Protestas han estallado en toda Cataluña después de la sentencia del Tribunal Supremo la semana pasada que ordenaba enjuiciar a 25 dirigentes secesionistas, incluyendo al ex presidente catalán Carles Puigdemont, acusados de rebelión, desacato y malversación.

Las protestas se toparon con represalias policiales sangrientas. El domingo, manifestaciones organizadas por los Comités para la Defensa de la República (CDR), controlados por el partido pseudo-izquierdista Candidaturas de Unidad Popular (CUP), llevaron a enfrentamientos que dejaron casi 100 personas heridas. La policía regional catalana empujó y golpeó a manifestantes con porras para impedirles avanzar hacia la sede de la representación del gobierno de Madrid en Barcelona.

A lo largo de la semana, la policía regional intervino repetidamente para echar a manifestantes que bloqueaban las principales autopistas con barricadas en llamas.

En Barcelona, manifestantes han intentado cortar la Diagonal, una de las principales arterias de la ciudad, con pancartas que ponían “Libertad para los presos políticos” y “¡Huelga general!”.

Puigdemont, que huyó de España en octubre pasado después de la declaración de independencia, fue arrestado bajo una Orden Europea de Arresto en Alemania el domingo. Se enfrenta a ser extraditado a España y a 30 años de cárcel. La Policía Nacional española desde entonces ha arrestado a dos policías catalanes (mossos) y a un historiador que acompañaban a Puigdemont y los acusó de encubrimiento, lo que conlleva una sentencia de tres años de cárcel.

Las 25 personas incriminadas incluyen a 13 ex ministros del gobierno regional de Puigdemont. Entre los acusados están el ex vicepresidente Oriol Junqueras, la ex presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, y cinco miembros de su mesa. Luego están el secretario general del principal partido secesionista, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Marta Rovira, los ex directores de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Omnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, y dos miembros de las Candidaturas de Unidad Popular (CUP) —Mireia Boya y Anna Gabriel—.

El miércoles, el juez Antonio Baños López y un tribunal catalán de Cornellà de Llobregat enviaron su investigación de supuestos delitos de sedición por parte de siete jefes de los mossos al Tribunal Supremo nacional de Madrid.

El ex jefe de la policía catalana, Josep Lluis Trapero, ya está siendo investigado por el Tribunal Supremo por sedición. Baños López acusó a toda la conducción de los mossos de actuar probablemente “con la intención de atacar directamente la forma de gobierno de la nación, no limitada a una jurisdicción sino a lo largo de toda la comunidad autónoma de Cataluña”.

El gobierno del Partido Popular español (PP) dirigido por Mariano Rajoy deliberadamente inflamó la crisis en Cataluña instigando su ataque contra los políticos secesionistas.

Hasta que se tomó esta medida, la élite gobernante catalana había capitulado a cada paso desde que se declarara la independencia en octubre pasado y Rajoy respondió imponiendo el artículo 155 de la Constitución destituyendo al gobierno de Puigdemont y asumiendo el control de la comunidad autónoma.

Los secesionistas apoyaron las elecciones anticipadas fraudulentas impuestas por Madrid en diciembre pasado para llevar al poder un gobierno favorable a Madrid. Y en cuanto las ganaron con una leve mayoría, el partido Junts per Catalunya (JxCat) de Puigdemont y ERC abandonaron su declaración unilateral de independencia.

El último candidato que se postuló para presidente de la comunidad, el antiguo portavoz del gobierno Jordi Turull —actualmente en prisión— ni siquiera mencionó la idependencia como un objetivo en su discurso programático la semana pasada.

Antes de ser arrestado, Puigdemont, hablando en un festival de cine sobre los derechos humanos en Ginebra, sugirió que la independencia no era la única opción: “Tal vez el modelo suizo sea el más eficiente y atractivo”, dijo.

Otros han renunciado a sus cargos políticos, y declararon que el voto por la independencia fue meramente simbólico y repitieron sus llamamientos al “diálogo”.

Su postración abyecta demostró que su principal preocupación siempre fue arrancar concesiones al gobierno central, comparables a las que ya se le han concedido al País Vasco, para facilitar el desarrollo de Cataluña como una plataforma de inversión de bajos impuestos y salarios para las principales corporaciones y bancos.

Sin embargo, esto solo ha envalentonado a Rajoy para proseguir con más medidas represivas como un medio para construir un régimen autoritario.

La intensificación del conflicto catalán por parte de Rajoy es una expresión de la naturaleza avanzada de los preparativos para un Estado policial, en medio de las tensiones sociales agudas reveladas en protestas masivas a escala nacional de los jubilados, enfrentamientos en Madrid entre la policía e inmigrantes después de la muerte de un vendedor callejero, y huelgas como las que organizaron recientemente los obreros de Amazon. Una posición de mano dura, en la que Rajoy asume la posición de un hombre fuerte de la nación a imagen de Franco, se considera esencial para la supervivencia de su gobierno en minoría, azotado por casos de corrupción endémica y, según los sondeos más recientes, en peligro de quedar permanentemente eclipsado por Ciudadanos como el principal partido de la derecha.

Bajo condiciones de una crisis económica y política creciente, las clases dirigentes en un país tras otro están buscando pretextos o alimentando provocaciones para desplazarse cada vez más abiertamente hacia formas de gobierno autoritarias y dictatoriales para reprimir la creciente oposición social y política. Sin embargo, Rajoy no podría seguir adelante con sus planes si no fuera por la confabulación activa o la aquiescencia de lo que pasa por ser la izquierda en Cataluña y en España.

En Cataluña, la CUP y los Comités por la Defensa de la República, y varios grupos que orbitan a su alrededor tales como Izquierda Revolucionaria, Corriente Revolucionaria de los Trabajadores y Lucha de Clases, han exigido una “huelga general”. Pero esos llamamientos han caído en oídos sordos en el cinturón rojo de Barcelona, donde muchos son hablantes de castellano y son hostiles a la secesión. Se desconfía de la CUP y otros precisamente por su promoción del nacionalismo, que por lo tanto bloquea cualquier movimiento independiente de la clase trabajadora contra intentos de azuzar a los trabajadores hablantes de castellano contra los hablantes de catalán, unos contra otros.

En España, millones de trabajadores y de jóvenes, escandalizados por el fortalecimiento de un Estado autoritario, se han enfrentado a los esfuerzos continuados del pseudo-izquierdista Podemos para desmovilizar toda oposición al PP cercando a los trabajadores y a los jóvenes tras una política de presionar a Madrid y a Barcelona para empezar negociaciones, mientras Rajoy seguía con su política de represión.

El domingo pasado, la portavoz de Podemos Irene Montero otra vez hizo un llamamiento al diálogo, afirmando que la vía judicial “no facilitará un resultado positivo y una solución duradera ni para España ni para Cataluña... incluso en estos tiempos difíciles tenemos que encontrar el camino hacia el diálogo y la negociación”.

Ahora Podemos se está preparando para estrangular las numerosas protestas que están siendo convocadas en los meses venideros en defensa de la atención sanitaria pública, contra el empleo precario y la pobreza, jubilaciones más altas y por la renta básica. En palabras del Secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, “El papel de Podemos tiene que ser apoyar las movilizaciones y formular políticas públicas para que los temas que plantean las protestas en las calles se vuelvan trabajo institucional”.

El Partido Socialista (PSOE), al que Podemos apela para dirigir la formación de un “gobierno de izquierdas”, fue todavía más claro en lo que pensaba acerca de las recientes protestas contra el arresto de Puigdemont y el encarcelamiento de los dirigentes catalanes. Ayer, el Secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, describía los Comités para la Defensa de la República catalanes como el “embrión de una Kale Borroka”.

Los comentarios de Ábalos son parte de una campaña montada por la prensa de la derecha para justificar sus planes para reprimir más en Cataluña y en toda España. Kale Borroka significa “lucha callejera” en euskera y se refiere a las acciones de la guerrilla urbana llevadas a cabo por jóvenes nacionalistas vascos alineados con el grupo armado pequeño-burgués ETA en las décadas de 1980 y 1990. Sus acciones más comunes incluían ataques a las sedes de los partidos políticos, prender fuego a coches, atacar viviendas, destruir cajeros automáticos, sedes de bancos y transporte público y protagonizar disturbios usando cócteles molotov. Contra tales fuerzas insurgentes, España tiene vastos antecedentes de represión brutal.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 30 de marzo de 2018)