y un sector informal mucho más grande y en crecimiento con salarios y productividad más bajos. Tampoco mejorará la crisis del gobierno de clase, que implica no solo la acusación de PPK, sino el descrédito de todos los partidos burgueses, que como él están profundamente implicados en crímenes y corrupción.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 1 de marzo de 2018)