El sábado, el primer ministro indio, Narendra Modi, y el resto de la cúpula del supremacista hindú Partido Popular Indio (BJP, por sus siglas en inglés), celebró el cuarto aniversario de su llegada al poder con discursos celebrando el “progreso” del país.
¿Progreso para quiénes? Las barbáricas relaciones de clases en la India contemporánea quedaron a plena vista el martes, cuando la policía masacró a manifestantes que exigían el cierre de una fundición de cobre que ha contaminado por mucho a Tuticorin, Tamil Nadu, derramando químicos tóxicos en sus aguas subterráneas y ambiente.
La masacre, la cual dejó a 12 fallecidos y más de 60 otros heridos, tiene todas las características de una provocación estatal. Las autoridades de Tamil Nadu criminalizaron las protestas días antes, alegando que representaban una amenaza para el “orden público”.
El despliegue de 1.500 policías que rápidamente atacaron la manifestación “ilegal” y recurrieron a fuerza letal cuando la multitud más grande de la esperada, de 20.000 personas, luchó de vuelta. En violación de sus propios procedimientos, la policía no disparó tiros de advertencia y en cambió apuntó a los que lideraban la protesta para matarlos. Como lo comprueban tanto la evidencia en video, los testimonios de testigos, y más reveladoramente, los cuerpos de las propias víctimas, los francotiradores de la policía apuntaron a la cabeza y los torsos de los manifestantes, no sus piernas.
Mientras que la población en Tamil Nadu y en toda India expresa su indignación por las acciones de la policía, el régimen de Modi y el Gobierno estatal del AIADMK en Tamil Nadu, un aliado cercano al BJP, calificaron la atrocidad en Tuticorin como un uso necesario y proporcionado de la fuerza y están tramando más represión y violencia. Esto incluye: cortar todo el acceso a las redes sociales y el Internet por cinco días en los tres distritos sureños del estado, la colocación de la Fuerza Policial de Reserva Central en alerta para su posible despliegue en Tamil Nadu, y el envío de ominosas advertencias de la agencia de inteligencia sobre planes “de extremistas de izquierda” para utilizar el enojo popular por los eventos de Tuticorin para fomentar la violencia.
La población de Tuticorin y los pescadores en el sureste de Tamil Nadu han estado protestando contra la amenaza del dióxido de sulfuro, plomo, arsénico y otras toxinas arrojadas por la fundidora Vedanta Resources desde que abrió en 1996. Sin embargo, las autoridades han sido completamente insensibles a sus agravios.
Vedanta y su propietario, el magnate industrial milmillonario, Anil Agrawal, han tenido la libertad de derramar contaminantes que han enfermado y matado a pobladores locales y devastado las industrias de perlas y pesca fuera de las costas del sureste de Tamil Nadu. El detonante de las manifestaciones más recientes por el cierre de la planta fue la autorización del Gobierno para que Vedante duplique la capacidad de producción anual de la fundidora en Tuticorin a 800.000 toneladas por año, convirtiéndola en la segunda mayor fundidora de cobre del mundo.
Como un intento para apaciguar la ira popular por la masacre del martes, el Gobierno de Tamil Nadu y las cortes ordenaron que la fundidora cierre indefinidamente, con la Junta de Control de Contaminación de Tamil Nadu declarando como muestra que había desconectado a la fundidora de la red energética.
Sin embargo, el Estado indio y la élite política han demostrado una y otra vez que sirven los intereses de Agrawal y la élite corporativa india, y que perciben la devastación ambiental y la miseria social como “el precio para el progreso”. Pronto, permitirán que la fundidora reabra, como han hecho en previas suspensiones de la producción de Vedanta cuando la empresa ignora las mínimas normas ambientales.
Tales crímenes sociales son pan de cada día en India. En su campaña para convertir a India en un centro global de mano de obra barata, la burguesía india ha perseguido una agenda socialmente incendiaria de privatización, desregulación y recortes de impuestos corporativos, mientras que han desviado recursos estatales de la salud, educación y programas de apoyo agrícola para financiar proyectos de infraestructura para las grandes empresas y modernizar y nuclearizar las fuerzas armadas.
El crecimiento de la oposición social entre los trabajadores y explotados en India ha sido enfrentada con represión estatal y con la promoción de reacción comunal y la política nociva de castas.
Esto se vio reflejado en el caso de los 13 trabajadores automotores de Maruti Suzuki que fueron sentenciados a pasar el resto de sus vidas tras las rejas bajo cargos de asesinato fraudulentos por haberse atrevido a desafiar el brutal régimen de mano de obra barata que prevalece en las nuevas industrias conectadas globalmente. Los fiscales estatales y jueves han declarado públicamente que tal justicia de clase salvaje se justifica con base en que su castigo debe ser un ejemplo para reasegurar a los inversores y avanzar la campaña “Hecho en India” de Modi, cuyo fin es atraer al capital extranjero para que produzca en el país.
Un cuarto de siglo de “reformas” neoliberales han transformado a India en una de las sociedades más desiguales del mundo. Mientras que tres cuartas partes de todos los indios subsisten con menos de US$2 al día, el 1 por ciento más rico absorbe el 23 por ciento de todos los ingresos y es dueño del 60 por ciento de la riqueza total del país.
Esta polarización social es evidente al ver el crecimiento exponencial de los milmillonarios indios. Mientras que, a mediados de los noventa, había dos milmillonarios en India, según Forbes, actualmente hay 131. Esto significa que India, cuyo PIB es un tanto mayor al de Canadá, tiene el tercer número más grande de milmillonarios del mundo, superando a Alemania, Reino Unido y Rusia.
El régimen de Modi —un Gobierno que combina la veneración del mercado capitalista, un enriquecimiento personal y un comunalismo virulento— es la culminación de este proceso de saqueo social.
La élite corporativa india, encabezada por su multimillonario más rico, Mukesh Ambani, empujó a Modi y a su BJP al poder en mayo del 2014 para intensificar el asalto contra la clase obrera y para reafirmar más agresivamente las ambiciones de gran potencia de la burguesía india. El Gobierno del BJP, el cual ha estado en el poder por cuatro años, aceleró la “reforma” propatronal, recortó el ya irrisorio gasto social indio, y alineó al país en la ofensiva estratégica-militar contra China.
Mientras que la vasta mayoría de la población india ha sido excluida de los beneficios del desarrollo capitalista del país, este proceso ha dado origen a una clase obrera nueva y cada vez más rebelde.
El estado sureño de Tamil Nadu ha experimentado la tasa de urbanización más rápida de India durante las últimas dos décadas, no siendo una coincidencia que se ha convertido en un centro de oposición social. Según el Buró de Investigación y Desarrollo de la Policía, en el 2016, el último año con datos disponibles, Tamil Nadu fue el estado con el segundo mayor número de protestas, sean huelgas, manifestaciones y mítines antigubernamentales, con un promedio de 47 por día.
Mientras que el BJP y la élite corporativa india celebran el “auge” de India, la realidad es que el país es un polvorín social, uno estremecido por choques económicos y geopolíticos que emanan del colapso del capitalismo mundial.
El hecho de que esta ira social de masas aún no da lugar a un desafío político consciente de la clase trabajadora contra el régimen de Modi y la burguesía india en su conjunto es principalmente debido a las traiciones políticas de los partidos parlamentarios estalinistas —el Partido Comunista de India (Marxista) y su más antiguo, pero más pequeño aliado, el Partido Comunista de India, junto a sus sindicatos afiliados, la CITU y la AITUC—.
Por décadas, los estalinistas han operado como una parte integral de la élite política burguesa y como el soporte social más importante de la burguesía india. El BJP llegó al poder al explotar el enojo popular por el desempleo masivo y la pobreza crónica. Sin embargo, los estalinistas allanaron su camino al apoyar una sucesión de Gobiernos nacionales, en su mayoría encabezados por el Partido del Congreso, que persiguieron una “reforma” neoliberal y relaciones más estrechas con Washington. Además, en los estados donde han llegado a gobernar, han implementado lo que ellos mismos describen como políticas “pro-inversores”.
Los estalinistas han respondido a la intensificación de la lucha de clases trasladándose aún más a la derecha. En nombre de oponerse al BJP, están urgiendo a la clase obrera a confiar en las pútridas instituciones “democráticas” del Estado indio —las mismas instituciones responsables de la masacre del martes y de la victimización de los trabajadores de Maruti Suzuki— y a apoyar al Partido del Congreso, el preferido para gobernar de la burguesía india hasta hace poco, y a una amplia gama de partidos derechistas que promueven el regionalismo y las castas.
La actitud de los estalinistas hacia la clase trabajadora se ejemplifica por su hostilidad a los trabajadores incriminados falsamente de Maruti Suzuki. A pesar de que los patronos amenazan a los trabajadores rutinariamente con “hacerles un Maruti Suzuki”, los estalinistas están tratando a estos prisioneros de la guerra de clases como parías del sur indio del siglo XIX, rehusándose a darle publicidad a su caso, ni hablar de movilizar a la clase trabajadora en una lucha por su libertad. Esto es porque reconocen que una campaña que conecte la defensa de los trabajadores de Maruti Suzuki con la lucha contra los salarios de pobreza y el empleo precario estallaría tanto su alianza con el Partido del Congreso como las cómodas relaciones corporativistas de sus sindicatos con las grandes empresas.
En India, al igual que en el resto del mundo, la tarea más urgente es forjar la independencia política de la clase trabajadora para que pueda avanzar su propio programa, en oposición a la desigualdad social, la explotación y la guerra, y para que movilice a los pobres urbanos y rurales a su alrededor en una lucha por el poder obrero y el socialismo. La tarea central de esta perspectiva es la construcción de una dirección política nueva de la clase trabajadora por medio de la construcción de una sección del Comité Internacional de la Cuarta Internacional en India.
(Artículo publicado originalmente en inglés el 26 de mayo de 2018)