Nicaragua vivió manifestaciones multitudinarias este lunes en protesta de un decreto ejecutivo que recortó las pensiones drásticamente y que obliga a los trabajadores y empleadores a contribuir más a un Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) casi en quiebra. Las protestas crecieron todavía más después de que el presidente Daniel Ortega, el viejo comandante del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), canceló la reforma de pensiones propuesta demandada por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Después de casi una semana de protestas, la Cruz Roja reportó 428 heridos, mientras que ONGs antigubernamentales indicaron el domingo que habían fallecido 27 personas.

Las manifestaciones comenzaron el miércoles pasado con marchas de pensionados y estudiantes universitarios en Managua y León. Durante los siguientes días, las protestas se extendieron a otras de las principales ciudades y pueblos en todo el país y aumentaron en tamaño y militancia en respuesta a la mortal represión de las fuerzas estatales. Los grupos de la Juventud Sandinista han funcionado como grupos de choque progubernamentales, infligiendo violencia contra los manifestantes.

Después de criminalizar las protestas y amenazar con escalar la represión el sábado, Ortega se doblegó el domingo y convocó una negociación con las organizaciones empresariales, los sindicatos y la Iglesia Católica.

La derecha está interviniendo en las manifestaciones para calmar las tensiones sociales y bloquear el crecimiento de la oposición contra el Gobierno capitalista de Ortega. A pesar de que la reforma del FMI buscaba volver a Nicaragua más atractiva para las inversiones de Wall Street y el capital extranjero —algo que la principal organización empresarial, el Cosep, aprueba— las grandes empresas tienen desacuerdos con la manera en que el plan fue implementado.

En primer lugar, se opusieron a las medidas del INSS desde la derecha, exigiendo menores contribuciones para la patronal. En segundo lugar, temen que la medida fue introducida en una manera provocativa y, consecuentemente, han movilizado un esfuerzo de plena escala para contener a oposición de la clase obrera, incluyendo una huelga patronal el lunes y urgiendo a los trabajadores para que participaran en la marcha en la capital, Managua, contra la reforma. Cosep ha colaborado estrechamente con el FSLN en política económica desde que Ortega regresó al poder en el 2007, pero ahora está buscando encauzar las manifestaciones para obtener concesiones proempresariales de parte del Gobierno.

Después de la cancelación temporal del decreto, la prensa oficial del FSLN ha clamado que “todo ha vuelto a la normalidad”, pero estas no han sido más que meras ilusiones.

Las tensiones siguen a flor de piel. Las demandas de las protestas de universitarios y manifestantes por todo el país se han ampliado para incluir que el Gobierno detenga la represión estatal. El domingo por la noche, la policía reprimió brutalmente a estudiantes en la Universidad Politécnica (Upoli) en Managua. Los estudiantes han formado barricadas para defenderse de los antimotines y de los grupos oficialistas. El incidente dejó a cuatro estudiantes fallecidos. Los llamamientos populares para expulsar al Gobierno de Ortega están ganando ímpetu.

Las autoridades, por su parte, describieron la represión en la Upoli como “enfrentamientos entre pandillas” y negaron que hubiera una presencia policial en el momento. Además, anunciaron la muerte de un segundo oficial de policía, que ocurrió el sábado, lo que da una señal de que la cifra de muertes podría continuar creciendo.

El lunes, miles con banderas de Nicaragua se unieron a la manifestación organizada por el Cosep, marchando hacia la Upoli para acompañar a los estudiantes.

El Gobierno desplegó el ejército en distintas áreas después de que edificios estatales y del FSLN fueran atacados e incendiados el viernes por la noche. Un vocero del ejército anunció el lunes que, a partir de esa mañana todas las “áreas vitales” de Managua iban a estar ocupadas, incluyendo las principales carreteras hacia la ciudad, presumiblemente para prevenir cortes de ruta. Las clases han estado canceladas desde el viernes hasta próximo aviso y la embajada de EUA les ordenó a las familias de sus funcionarios a dejar el país.

El Departamento de Estado de EUA emitió su primer comunicado de prensa sobre las protestas, condenando la violencia “de la policía y otros contra civiles” y urgiendo a la calma. El lunes, tres de los congresistas estadounidenses que introdujeron el proyecto de la Ley de condicionalidad de inversiones (“Nica Act), encabezados por la republicana Ileana Ros-Lehtinen, denunciaron la represión y llamaron al Senado a discutir el proyecto de ley, el cual cortaría el acceso de Nicaragua a créditos de instituciones financieras internacionales hasta que “tome pasos significativos hacia restaurar el orden democrático”.

Estas maquinaciones imperialistas, sin embargo, no tienen nada que ver con respetar los derechos democráticos. Estados Unidos ha orquestado innumerables golpes de Estado, llevado a cabo invasiones para instalar regímenes títeres y ha llevado a cabo fraudes electorales en toda la región a favor de gobernantes pro Wall Street. Más recientemente, EUA respaldó el fraude electoral y la represión sangrienta del régimen de escuadrones de la muerte en Honduras en noviembre pasado, que dejó hasta 30 protestantes muertos.

La principal preocupación de Washington es que la burocracia sandinista ha buscado estrechar lazos tanto con EUA como con sus dos principales rivales, Rusia y China. Por ejemplo, recientemente, el ejército nicaragüense ha realizado ejercicios militares con tropas estadounidenses y rusas y ha solicitado a ambos países a reabastecer su equipamiento.

A medida que EUA intensifica su confrontación global contra Rusia y China, está aumentando su presión sobre el Gobierno de Ortega para que ceda ante las demandas de EUA de que socave la influencia de sus rivales en Centroamérica. De esta forma, las secciones de la élite nicaragüense más alineadas con el imperialismo estadounidense, como la oposición del Frente Amplio por la Democracia (FAD), han utilizado protestas de masas auténticas contra los recortes de pensiones como un medio para avanzar esta agenda proimperialista.

Esta realidad fue puesta de relieve con la muerte del periodista Ángel Gahona, cuya muerte quedó grabada en Facebook Live el sábado. Gahona administraba un programa local de noticias en Bluefields, donde estaba cubriendo las protestas contra la reforma del INSS en el momento en que recibió un disparo en la cabeza, aparentemente por un francotirador.

El Gobierno afirma que Gahona trabajó para el oficialista Canal 6 y que lo mataron “grupos criminales de la derecha vandálica”. Sin embargo, la esposa y colega de Gahona le dijo a la BBC que había sido un blanco por reportar la represión. Otra periodista, Ileana Lacayo, quien estaba en la escena, se presentó como una “organizadora de las protestas” junto a Gahona y declaró a 100%Noticias, un canal censurado por el Gobierno, que las mismas fuerzas estatales fueron responsables de su muerte.

Ileana Lacayo se identifica en las redes sociales como periodista para el programa Community Action for Reading and Security (CARS; Acción comunitaria para la lectura y la seguridad), el cual, junto a un programa similar llamado CARSI, son los principales recipientes de dinero de USAID en lo que va del 2018 (cerca de $1 millón cada uno), supuestamente para ayudar a jóvenes en riesgo. Sin embargo, Lacayo buscó separar su propia “marcha pacífica” de las protestas “independientes” y enojadas del sábado por la juventud en Bluefields, localizado en la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur. Es probable que elementos pro-Washington cercanos al Cosep estén también involucrados en las manifestaciones para tomar ventaja de la oposición auténtica contra las reformas jubilatorias, canalizando las protestas en una dirección derechista.

Sin duda, las manifestaciones son de un carácter popular e izquierdista. Los estudiantes han denunciado que sus familiares mayores que ya reciben un ingreso miserable, en promedio de alrededor de $150 por mes, que iba a ser recortado 5 por ciento (junto con recortes para pensiones futuras de 12 por ciento. El FSLN continúa demostrando que es un defensor de los intereses de la burguesía nacional y un colaborador del imperialismo estadounidense.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 24 de abril de 2018)