El Departamento de Justicia de EUA presentó una demanda el martes por la noche contra el estado de California, con el objetivo de declarar inconstitucional el proyecto de ley que declara a California un estado santuario. La demanda fue presentada en un tribunal federal de distrito en Sacramento, la capital del estado de California.

A pesar del relato de ciudades "santuario" que cuentan tanto sus partidarios como sus oponentes, las disposiciones que denuncia la demanda en realidad no brindan ningún santuario a los inmigrantes indocumentados. Simplemente requieren que los agentes federales de inmigración cumplan con los requisitos de un debido proceso antes de que la policía o los patronos de California los ayuden.

El fiscal general de Estados Unidos, Jefferson Sessions, defendió la demanda y condenó la conducta de los funcionarios estatales y locales en California en un discurso cuasifascista ante la reunión legislativa anual de la Asociación de Policías de California, celebrada en Sacramento el miércoles, un día después de que se entablara la demanda.

El fiscal general condenó a la alcaldesa de Oakland, Libby Schaaf, porque emitió un comunicado la semana pasada advirtiendo de inminentes redadas por agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en toda el área de la bahía de San Francisco. Afirmó que, debido a esta advertencia, 800 de las casi 1000 personas que el ICE habría capturado, lograron escaparse de las redadas.

"Son 800 extranjeros buscados que ahora están prófugos en esa comunidad; la mayoría son criminales buscados que el ICE ahora tendrá que perseguir con más dificultad en situaciones más peligrosas, todo debido a la acción irresponsable de una alcaldesa", dijo, y agregó que "[las acciones de Shaff] apoyan a quienes incumplen nuestras leyes y valientemente validan la ilegalidad".

Sessions afirmó que la advertencia de Schaaf había puesto en riesgo la vida de los agentes del ICE que llevaron a cabo redadas al estilo de la Gestapo en vecindarios de inmigrantes y en sus lugares de trabajo, ya que sus víctimas habían sido notificadas con anticipación. En realidad, no hubo resistencia significativa a los agentes de ICE y no se ha informado de una sola lesión.

La Administración de Trump va detrás de tres leyes promulgadas por el cuerpo legislativo estatal el otoño pasado y promulgadas por el gobernador Jerry Brown y entraron en vigencia el 1 de enero del 2018.

El proyecto de ley estatal 450 prohíbe que las empresas proporcionen información al ICE, la principal agencia federal para detener y deportar a inmigrantes indocumentados fuera de la zona fronteriza, a menos que los agentes del ICE obtengan una orden. El proyecto de ley 103 contempla inspecciones estatales de las instalaciones de detención de inmigrantes operadas bajo contrato con el Departamento de Seguridad Nacional federal. Finalmente, el proyecto de ley 54 del Senado estatal limita la información que la policía estatal y local y los funcionarios de prisiones pueden compartir con el ICE y hace que sea más difícil trasladar a los presos directamente de las cárceles estatales y locales a las instalaciones del ICE.

"Las disposiciones de la ley estatal en cuestión tienen el propósito y el efecto de hacer que sea más difícil para los funcionarios de inmigración federal llevar a cabo sus responsabilidades en California", escribieron los abogados del Departamento de Justicia. "La Cláusula de Supremacía no permite que California obstruya la capacidad de Estados Unidos de hacer cumplir las leyes que el Congreso ha promulgado ni tomar medidas que le encomienda la Constitución".

Los funcionarios del estado de California, por su parte, dicen que las leyes solo evitan que el Gobierno federal ordene a policías estatales y locales al servicio del ICE, lo que obliga a los Gobiernos estatales y locales a asumir el costo de la aplicación de las leyes federales de inmigración. Este argumento va dirigido a convencer a la mayoría derechista de la Corte Suprema de EUA, la cual ha dictaminado que el Gobierno federal no puede "secuestrar" recursos estatales para fines tales como proporcionar atención médica a los pobres.

La demanda del Departamento de Justicia afirma que las leyes de California son inconstitucionales porque la Constitución reserva poder sobre la inmigración al Gobierno federal. Este es el mismo reclamo que hizo el Gobierno de Obama cuando demandó al estado de Arizona por promulgar reglas más restrictivas contra los inmigrantes indocumentados, como obligar a la policía local a verificar el estado migratorio en arrestos o incluso por violaciones de tráfico.

Los papeles legales se han invertido. En el caso de Arizona, la facción más abiertamente antidemocrática, la cual controlaba el Gobierno estatal, afirmó que simplemente estaba ayudando y complementando la aplicación de la ley federal de inmigración, no usurpándola. La Corte Suprema finalmente anuló partes de la ley de Arizona como la usurpación inconstitucional de la autoridad federal.

Aquellos que defendían los "derechos del estado" en el caso de Arizona ahora están clamando por la autoridad federal y la supremacía de las agencias federales sobre las agencias estatales, ya que el Gobierno estatal de California ha adoptado un enfoque más permisivo que restrictivo para los inmigrantes indocumentados.

Sin embargo, los casos son diferentes, dado que las leyes estatales no prohíben a los funcionarios federales migratorios tomar medidas, simplemente requieren un procedimiento estándar más estricto antes de que los funcionarios estatales o locales proporcionen información o acceso a los agentes federales.

Las declaraciones de Sessions se produjeron después de una serie de intimidaciones presentadas por el director del ICE, Thomas Homan, quien dijo que los funcionarios estatales que promulgaran leyes santuario deberían ser encarcelados. Al mismo tiempo, Homan ha intensificado y publicitado agresivamente las redadas de los lugares de trabajo y otras áreas públicas, así como cientos de hogares, tanto en el norte como en el sureste de California.

Los políticos demócratas estatales como el gobernador Jerry Brown y el fiscal general Xavier Becerra denunciaron la demanda federal y las acciones reforzadas del ICE en todo el estado. Los demócratas le dan la bienvenida a una confrontación en la que pueden postularse como amigos de los inmigrantes, en un estado de "minoría mayoritaria" cuyo grupo de población más grande es el hispano.

La postura de simpatía de los demócratas hacia los inmigrantes que son objeto de detención y deportación es completamente cínica. Ni Brown, Becerra, ni otros funcionarios del Partido Demócrata plantearon objeciones cuando el Gobierno de Obama deportó a más inmigrantes indocumentados que cualquier otra Administración en la historia de Estados Unidos.

Los líderes demócratas del Congreso como la líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el líder de la minoría del Senado, Charles Schumer, así como destacados liberales como los senadores Bernie Sanders y Elizabeth Warren, han declarado repetidamente su apoyo a medidas de "seguridad fronteriza", incluyendo a la aprobación del virtual equivalente al muro de Trump en la frontera entre Estados Unidos y México, siempre que se utilice otra terminología.

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[28 febrero 2018]

(Artículo publicado originalmente en inglés el 8 de marzo de 2018)