El secretario Ben Carson del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos presentó la semana pasada su “Ley de vivienda asequible y funcional del 2018” (Making Affordable Housing Work Act of 2018), la cual pregona la destitución de los hogares más pobres que reciben asistencia federal para la renta y que tienen virtualmente todos un ingreso menor a $7.000 al año. Alrededor de 1,7 millones de personas, incluyendo a 1 millón de niños, se enfrentarían a una posible evicción y a no tener techo.

El hogar promedio que se vería afectado es el de una madre soltera con dos hijos, con un salario anual de $2.400, o solo $200 al mes. Después de pagar la renta, de acuerdo con esta propuesta, esa familia se quedaría con solo $48 al mes para cubrir necesidades como ropa, pañales, útiles escolares y la comida y medicinas que no estén cubiertas por otra asistencia.

La propuesta triplicaría forzosamente la renta mínima para hogares con un adulto menor de 65 años de edad a $152 al mes; aumentaría la renta del 30 al 35 por ciento de sus ingresos brutos; y permitiría que las autoridades pertinentes locales impongan requisitos laborales para aquellos que reciben los beneficios.

El sádico plan de Carson es tan solo el más reciente de los ataques propuestos o emprendidos contra los estadounidenses más vulnerables y empobrecidos a nivel federal o estatal. Le sigue los talones a una orden ejecutiva del presidente Trump ordenando a los secretarios de los seis departamentos federales que busquen formas nuevas para eviscerar los programas existentes e imponer requisitos laborales para Medicaid, los cupones de comida, la asistencia para la calefacción doméstica, la ayuda para vivienda y las prestaciones sociales.

Además de los recortes a la asistencia para vivienda, otros programas que están en la mira incluyen:

• Medicaid: los Centros para servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés) bajo Trump les han dado gran latitud a los estados para imponer requisitos laborales para Medicaid, el programa de seguro médico para los más empobrecidos que es administrado conjuntamente por el Gobierno federal y los estados. Alrededor de 1,7 millones de los 67 millones de personas que cubre el programa se verían afectados por los requisitos laborales ahora siendo impuestos o planeados en 10 estados.
• Cupones de comida: los republicanos han propuesto requisitos laborales para el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), comúnmente conocido como los cupones de comida, dentro de un proyecto de ley sobre agricultura en el Congreso. De ser promulgada la ley, alrededor de dos millones perderían parte o todo de sus beneficios alimentarios. Los benefactores actuales de SNAP más propensos a sufrir recortes son los hogares con miembros que trabajan, pero salarios tan bajos y tan pocas horas que califican para asistencia alimentaria.

La campaña de la burguesía para sumir a los trabajadores y a los pobres más profundamente en la pobreza y la desesperación es visto más claramente en el estado de Wisconsin, el cual ha sido la punta de lanza en los ataques contra los cupones de comida. En febrero, se aprobó una legislación prohibiendo a los beneficiarios de SNAP ser dueños de un automóvil valorado en más de $20.000.

El gobernador republicano, Scott Walker, alegó repudiablemente que esa medida aseguraría que “personas con gigantescas mansiones y carros lujosos no estén recibiendo asistencia social cuando los laboriosos contribuyentes de impuestos tienen que pagar la cuenta”. El estado también ha impuestos requisitos laborales para los cupones de comida. Estos pasos redujeron los beneficios de SNAP un 28 por ciento entre el 2013 y el 2017.

En Kentucky, el primer estado en aprobar requisitos laborales para Medicaid, los analistas estiman que uno de cada cuatro beneficiarios de Medicaid que trabaja suficientes horas por año para calificar, atravesará por lo menos un mes en el que no logre alcanzar el requisito estatal, poniendo en riesgo su cobertura médica. Aquellos en mayor riesgo son los trabajadores mal pagados de los servicios de comida, las ventas minoristas y la construcción.

Estos recortes punitivos se están llevando a cabo al mismo tiempo en que las juntas corporativas en todo el país están haciendo brindis por una economía “en auge” y una liquidez cada vez mayor, alcanzando actualmente un nivel sin precedentes, estimado en $2 billones. Varios reportes recientes han mostrado que el ingreso promedio de los CEOs en las 100 corporaciones más grandes alcanzó un máximo de 11 años de $15,7 millones por año, 235 veces el salario promedio de un trabajador. Más temprano este mes, los mayores bancos de Wall Street reportaron ganancias récord para el primer trimestre del 2018.

La afirmación de que no hay dinero para ofrecerles un salario digno a los maestros y proveer escuelas, viviendas, nutrición y seguros médicos adecuados es una mentira. El problema es que la riqueza producida por la clase obrera está siendo robada y acaparada en manos de la oligarquía financiera, la cual controla ambos partidos y gobierna el país.

Estos ataques contra lo que resta del entramado de seguridad social si acaso se han encontrado con un murmullo de oposición del Partido Demócrata, el cual sigue dedicando su atención a la campaña antirrusa y a impulsar una escalada militar en Siria. Su oposición a Trump no tiene nada que ver con el enojo de millones de trabajadores al imprudente militarismo del Gobierno, su arremetida contra los inmigrantes y los derechos humanos, y sus esfuerzos para enriquecer aún más a los oligarcas saqueando lo poco que queda de los programas sociales para los trabajadores y los pobres.

Los demócratas representan a secciones de la élite corporativa y la cúpula militar y de las agencias de inteligencia que considera que Trump es demasiado “benigno” con Rusia y que han puesto en tela de juicio su habilidad para administrar los asuntos globales del imperialismo estadounidense y aplastar el crecimiento de la oposición en la clase obrera en casa.

El año pasado, los demócratas no presentaron una oposición seria a la desorbitante reducción de impuestos para los ricos por parte del Gobierno de Trump. En realidad, apoyan tales medidas. El domingo, haciendo sus rondas usuales en los programas televisivos de entrevistas, ninguno de los demócratas que apareció tenía nada que decir acerca de la intensificación de los ataques contra los programas sociales.

A través de dicha ofensiva, el Gobierno de Trump está extendiendo la contrarrevolución social iniciada por Ronald Reagan en los años ochenta. Esta guerra contra la clase obrera fue continuada por la Administración demócrata de Bill Clinton a partir de 1996, prometiendo acabar con “la asistencia social como la conocemos”, es decir como un programa federal de garantías sin plazo definido, dejando a millones sin un ingreso en efectivo.

El Gobierno de Obama profundizó la guerra contra los trabajadores y los pobres, presidiendo el cierre de miles de escuelas, el despido de cientos de miles de maestros y otros empleados públicos. Su rescate bancario y restructuración de la industria automotriz estuvieron acompañados de una reducción salarial para los obreros, incluyendo un recorte del 50 por ciento para los trabajadores automotores recién contratados. Obama presumió que, bajo su mandato, el gasto discrecional no militar cayó a su menor proporción de la economía desde la Administración de Eisenhower en la década de 1950.

El último asalto contra los programas sociales, pese a estar dirigido inicialmente contra los segmentos más pobres de la población, afecta a toda la clase obrera, la cual está entrando en una nueva etapa de lucha. La rebelión continua de los maestros en estados por todo el país es una señal de que las décadas en que los sindicatos podía suprimir la lucha de clases están llegando a su final.

La clase gobernante está ampliando su reserva de mano de obra barata al obligar a los beneficiarios de Medicaid, de los cupones de comida y asistencia para vivienda a tener que trabajar por salarios de pobreza. Estos trabajadores desesperados y superexplotados son vistos por la élite corporativa como un ariete para truncar la lucha de los trabajadores que busca revertir las décadas de ataques a sus salarios, prestaciones sociales y condiciones laborales.

Los demócratas y los republicanos hablan por distintas facciones de la oligarquía capitalista. Ninguna problemática social que afronta la clase obrera en EUA y alrededor del mundo se puede solucionar sin un ataque frontal contra la riqueza y el dominio político de esta clase gobernante.

Es necesario quebrar el dominio de los oligarcas sobre la sociedad y sobre los enormes recursos que monopolizan para garantizar para toda la población los derechos básicos a una vivienda de alta calidad, un trabajo bien remunerado, un seguro médico, educación y una jubilación segura. La expropiación de la montaña de liquidez de las corporaciones, por ejemplo, pondría a disposición 61 veces el actual presupuesto del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano ($32,6 mil millones).

A fin de implementar esta política, la clase obrera debe organizarse como una fuerza política independiente. Como lo viene demostrando la ola de huelgas docentes, la clase obrera está entrando en lucha. La tarea del Partido Socialista por la Igualdad es construir una dirección revolucionaria y socialista en cada sección de la clase trabajadora, para desarrollar un movimiento político consciente para derrocar al capitalismo, establecer el poder obrero y reorganizar a la sociedad para satisfacer toda necesidad social, no el lucro privado.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 30 de abril de 2018)