El martes, un estudio de la Universidad Harvard fue publicado en la revista médica New England Journal of Medicine, develando que la verdadera cifra de muertes del huracán María en Puerto Rico podría ser de hasta 5.000 personas, una estimación 70 veces mayor a la absurda cifra oficial del Gobierno que hasta el día de hoy permanece en 64.

El estudio encontró que miles murieron por la falta de acceso a servicios de salud básicos. “[L]os problemas reportados más frecuentemente incluyeron no poder acceder a medicamentos (14,4 por ciento de los hogares) y equipos respiratorios que requieren electricidad (9,5 por ciento), pero muchos hogares reportaron problemas por centros médicos cerrados (8,6 por ciento) o doctores ausentes (6,1 por ciento). En la categoría de hogares más remotos, el 8,8 por ciento reportó que no pudieron comunicarse con los servicios del 911 por teléfono”, indica.

El estudio también documenta algunas de las dificultades cotidianas para la clase obrera tras la tormenta. En promedio, las casas estuvieron 84 días sin electricidad, 68 días sin suministro de agua y 41 días sin señal para celular en el periodo evaluado (20 setiembre a 31 de diciembre del 2017).

Los resultados de la investigación representan una exposición condenatoria de uno de los encubrimientos más monstruosos de la historia de Estados Unidos. Ocho meses después de la tormenta, el estudio independiente de investigadores de Harvard ofrece la única evaluación comprensiva y científica de la cifra de fallecidos como consecuencia del huracán y los esfuerzos de socorro incompetentes y sumamente desfinanciados.

El estudio de Harvard nota que el Gobierno territorial del gobernador Ricardo Rosselló dejó de proveer cifras de mortandad oficiales en diciembre, después de que las estimaciones de medios de prensa mostraban tasas de mortalidad mucho mayores a las reconocidas oficialmente por la Administración de Trump y el Gobierno local.

La campaña de mentiras para ocultar la magnitud del desastre ha sido encabezada por el Gobierno de Trump. Durante su visita en octubre del 2017, mientras que más del 80 por ciento de la isla estaba luchando por sobrevivir sin luz, agua ni acceso a servicios médicos, el presidente declaró que la destrucción del huracán María no constituía “una catástrofe real como Katrina” porque el Gobierno de Rosselló solo había certificado hasta ese momento 16 muretes. Se ha establecido ahora que la cifra de muertos en Puerto Rico supera la de cualquier otro desastre natural en la historia reciente del país, incluyendo el huracán Katrina que se cobró 1.833 vidas.

La prensa corporativa de EUA mantiene una cruel indiferencia hacia el sufrimiento del pueblo en Puerto Rico y se encuentra determinada a continuar su encubrimiento. El estudio de Harvard está siendo tratado como algo sin particular importancia, siendo reportado en las páginas iniciales de los sitios web del New York Times y el Washington Post por unas pocas horas el martes y desapareciendo el miércoles.

La negligencia criminal del Gobierno en su respuesta al huracán no fue un simple descuido, sino una política deliberada con el apoyo de ambos partidos políticos. La oligarquía financiera que gobierna Estados Unidos no quiso dedicar los recursos necesarios para salvar vidas, reponer las vidas de las víctimas de la tormenta y reconstruir la infraestructura de la isla. Por lo contrario, la poca atención que le prestó a la devastación social y económica de Puerto Rico fue como una oportunidad para intensificar el saqueo corporativo de los recursos y la riqueza de la isla.

En los meses precediendo al huracán, con Puerto Rico al borde de la bancarrota, los fondos de inversión y bancos de Wall Street buscaron explotar la crisis para extraer ganancias mucho mayores a cambio de préstamos. Como resultado, la infraestructura de la isla estaba a punto de colapsar, mientras que la desigualdad social experimentaba un ascenso meteórico antes del huracán.

En las semanas después, la élite gobernante estadounidense estaba principalmente ocupada buscando aprobar un recorte de impuestos multibillonario para las empresas y los ricos que finalmente fue promulgado por Trump en diciembre, al mismo tiempo en que la población en Puerto Rico estaba muriéndose por la falta de electricidad, agua potable y servicios de salud.

El Partido Demócrata no ofreció resistencia alguna a la política del Gobierno de Trump. Cuando el senador demócrata Bernie Sanders visitó la isla, proclamó que había venido “para oír y escuchar al pueblo de Puerto Rico sobre cómo atenderemos el conjunto inmediato de crisis que la isla enfrenta a corto plazo”. Tras este ardid publicitario, no se tomó ninguna acción.

El punto más crítico de todo este complot es el plan fiscal desarrollado por la no electa y dictatorial Junta de Supervisión Financiera, la cual fue formada por el Gobierno de Obama. La propuesta eliminaría miles de puestos de trabajo, privatizaría tanto la Autoridad de Energía Eléctrica como la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico, consolidaría docenas de agencias estatales, recortaría las pensiones entre 10 y 25 por ciento para los empleados públicos retirados, reduciría drásticamente los subsidios gubernamentales a las 78 municipalidades de Puerto Rico, reduciría el financiamiento para la única universidad pública de la isla, disminuiría a la mitad las licencias por enfermedad y vacaciones para el sector público y eliminaría las bonificaciones navideñas obligatorias, entre otras medidas de reducción de costos.

La crisis en Puerto Rico es una expresión gráfica de la crisis y de la bancarrota histórica del capitalismo estadounidense y mundial. Todos los procesos que se han unido para crear la funesta situación en Puerto Rico —la financiarización de la vida económica, la privatización de los servicios sociales, los ataques contra los niveles de vida— son procesos globales que afectan a los trabajadores de todo el mundo.

Los crímenes perpetrados contra los trabajadores en Puerto Rico van de la mano con los crímenes sociales contra la clase obrera en todo el mundo: el huracán Katrina en Luisiana, el incendio de la torre Grenfell en Londres, el envenenamiento del agua en Flint, Michigan.

La mentira dicha en cada caso es que “no hay dinero” para reparar los daños, poner en pie las vidas de los afectados ni prepararse para desastres naturales en el futuro. Pero, esto lo desmienten los récords en ganancias corporativas, remuneraciones para CEO y miles de millones gastos en guerras. Solo un día después de que se publicara el reporte de Harvard, fue reportado que las reducciones de impuestos para las empresas que Trump firmó en ley pocos meses después del huracán María les habían generado $30 mil millones en ingresos adicionales a las mayores compañías de EUA durante el primer trimestre del año Este es el costo exacto estimado por el gobernador Rosselló para reparar la infraestructura crítica de la isla.

A principios de febrero, el Gobierno de Trump aprobó, con el apoyo pleno de los demócratas, un presupuesto militar de $700 mil millones que será utilizado para escalar la violencia militar estadounidense en Oriente Próximo y preparar guerras contra Irán y las potencias nucleares de Rusia y China. Tal presupuesto cubriría la reconstrucción de todos los hogares dañados y destruidos por la tormenta 15 veces.

La única forma de asegurar los derechos de la clase obrera en Puerto Rico y en el mundo es a través de la expropiación de estos recursos controlados por las gigantescas corporaciones y los multimillonarios y ponerlos bajo el control democrático de la clase obrera. El aliado de la clase obrera puertorriqueña para lograr este objetivo no es este o aquel político burgués en la isla que afirma oponerse a Trump, sino la clase obrera en el continente y el resto del mundo que sufre las mismas políticas de la burguesía.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 31 de mayo de 2018)