Miles de estudiantes y trabajadores marcharon en la capital de Puerto Rico el primero de mayo, e Día Internacional de Trabajador, para protestar por las brutales medidas de austeridad, el cierre generalizado de las escuelas públicas, las reformas laborales a favor de las empresas y otras políticas gubernamentales derechistas. A pesar de los informes de protestas en su amplia mayoría pacíficas, los manifestantes fueron atacados brutalmente por la policía con gases lacrimógenos, aerosol de pimienta, balas de goma y porras. Decenas de personas resultaron heridas.

La violencia policial ha pasado en gran parte sin ser reportada en los medios de comunicación estadounidenses. La mayoría de los informes resaltan las 15 lesiones reclamadas por los agentes policiales del territorio estadounidense. Las imágenes y grabaciones de las escenas del día transmitidas en las redes sociales por trabajadores y jóvenes, revelan una historia muy diferente. Decenas de publicaciones y videos muestran horripilantes escenas de la fuerza abrumadora utilizada por la policía.

Un video publicado en una cuenta de Twitter dirigida por un grupo llamada Pulso Estudiantil muestra a agentes de policía persiguiendo y arrestando a dos estudiantes en una comunidad residencial en la capital. Los estudiantes desarmados son perseguidos por más de 50 oficiales armados, así como por miembros de una fuerza de arresto especial. La policía ingresa por la fuerza a la residencia rebasando a quienes están adentro y que no participaron en la protesta. Una de las estudiantes es forzada al suelo, rodeada por al menos una docena de oficiales. Luego de unos minutos, la policía se la lleva esposada. Ver vídeo.

Otros clips muestran brigadas de oficiales que marchan por las calles de manera militar, aparentemente patrullando vecindarios pacíficos. Se escuchan gritos de “Fuera, Fuera” en el fondo. Ver vídeo.

Decenas de otros mensajes muestran fotos de manifestantes ensangrentados que fueron golpeados por la policía y muchos de ellos arrestados. Algunas personas informaron que la policía ingresó a sus hogares para atacarlos. Ver foto.

La marcha involucró a miles de personas y se llevó a cabo un día de huelga general en toda la isla. En la capital de San Juan, una sección de la marcha se extendía por completo a través de un puente de más de 300 metros que conecta Condado con el Viejo San Juan.

Tal como estaba previsto, varias marchas convergieron en el distrito financiero de San Juan y se dirigieron hacia el edificio Seaborne, hogar de la despreciada Junta de Supervisión y Administración Financiera, que tiene la tarea de supervisar el saqueo de las pensiones y las medidas de austeridad contra los pobres y la clase trabajadora.

La junta consiste en una camarilla de representantes de los bancos y de los intereses de las corporaciones. La conforman siete miembros no elegidos que controlan completamente todas las decisiones financieras en la isla. Fue instituida por la Administración de Obama para garantizar los pagos a los dueños de bonos de los $74 mil millones de deuda que actualmente plagan a la isla.

El plan fiscal más reciente elaborado por la junta incluye recortar las pensiones de los trabajadores del servicio público en un 10 por ciento, eliminar las bonificaciones obligatorias de Navidad, reducir las vacaciones y el tiempo de enfermedad, aprobar nuevas leyes que permiten a las empresas despedir empleados sin tener que demostrar la justa causa, cerrar 280 escuelas públicas más, y privatizar la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). La implementación de estas medidas es una cuestión de vida o muerte para miles de trabajadores. Los economistas predicen que la tasa de pobreza entre los 3,3 millones de habitantes de la isla podría aumentar del 45 por ciento a más del 60 por ciento si se implementan estas medidas.

La policía comenzó su asalto cuando los manifestantes iniciaron su procesión hacia el edificio de la junta financiera. El objetivo del ataque era enviar un mensaje claro: todo el arsenal de la clase dominante se utilizará para defender sus intereses financieros, incluida la violencia física.

No hay una escasez de ira ni de voluntad de lucha entre la clase obrera puertorriqueña. Al igual que los trabajadores en Estados Unidos, los trabajadores en Puerto Rico han soportado décadas de ataques a sus condiciones de vida y servicios sociales.

Además de servir como una importante base de operaciones para las fuerzas armadas de Estados Unidos, la economía de la isla se ha deteriorado deliberadamente para proporcionar mano de obra barata y convertirse en un paraíso fiscal para las corporaciones transnacionales con sede en Estados Unidos. El resultado de estas políticas es uno de los niveles más extremos de pobreza en Estados Unidos, un desempleo masivo y servicios sociales carentes de recursos.

Esta situación se agudizó drásticamente cuando el huracán María azotó a la isla en septiembre pasado. Ahora, ocho meses después del huracán, más de 30.000 residentes todavía no tienen energía eléctrica, y el resto sufre apagones regularmente. El mes pasado, una excavadora derribó una línea eléctrica que causó un apagón en toda la isla.

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias de EUA (FEMA por sus siglas en inglés) ha aprobado menos de la mitad de los 1,1 millones de solicitudes de asistencia desde el huracán. Más de 2.700 familias permanecen en viviendas temporales provistas por FEMA. Casi la mitad de las escuelas todavía solo funcionan con el 60 por ciento de su capacidad. Casi 40.000 estudiantes han abandonado las escuelas de Puerto Rico desde mayo del 2017, ya sea porque renunciaron a sus estudios o comenzaron en una nueva escuela en el continente.

Estas condiciones han llevado a la muerte innecesaria de miles de trabajadores y al sufrimiento de millones más. Las maquinaciones financieras de los bancos y las corporaciones crearon una crisis de deuda masiva que ha enriquecido a un puñado de banqueros y directores ejecutivos corporativos. Barclays, que lideró el acuerdo de bonos que creó directamente la deuda, obtuvo ganancias con esta trama de $500 millones de dólares; el Banco Santander recibió $99 millones; J.P. Morgan, $74 millones; Morgan Stanley, $24 millones, entre otros. Ahora, la junta de supervisión exige que los trabajadores paguen el precio.

Las mentiras propugnadas por demócratas y republicanos, y respaldadas por los partidos de la clase dominante puertorriqueña, que dicen: “no hay dinero”, son insultantes frente a estas cifras. Sólo se necesitaría una fracción del dinero acumulado por el primer 0,01 por ciento de la población para reconstruir la red eléctrica de la isla, financiar la educación, restaurar las pensiones y abordar la creciente crisis de salud mental.

Si bien estos ataques se llevaron a cabo a instancias de las grandes corporaciones y bancos, los trabajadores y los jóvenes no deberían hacerse ilusiones en el Gobierno local, incluido el actual gobernador, Ricardo Rosselló, que no es más que un títere de Wall Street. Hablando en la mansión del gobernador después de las protestas, el gobernador Rosselló sostuvo una roca que, según afirmó, había sido arrojada a la policía por manifestantes y proclamó: “La libertad de expresión no puede lograrse a expensas de la seguridad y el bienestar de las personas”. No mencionó la seguridad de los miles que viven sin electricidad ni agua potable, ni de los miles de jubilados que no podrán pagar su vivienda ni comida con los recortes en sus pensiones, ni de los cientos de familias que perdieron a sus seres queridos después del huracán debido a la falta de recursos.

“Este tipo de violencia daña el buen nombre de Puerto Rico”, se lamentó, dejando en claro dónde están sus intereses. Continuó afirmando que la policía “no tuvo más remedio que actuar” después de que un pequeño grupo de agitadores “arrojó piedras y botellas” contra ellos.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 3 de mayo de 2018)