El 23 de abril, la Fiscalía del estado mexicano de Jalisco, ubicado en el centro del país anunció que tres estudiantes de cine quienes habían sido secuestrados el 19 de marzo en el suburbio Tonalá de Guadalajara habían sido asesinados y sus cuerpos disueltos en tinas con ácido por miembros del cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG)

Los estudiantes universitarios —Salomón Aceves Gastélum, 25, de Mexicali, Baja California Norte; Jesús Daniel Díaz, 20, de Los Cabos, Baja California Sur; y Marco Ávalos, 20, de Tepic, Nayarit— habían estado trabajando en un proyecto de filme en una casa antiguamente ocupada por un cártel rival. En el momento en que dejaron la casa, miembros del CJNG vestidos como policías locales se los llevaron encañonados a una granja donde fueron interrogados, torturados y luego asesinados.

Una semana antes de que fueran secuestrados, el ejército mexicano había desarmado a 700 policías locales en Tlaquepaque, otro suburbio de Guadalajara a la par de Tonalá, debido a la presunta infiltración de los cárteles.

El incidente en Tonalá es tan solo el más reciente de una serie de desapariciones y asesinatos de trabajadores, jóvenes, periodistas y políticos que involucraron a la policía federal, estatal o al ejército en colusión con los cárteles.

Durante el Gobierno del actual presidente Enrique Peña Nieto, ha habido más de 100.000 homicidios en menos de seis años. Tres mil personas desaparecieron en el estado de Jalisco solo durante el 2017, y más de 200.000 personas han sido asesinadas desde que la “guerra contra el narcotráfico” comenzó hace 11 años bajo el mandato de Felipe Calderón.

El 22 de abril, un día antes del horroroso anuncio de las autoridades jaliscienses, se realizó el primer debate entre los cinco candidatos a la Presidencia de las elecciones de julio —Andrés Manuel López Obrador (“AMLO” del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Ricardo Anaya del Partido Acción Nacional (PAN), José Antonio Meade del oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI) y los dos candidatos “independientes”, Margarita Zavala (la esposa del expresidente Calderón del PAN) y Jaime Rodríguez Calderón (“el Bronco”)—.

Los dos temas para el debate eran precisamente la violencia y la falta de seguridad en el país, por un lado, y la asociada corrupción cuya presencia es generalizada en el Gobierno, la policía y el ejército.

A pesar de la participación de la policía y las fuerzas armadas en masacres, represión y encubrimientos, cuatro de los cinco candidatos glorificaron al ejército, llamando a fortalecer a la policía y al ejército como solución. Uno de los candidatos, el Bronco, demandó una presencia militar en los colegios mexicanos e incluso cortarles las manos a los “delincuentes” —sin clarificar si se refería a ladrones u oficiales corruptos—. “Va en serio”, dijo.

Ante la pregunta de por qué han perdido los mexicanos confianza en los grupos de poder establecidos, ningún candidato hizo mención de los estudiantes de cine desaparecidos ni los otros crímenes que han provocado protestas enfurecidas por todo el país.

López Obrador, quien lleva una ventaja cómoda en las encuestas por ahora, hizo una superficial conexión entre el aumento de la violencia y el incremento de la pobreza y el desempleo juvenil, una posición rechazada por todos los otros. El Bronco demandó la abolición de los programas sociales para los pobres, mientras que Anaya acusó a AMLO de “criminalizar a los pobres”.

Sin embargo, a diferencia de proponer algo serio para la eliminación de la pobreza que subyace la caída en el crimen, López Obrador repitió una y otra vez el lema de su campaña de eliminar la corrupción “como barriendo las escaleras de arriba hacia abajo”. Manifestó que “no hay una banda que robe tanto” como los oficiales corruptos, robándole al gobierno miles de millones de dólares al año.

En esta misma línea, López Obrador fue el único que abordó la pregunta de los moderadores del debate sobre por qué es que el enorme escándalo de corrupción en torno al conglomerado brasileño Odebrecht, el cual ha tumbado a políticos en todo el continente, ha tenido “pocas consecuencias” en México. “No se aclaran las cosas porque están implicados los más altos funcionarios públicos del país”, una referencia al involucramiento del presidente Peña Nieto en el escándalo.

López Obrador llamó demagógicamente a formar una “convención popular” a la cual se invitaría al Papa Francisco para discutir cómo tratar la problemática de los cárteles de drogas.

La crisis económica y social en México—la más prolongada desde la Revolución mexicana hace un siglo— fue apenas abordada por los candidatos. Nunca se refirió a los trabajadores, a los campesinos ni a la desigualdad. Solo hubo menciones pasajeras de las condiciones que enfrentan las comunidades indígenas (por Zavala) y los que viven en la pobreza extrema (Meade), pero sin hacer ninguna recomendación política.

También estuvieron ausentes los efectos sobre la pobreza y el narcotráfico de la posición de México bajo la bota del imperialismo estadounidense, incluyendo el armamento que provee al ejército y a la policía federal de México, la colaboración militar y en inteligencia del Gobierno de Trump con México para vigilar las fronteras al norte y al sur del país, y el rechazo y expulsión de los empobrecidos migrantes por parte de EUA, alimentando así a la pobreza, al narcotráfico y a la violencia.

La semana pasada, cientos de obreros y jóvenes mexicanos marcharon en Guadalajara y otras ciudades para protestar la desaparición y asesinato de los tres estudiantes de cine. Los manifestantes clamaron “¡No son tres, somos todos!” y exigieron poner fin a las desapariciones y a los asesinatos. Las madres de los jóvenes desaparecidos se pronunciaron ante las protestas.

Un grupo de estudiantes entrevistados por el español El País hablaron sobre los niveles de violencia e inseguridad que enfrentan cada día. Un estudiante comentó que cuando un vehículo se detiene cerca, no se puede saber si le pertenece a la policía o al crimen organizado.

En las protestas, muchos cantaban “¡No al carpetazo!”. Varios estudiantes llevaban una manta refiriéndose a los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.

Los estudiantes también exigieron la renuncia del gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, y familias enteras de barrios vecinos se unieron espontáneamente a la protesta.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 3 de mayo de 2018)