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Los demócratas dan luz verde a la creciente guerra de Trump contra los inmigrantes

Sin ninguna oposición del Partido Demócrata y poca atención en los medios corporativos, el presidente Donald Trump y sus asesores fascistas están silenciosamente llevando a cabo el giro hacia la derecha más dramático del último siglo en la política migratoria de Estados Unidos. Están sentando las bases para redadas masivas y la brutalización de cientos de miles de inmigrantes en una red en expansión de campos de internamiento en todo el país.

El jueves pasado, la Administración de Trump anunció una serie de nuevas políticas. El primer cambio de política se dirige a los pobres y la clase trabajadora al impedir que los inmigrantes que hayan utilizado una amplia gama de programas sociales reciban residencia legal permanente.

Antes a los inmigrantes se les negaba la residencia permanente por haber usado programas donde se les paga en efectivo, pero el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, todas las siglas en inglés) anunció un cambio el jueves que agrega casi todas las formas de apoyo gubernamental a la lista de servicios prohibidos, incluyendo programas no monetarios como cupones de alimentos, el seguro de salud Medicaid, el Programa de Seguro de Salud para Niños (CHIP), los programas de alimentos para mujeres y bebés (WIC), almuerzos escolares, asistencia de vivienda y calefacción, subsidios de atención médica y el crédito tributario por ingresos, que es utilizado por aproximadamente el 20 por ciento de la población.

Cualquier inmigrante que use un programa social será etiquetado como una "carga pública" y no será elegible para recibir un estatus legal. Los padres inmigrantes serán penalizados incluso si sus hijos ciudadanos estadounidenses usan programas sociales a los que tienen derecho legalmente.

Como resultado de este cambio de política, cientos de miles o millones de trabajadores se quedarán sin comida, atención médica, vivienda y otras necesidades básicas por temor a la deportación. La estrategia de la Administración de Trump es crear una subclase permanente de personas profundamente empobrecidas que puedan ser chivos expiatorios por los males de la sociedad.

La Administración también anunció el jueves que requerirá que todos los solicitantes de visas presenten sus registros de redes sociales que datan de hace cinco años para determinar si son admisibles a EUA. Esta política permitirá a los funcionarios de inmigración negar visas a los solicitantes con opiniones políticas de izquierda.

El Gobierno también anunció planes la semana pasada para incluir una pregunta en el censo estadounidense del 2020 que requerirá a las personas declarar si son ciudadanos. Este cambio les dará a la policía, a los militares y a las agencias de deportación un mapa de dónde viven las personas indocumentadas, creando la posibilidad de redadas masivas y coordinadas para acorralar a los inmigrantes.

La Administración también está promulgando una serie de cambios de política que sistematizan el abuso en el sistema de detención de inmigrantes. El jueves, el ICE anunció que detendrá a las inmigrantes embarazadas capturadas por dicho organismo o por los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

El otoño pasado, la Administración de Trump luchó para negarles a los inmigrantes detenidos el acceso al aborto, incluso en los casos en que la inmigrante había sido violada por contrabandistas. De acuerdo con los recuentos oficiales, 506 mujeres embarazadas han sido detenidas desde diciembre del 2017. El Gobierno también ha dividido a las familias detenidas al trasladar a padres e hijos inmigrantes a diferentes instalaciones.

Trump ha desatado elementos fascistas dentro del ICE y el CBP que están involucrados en el maltrato general de inmigrantes detenidos. En diciembre, ICE encadenó a 92 somalíes juntos por sus muñecas, piernas y cinturas en un vuelo de deportación durante más de 40 horas, obligándolos a orinarse sobre sí mismos. Según un informe del 4 de marzo en Intercept, los agentes del ICE golpearon y amenazaron a los inmigrantes. Cuando el Gobierno somalí se negó a aceptar a los deportados, los agentes los llevaron a centros de detención de inmigrantes en Florida y continuaron golpeándolos, llamándolos "nigger" y "boy" (diminutivos racistas) y prometiendo "enviarlos de vuelta a la jungla".

Un informe reciente de un grupo de organizaciones sin fines de lucro documentó las palizas de rutina y el abuso sexual a inmigrantes en un centro de detención en el oeste de Texas. Un inmigrante dijo que fue "puesto en confinamiento solitario, donde me obligaron a tumbarme boca abajo en el suelo con las manos esposadas a la espalda mientras el guardia me pateaba repetidamente en las costillas ... Cuando le dije, 'contratare a un abogado para demandarte’, el respondió, ‘Tenemos suficiente dinero’".

Cuando los periodistas del World Socialist Web Site visitaron la Instalación de Detención del Oeste de Texas, un empresario local se jactó de que la policía local "nos dejan dispararles a los inmigrantes y lanzar sus cuerpos al lecho del río".

La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó este año que los inmigrantes no tienen derecho a una fianza, lo que significa que miles más enfrentarán una detención indefinida en estos infiernos.

En marzo, los demócratas se unieron a los republicanos para aprobar un proyecto de ley de gastos de 1,3 billones de dólares que fortalece el marco para las detenciones y deportaciones masivas que incluye:

  • Un aumento del 10 por ciento ($641 millones) en fondos para el ICE.
  • Otorgar a la Administración de Trump el derecho de asignar fondos para ampliar el número de camas en los centros de detención de inmigrantes "según sea necesario para garantizar la detención de los extranjeros priorizados para su expulsión".
  • $1,6 mil millones para la construcción del muro y la militarización de la frontera, incluyendo $251 millones para construir un segundo muro en San Diego y $263 millones para "la planificación, el diseño y la tecnología" para muros militarizados futuristas.
  • Contratar a cientos de agentes de CBP.

Los demócratas votaron por el proyecto de ley 39-8 en el Senado, en comparación con los republicanos que apenas lo apoyaron (votando 25-23), sobre la base de que no era lo suficientemente reaccionario.

El acuerdo no incluye protección para los 1,8 millones de personas elegibles para la protección de deportación bajo el programa de Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA). Aunque el programa se venció el 5 de marzo, los beneficiarios pueden renovar sus protecciones bajo DACA mientras el pleito se desarrolla en los tribunales federales.

Los demócratas se rehusaron explícitamente a incluir a DACA como una demanda en las negociaciones presupuestarias. Desde el 6 de marzo, el día posterior al vencimiento de DACA, los demócratas han tomado una decisión deliberada de ignorar el problema. En los cientos de publicaciones en Twitter de los líderes demócratas Charles Schumer, Nancy Pelosi, Barack Obama, Bernie Sanders, Elizabeth Warren y Joe Biden desde el 6 de marzo, solo dos tuits hacen referencia a DACA.

Los reclamos de los demócratas de apoyar a los inmigrantes son una farsa. El Partido Demócrata expresó sus prioridades reales durante las negociaciones presupuestarias en febrero en una carta a los líderes republicanos firmada por Pelosi, Schumer, Steny Hoyer y otros. Refiriéndose al "presidente ruso y sus agentes", la carta de los demócratas afirmaba que "los elementos más esenciales de la democracia de Estados Unidos están siendo atacados por un adversario extranjero y el Congreso debe responder de inmediato”.

Los demócratas exigieron invertir $300 millones para que el FBI pueda "contrarrestar la influencia de actores extranjeros hostiles que operan en EUA, especialmente operadores rusos que operan en nuestras redes sociales", en otras palabras, para censurar el Internet y prohibir opiniones e información antiguerra y de izquierda.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 31 de marzo de 2018)

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