En medio de la creciente volatilidad financiera en todo el mundo, la semana pasada se produjo una fuga masiva de capital financiero de las economías emergentes más débiles, cuando los especuladores convirtieron sus inversiones de pesos argentinos a valores denominados en dólares estadounidenses. La fuga fue causada en parte por el esfuerzo reciente del banco central estadounidense para aumentar gradualmente las tasas de interés nacionales.

La semana pasada, las monedas de las economías más grandes en América Latina —México, Brasil y Argentina— sufrieron caídas en valor de 5,25 por ciento, 4,83 por ciento y 8,26 por ciento, respectivamente, cuando especuladores trasladaron miles de millones de dólares desde la región hacia Wall Street y bancos estadounidenses.

Entre ellos, Argentina fue el más afectado. En un intento para evitar el colapso del peso, el Banco Central del país alimentó el frenesí de la compra de dólares vendiendo seis mil millones de dólares estadounidenses de sus reservas a principios de mayo (alrededor de una cuarta parte de sus reservas totales en dólares).

El Gobierno argentino también aumentó la tasa de interés para bonos gubernamentales y bancarios a corto plazo tres veces en un lapso de varios días al 40 por ciento (es decir, por cada 10.000 pesos que el gobierno toma prestado de los especuladores, debe devolver 14.000). El gran temor es que la inflación galopante lleve a una repetición del colapso del peso de 2001, que provocó manifestaciones masivas y produjo la caída de varios presidentes y Gobiernos.

Hacia el lunes, estas medidas parecían haber evitado una nueva caída, al menos por el momento.

La disminución en el valor de los bonos de referencia del Gobierno estadounidense a 10 años (a 3 por ciento por año) y la repatriación anticipada de activos financieros en el extranjero de las corporaciones estadounidenses, en respuesta a los recortes de impuestos para las corporaciones promulgados por el Gobierno de Trump y su oferta por única vez de bajar los impuestos a las ganancias repatriadas, han alimentado la fuga en los mercados emergentes.

Los bancos también se vieron parcialmente motivados a sacar fondos de Argentina por la imposición del Gobierno de Macri de un pequeño impuesto a las ganancias de capital sobre los bonos a corto plazo del Banco Central (conocidos como Lebacs) pertenecientes a extranjeros como una forma de reducir el déficit fiscal del país. Los especuladores respondieron cobrando sus bonos y enviando su dinero fuera del país.

Temiendo que la inflación doméstica explote a un 30 por ciento este año, subiendo del índice actual del 24,5 por ciento y duplicando el objetivo del gobierno del 15 por ciento, las autoridades monetarias argentinas se preparan para nuevos ajustes presupuestarios y recortes sociales.

Desde que el Gobierno derechista de Mauricio Macri tomó el poder en 2015, la Administración ha tratado de controlar el valor del peso con respecto al dólar, manteniendo un valor del peso artificialmente alto a través de restricciones a la circulación.

Al elevar el rendimiento de la deuda del Banco Central al cuarenta por ciento, inundando de ese modo el mercado de bonos con deuda bancaria, el Banco Central argentino está reduciendo el dinero en circulación y desacelerando deliberadamente la economía, como parte de su política general de austeridad financiera. Al anunciar el aumento en el interés bancario, el Banco Central declaró que seguiría usando todos los medios a su disposición para bajar la inflación al quince por ciento y evitar que el peso caiga aún más. La nueva tasa de interés es la más alta del mundo. Argentina tiene la tasa de inflación más alta de cualquier nación latinoamericana, con excepción de Venezuela.

Se están acelerando los preparativos para un ataque intensificado a las condiciones de vida y los salarios, ya que todo indica que la inflación puede aumentar aún más. En las negociaciones contractuales anuales supervisadas por el Gobierno o paritarias, los sindicatos, las empresas y el Gobierno han logrado hasta ahora limitar los aumentos salariales al 15 por ciento, en general ofreciendo beneficios no monetarios a los trabajadores.

Hay indicios de una mayor presión salarial por parte de los trabajadores que luchan por romper el techo del 15 por ciento, que equivale a un recorte salarial en términos reales. Esta semana hubo huelgas de conductores en el sistema de metro de Buenos Aires contra el desfase salarial. El líder de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Roberto Fernández, señaló con preocupación el lunes que ve a “la situación política con mucha incertidumbre” como resultado del creciente descontento de la clase trabajadora. En una señal de que los sindicatos temen perder el control del descontento masivo, Fernández pidió que la Confederación General del Trabajo (CGT) realice “un paro nacional” si “el Gobierno nacional no convoca a una mesa de diálogo a empresarios y la CGT para hallar una salida a la crítica situación económica”.

En una nación con una fuerza laboral cada vez más dominada por la existencia de trabajadores a tiempo parcial y contingentes, muchos de los cuales trabajan por sueldos dos tercios más bajos que los trabajadores que hacen la misma labor, los altos niveles de inflación contribuyen al aumento de los niveles de pobreza e inseguridad económica.

Con tasas de pobreza del 30 por ciento y un desempleo creciente, particularmente entre los jóvenes, Macri no tiene otra opción más que arriesgarse a una confrontación masiva con la clase trabajadora para asegurarle a los inversores extranjeros que su Gobierno estabilizará la economía argentina y cumplirá con los recortes en los gastos públicos y los pagos de la deuda a Wall Street.

Según el informe más reciente del Monitor Fiscal del Fondo Monetario Internacional, el déficit presupuestario de Argentina en 2018 será del 5,5 por ciento del PIB. El informe señala que la deuda total global está en niveles récord y pide a los Gobiernos “capitalizar los buenos tiempos” para construir reservas para tiempos difíciles, en lugar de aumentar los programas sociales o invertir en infraestructura.

El gobierno de Macri enfrenta la fecha límite del 16 de mayo para un pago de deuda de 1.600 millones de dólares que espera cumplir. Sin embargo, los hechos de la semana pasada llevaron a la revista financiera Forbes a decir que para los inversores podría ser la hora para salir de Argentina.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 8 de mayo de 2018)