Durante la última semana, cientos de soldados de la Guardia Nacional se han reunido a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México para ayudar a la Administración de Trump a llevar a cabo su campaña para detener a los inmigrantes indocumentados que intentan cruzar a Estados Unidos. Al mismo tiempo, el Departamento de Justicia ha realizado cambios sustanciales en el sistema judicial de inmigración a fin de reducir los derechos de los inmigrantes y agilizar el proceso de deportación.

Solo una semana después de que el presidente Donald Trump anunciara el despliegue de hasta 4.000 miembros de la Guardia Nacional en la frontera sur, ya se han desplegado cientos de soldados en los cuatro estados situados a lo largo de la frontera con México.

Para el martes, el gobernador de Arizona Doug Ducey ya había reunido a 338 soldados de la Guardia Nacional de Arizona a lo largo de la frontera con México, mientras que Nuevo México ha desplegado hasta 80 guardias nacionales y planea enviar un total de 300.

Para fines de la semana pasada, Texas había enviado 250 tropas de la Guardia Nacional a la frontera con México. El gobernador Greg Abbott anunció el lunes que planea desplegar 300 soldados cada semana hasta que haya al menos 1.000 miembros de la Guardia Nacional patrullando la frontera sur en su estado.

Por su parte, California también respaldará el despliegue de la Guardia Nacional tras el anuncio del gobernador demócrata, Jerry Brown, el martes de que el estado desplegaría 400 soldados bajo el pretexto fraudulento de "combatir organizaciones criminales transnacionales" al tiempo que afirmaba que las fuerzas no tendrían se involucrarían en deportaciones. Sin embargo, en realidad, el despliegue está diseñado para liberar los recursos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) para que puedan enfocarse en su campaña de terror contra las comunidades de inmigrantes de California.

Junto con la acumulación de fuerzas de la Guardia Nacional a lo largo de la frontera con México, el Departamento de Justicia silenciosamente procedió a implementar cambios drásticos en el sistema judicial de inmigración la semana pasada, diseñados para restringir aún más los derechos legales de los inmigrantes y acelerar el ritmo de las deportaciones.

La semana pasada, la Oficina Ejecutiva para la Revisión de casos de Inmigración del Departamento de Justicia anunció que impondrá una cuota de 700 casos que los jueces de inmigración tendrán que procesar anualmente y la evaluación del desempeño según la rapidez con que se cierren los casos. Este es un esfuerzo transparente para agilizar el proceso de deportación para inmigrantes indocumentados. El sistema de tribunales migratorios actualmente tiene un atraso de 685.000 casos, que el fiscal general Jeff Sessions espera reducir haciendo más difícil que los inmigrantes presenten evidencia para su defensa.

El objetivo oculto de la nueva política es alentar a los jueces a aprobar las órdenes de deportación para cumplir con su cuota, en lugar de considerar cuidadosamente las circunstancias familiares o de otra índole que de otro modo conducirían a una resolución favorable para el acusado. Los inmigrantes que enfrentan un tribunal de inmigración ya no tienen virtualmente ninguno de los derechos otorgados bajo un procedimiento judicial normal.

De hecho, los tribunales de inmigración en Estados Unidos están separados de la rama judicial del Gobierno federal, que es constitucionalmente independiente de las ramas ejecutiva y legislativa. En cambio, los tribunales de inmigración caen directamente bajo el control del Departamento de Justicia, dando al Fiscal General y por extensión a la Administración de Trump reinado libre para cambiar las reglas y procedimientos para alinear mejor a la burocracia de las cortes migratorias con el programa de tendencia fascista y antiinmigrante del Gobierno.

En un nuevo ataque a los derechos democráticos de los inmigrantes, el Departamento de Justicia anunció el jueves que está poniendo fin al Programa de Orientación Legal para los acusados en un tribunal de inmigración. Los inmigrantes indocumentados no tienen derecho a representación legal gratuita durante los procedimientos judiciales de inmigración, sino que reciben una descripción general del proceso judicial de inmigración y sus derechos antes de la audiencia en el marco del programa.

El Departamento de Justicia alegó que la finalización del Programa de Orientación Legal es una medida temporal para permitir una revisión de la efectividad del programa. Sin embargo, esta justificación está lejos de ser creíble dado el chovinismo antiinmigrante de Trump, Sessions y la Administración en general.

Tampoco hará que el proceso judicial de inmigración sea más eficiente. Un informe del 2012 de la Oficina Ejecutiva para la Revisión de casos de Inmigración encontró que los inmigrantes que recibieron los servicios del programa antes de su audiencia pasaron 11 días menos en detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y completaron sus procedimientos 16 días antes que los que no, ahorrando $18 millones al año, además reduciendo el trauma que viven los inmigrantes bajo la detención del ICE.

Los jueces de inmigración ahora tendrán la tarea de informar a los inmigrantes sobre sus derechos y una visión general de los procedimientos. Dadas las nuevas presiones que se les imponen para cumplir con su cuota y acelerar el cierre de casos, el resultado final será que los inmigrantes a menudo no conocerán sus derechos legales y, por lo tanto, no podrán defenderse contra la deportación.

El verdadero motivo detrás de los cambios radica en el hecho de que el programa representa una amenaza para la campaña de terror estatal contra las comunidades de inmigrantes en Estados Unidos. Los inmigrantes que no estén informados de sus derechos tienen menos posibilidades de defenderse ante un tribunal o de denunciar las condiciones abusivas en los centros de detención del ICE.

Las nuevas restricciones de la Administración de Trump sobre los derechos de los inmigrantes representan un esfuerzo por dejar de lado la semblanza de un proceso legal debido y la legitimidad legal que durante mucho tiempo han cubierto el sistema antidemocrático de los tribunales de inmigración, mientras que la Administración y los funcionarios estatales intensifican las redadas de inmigración y aterrorizan a las comunidades de inmigrantes.

Mientras tanto, los funcionarios del Partido Demócrata han mantenido silencio sobre la escalada de los ataques contra los inmigrantes, lo que subraya una vez más el carácter engañoso de su postura como defensores de los derechos de los inmigrantes.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 16 de abril de 2018)