El presidente de Argentina, Mauricio Macri, se dirigió al país en la televisión nacional el martes anunciando que su administración está solicitando $30 mil millones en crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) en un esfuerzo desesperado por frenar la inflación y evitar una corrida en los bancos del país.

La decisión señala una intensificación significativa de los ataques a los salarios y niveles de vida de los trabajadores por parte del Gobierno de Macri en nombre de los bancos y corporaciones transnacionales más poderosas. Desde su llegada al poder en 2015, Macri ya ha estado implementando una lista de reformas apoyadas por el FMI, que incluye recortes masivos del gasto público y aumentos en las tarifas de los servicios públicos.

Los recientes esfuerzos del Gobierno para fortalecer el peso y bloquear la fuga de capitales fuera del país hasta ahora han fracasado. En las últimas semanas, Macri ha aumentado las tasas de interés a un usurero 40 por ciento, ha anunciado nuevos recortes de gastos y ha vendido el 10 por ciento de las reservas en dólares del país. Sin embargo, después de fortalecerse ligeramente en el día siguiente al anuncio del aumento de interés más reciente el 3 de mayo, el peso cayó otro 4 por ciento en los días siguientes.

La semana pasada, el ministro del Tesoro, Nicolás Dujovne, viajó a Washington DC, a la cabeza de un equipo de funcionarios argentinos para iniciar negociaciones con el FMI. Allí se reunirá con la presidenta de la FMI, Christine Lagarde.

Cualesquiera que sean los términos exactos finalmente acordados, la intervención del FMI en la economía argentina será desastrosa para la clase trabajadora y los pobres. A pesar de los reclamos demagógicos de los miembros del Partido Justicialista Peronista que piden una votación legislativa sobre la propuesta, todos los partidos de la burguesía argentina están de acuerdo con los esfuerzos de Macri para eliminar cualquier obstáculo a la explotación corporativa de los recursos del país.

Ayer, el Senado argentino aprobó abrumadoramente una legislación de reforma del mercado dirigida a recortar las regulaciones y limitaciones sobre la explotación de los recursos del país por parte del capital financiero, incluso en los campos de bienes raíces y tierras agrícolas.

La principal preocupación de quienes conspiran para impulsar el plan del FMI es cómo evitar que la clase trabajadora interfiera con los planes de Wall Street. Encuestas recientes muestran que el 75 por ciento del país se opone a cualquier rol del FMI, mientras que el Financial Times señaló ayer que un acuerdo “podría ser políticamente desagradable para Argentina, sin embargo, dado que la presentación previa del país al FMI dejó un profundo antagonismo hacia el Fondo”. El exfuncionario del FMI Claudio Loser dijo al Financial Times que los argentinos están "rabiosamente contrarios al FMI".

Las preocupaciones sobre una explosión social también dominan el liderazgo de los principales sindicatos de Argentina, la Confederación General del Trabajo (CGT) y la nominalmente izquierdista Unión Obrera Central de Argentina (CTA).

El presidente de la CGT, Hugo Moyano, dijo a los medios el martes: "Estoy preocupado por todo". Dijo que los trabajadores no deben exigir la caída del Gobierno de Macri y agregó: "No estamos pidiendo a Macri que renuncie, no somos golpistas".

El hijo de Moyano, Pablo Moyano, quien dirige la Unión de Camioneros, pidió que "las empresas, la iglesia y los trabajadores se reúnan para encontrar una salida a esta crisis".

Los sindicatos tienen buenas razones para preocuparse a medida que se expanden las demandas en la clase trabajadora por una huelga nacional, especialmente entre los docentes.

El 23 de mayo, se espera que decenas o cientos de miles de docentes se reúnan en Buenos Aires como parte de la Marcha Federal de Educación que coincidirá con una huelga nacional de un día.

Los maestros en todo el país están exigiendo que se reabran sus contratos para luchar por aumentos salariales muy por encima del 15 por ciento acordado por los gobiernos estatales y la Administración Macri. Los maestros realizaron una manifestación contra el tope salarial en Buenos Aires, mientras que las protestas similares han tenido lugar en todo el país.

Los trabajadores en diversas industrias están presentando demandas similares contra el techo salarial del 15 por ciento impuesto por el Gobierno y los sindicatos para bloquear la inflación. El 5 de mayo, 20.000 trabajadores siderúrgicos obtuvieron aumentos del 19 por ciento en una indicación de que los sindicatos están luchando para evitar que las demandas salariales exploten en huelgas salvajes más allá de los habituales ataques de uno o dos días que tienen lugar bajo el control de los sindicatos. Las huelgas también han estallado en las últimas semanas entre los trabajadores del banco y entre los conductores del metro en Buenos Aires.

En una conferencia de prensa tras el anuncio de Macri el martes de la semana pasada, Dujovne hizo un débil intento por reducir las tensiones: "Tenemos que tener en cuenta que este es un Fondo Monetario Internacional que es muy distinto al de hace veinte años".

Esta es una referencia al implacable paquete de reformas del FMI implementado a partir del año 2000 a instancias del entonces presidente Fernando de la Rúa. Como resultado de las medidas del FMI, la pobreza aumentó del 35 por ciento en octubre de 2001 al 54 por ciento en octubre de 2002, ya que el desempleo se disparó al 25 por ciento.

Bajo las Administraciones peronistas de Nestor y Christina Kirchner, consideradas parte de la "marea rosa" de los gobiernos burgueses populistas que dominaron Sudamérica en la década del 2000 y mediados del 2010, Argentina hizo miles de millones en pagos de intereses al FMI e impuso un importante programa de austeridad en 2012. En total, Argentina ha realizado $500 mil millones en pagos de intereses en el extranjero desde 1983.

Kirchner ha respondido al nuevo llamado de Macri al FMI con un fuerte silencio mientras el Partido Justicialista intenta capitalizar demagógicamente el reciente anuncio de Macri. Argentina celebrará elecciones presidenciales y legislativas en 2019.

Al Partido Justicialista no le gusta mucho la clase obrera por su complicidad en forzar a través de las medidas de austeridad de Macri y por su propio papel en atacar los niveles de vida de los trabajadores. Como resultado de las políticas de los Gobiernos de Kirchner y Macri, el salario mínimo no cubre un tercio del costo básico de vida.

La revista Forbes escribió que Macri está efectivamente firmando su sentencia de muerte electoral al involucrar al FMI, y señaló que su gobierno "probablemente caerá" en las elecciones de octubre de 2019 ante un desafío de izquierda populista como resultado de la medida.

(Publicado originalmente en inglés el 10 de mayo de 2018)