En un editorial publicado el 1 de mayo, el periódico español El País advirtió a los sindicatos que están perdiendo influencia y que deben responder a la creciente lucha de clases, expresada en huelgas crecientes y protestas sociales, que han estallado fuera de su control.

Que El País, estrechamente aliado con el PSOE y el periódico más grande de España, emita tal advertencia es un poderoso indicador de que se está produciendo un cambio fundamental en la situación política en España y en el mundo con consecuencias revolucionarias. Las secciones más reflexivas de la élite gobernante están profundamente preocupadas de que una herramienta fundamental para la supresión del descontento social haya perdido su autoridad y que se debe hacer algo al respecto.

“La conmemoración de hoy, 1 de mayo”, opinó El País, “está rodeada y condicionada por circunstancias políticas y económicas únicas. Hay hechos que los sindicatos deben aceptar: las protestas sociales están siendo canalizadas por activistas o grupos que no tienen nada que ver con las organizaciones sindicales”.

“Las repetidas e iracundas manifestaciones de los pensionistas o las demandas de la marea de las mujeres han trascendido los límites de los principales sindicatos (UGT y CCOO) o incluso de cualquier tipo de asociación sindical para buscar formas más contundentes de presencia pública. Los sindicatos han perdido, por así decirlo, su dominio del movimiento de protesta y una lectura benigna de este hecho lleva a la conclusión de que no son capaces de canalizar los conflictos sociales, que es la tarea de la representación a la que son llamados. Al mismo tiempo, también han perdido gran parte de la capacidad de influencia institucional que tenían desde la década de 1980”.

Desde que estalló la crisis capitalista global en 2008, CCOO y UGT han perdido alrededor de 600.000 de sus miembros. Representan solo a 1,8 millones de trabajadores del sector público, mayoritariamente ancianos, solo el 10 por ciento de la fuerza de trabajo de 18 millones de personas en España.

Durante este período, la clase trabajadora ha enfrentado ataques implacables a sus condiciones de vida a través de medidas de austeridad en educación, salud y pensiones, desempleo, empleos precarios y recortes salariales. El desempleo, que alcanzó el 27 por ciento en 2013, sigue siendo del 17 por ciento. El desempleo juvenil es del 36 por ciento. Casi la mitad de la fuerza laboral, alrededor de 8 millones de trabajadores, gana solo €1.000 o menos por mes, y otro tercio (6 millones de trabajadores) ni siquiera se lleva a casa el salario mínimo de €735 ($880) por mes.

Los sindicatos han sido participantes activos en este ataque, que solo ha sido superado por Grecia en su crueldad. Han traicionado una huelga tras otra y han participado en convenios colectivos y reformas laborales que han provocado el deterioro de las condiciones de trabajo de los trabajadores y el aumento de las ganancias para los empleadores y los accionistas.

“El ajuste salarial nos ha permitido a nosotros y a otras empresas españolas aumentar la competitividad y la eficiencia”, dijo al Financial Times Rafael Vázquez, vicepresidente de producción de Conesa, una planta procesadora de tomate industrial en Extremadura, el mes pasado. La compañía ha triplicado las ventas a 200 millones de euros durante los últimos tres años y ha ayudado al crecimiento económico de España a aumentar en más del 3 por ciento durante el mismo período, muy por encima del promedio de la zona euro.

Para estos servicios a las grandes empresas, los sindicatos han recibido una lluvia de millones de euros en subsidios del presupuesto estatal, los gobiernos regionales y locales, las universidades y los grupos de expertos. Se han beneficiado directamente de la miseria impuesta a la clase trabajadora, encajando millones por los programas de capacitación para trabajadores y desempleados, mientras promueven planes privados de pensiones, algunos de los cuales manejan ellos mismos.

Los sindicatos se han visto envueltos en escándalos de corrupción, incluidos ejecutivos bancarios designados por los sindicatos que desvían millones a través de tarjetas de crédito “fantasma” y la reducción de subsidios para esquemas de despidos patrocinados por el Estado que facilitan a las empresas recortar horas de trabajo y despedir trabajadores.

Ante este registro, El País culpa por la “pérdida de influencia” de los sindicatos sobre la clase trabajadora, a la “inclinación” de estos a representar los intereses “solo de los trabajadores con empleo y no de aquellos que carecen de un trabajo o lo buscan con desesperación”.

Además, “la intelectualidad sindical no ha sido capaz de articular un discurso coherente para los afectados por la crisis financiera y la recesión. Ellos son los que hoy forman la punta de lanza de la protesta social y los que más necesitan una fuerza de negociación institucional; precisamente, lo que los sindicatos deberían estar haciendo”.

El Pa í s hace un anhelante llamamiento a los sindicatos para que recuperen su credibilidad brindando “una respuesta” a “la extensión excesiva del empleo precario”, la “depresión salarial” y “el estancamiento de la tasa de desempleo juvenil y la de los trabajadores mayores de 45 años”.

El editorial concluye apelando a los sindicatos a “reflexionar sobre sus respuestas al grave desorden que ha tenido lugar en el mercado laboral” y advierte: “No es suficiente aparecer el 1 de mayo; hay que participar en los cambios económicos todos los días y recuperar la influencia perdida”.

El editorial de El País es una exposición notable y devastadora del carácter derechista y antiobrero de los sindicatos ... y de los grupos pseudo-izquierdistas que los ayudan.

Mientras los sindicatos, año sí y año también, apoyan o colaboran activamente en la imposición de la austeridad, los pseudoizquierdistas insisten en que estas organizaciones en bancarrota son la voz de la clase trabajadora, salvo por el problema de unos pocos líderes malos.

Estas fuerzas privilegiadas de la clase media pueblan la burocracia sindical y los departamentos de estudios laborales de las universidades y reciben empleos bien remunerados y pensiones a cambio. Ellos también han publicado numerosos artículos lamentando la pérdida de influencia de los sindicatos, instando, como El País, a que pongan algún tipo de pretexto de oposición.

Los anticapitalistas pablistas proponen que el actual modelo sindical “agotado” debe ser reemplazado por “un sindicalismo abierto, feminista, de clase, militante y asambleista”. Al pedir “sindicatos que se movilicen en las calles”, dejan claro que tal postura significaba solamente reforzar la confabulación entre la burocracia sindical, los empleadores y el Estado en un “nuevo marco legal para las relaciones laborales”.

Izquierda Revolucionaria, grupo español afiliado al Comité por una Internacional de los Trabajadores (CWI), lamenta amargamente que “los líderes de CCOO” carezcan de “un átomo de voluntad para movilizar a los trabajadores” y estén perdiendo “la oportunidad que ofrecen las movilizaciones históricas de los pensionistas” para impulsar una huelga general “en lugar de dividirlos con el único propósito de tratar de preservar su prominencia y preservar alguna autoridad”.

La Corriente Revolucionaria de Trabajadores y Trabajadoras, morenista, busca la salvación en los sindicatos anarquistas CGT y CNT. Según ellos, los “sindicatos de izquierda tienen la oportunidad y la responsabilidad de avanzar en una reorganización del movimiento obrero si unifica sus esfuerzos, abandona todo sectarismo, despliega una política de exposiciones y demandas hacia CCOO y UGT y se pone a sí mismo a la cabeza de la organización de los sectores precarios más importantes”.

En todos los párrafos escritos sobre la declinación del control de los sindicatos sobre la clase trabajadora, nadie aborda la razón principal: que la globalización de la producción ha socavado el marco de todos los programas nacionales. Si bien la burocracia sindical en el pasado podía ejercer presión sobre las empresas y lograr mejoras al menos parciales para los trabajadores mientras seguían defendiendo el capitalismo, hoy los sindicatos trabajan con las grandes empresas y el Estado para imponer recortes a los salarios, prestaciones y condiciones de trabajo para asegurar una ventaja competitiva para “su” compañía y Estado contra otros.

El editorial de El País es una confirmación de la perspectiva del Comité Internacional de la Cuarta Internacional.

El día en que apareció, el World Socialist Web Site publicó “Primero de Mayo de 2018”, señalando que “el conflicto entre los trabajadores y los sindicatos es una característica definitoria del crecimiento de la lucha de clases en 2018”.

“Estos desarrollos representan solo la etapa inicial de un proceso internacional de expansión y lucha explosiva de clases. Refutan las panaceas reaccionarias de la pseudo-izquierda pequeño-burguesa, que calificó a la clase obrera como una fuerza social revolucionaria y afirmó que las luchas en la sociedad moderna se centrarían en la raza, el género y la orientación sexual.

“Aquellos que rechazaron el rol revolucionario de la clase trabajadora lo hicieron para justificar su alianza y lealtad a las burocracias reaccionarias de los sindicatos. Ninguna posición del Comité Internacional de la Cuarta Internacional ha sido atacada más amargamente por la pseudoizquierda que su exposición del papel de la derecha y el carácter antiobrero de los sindicatos”.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 5 de mayo de 2018)