Un artículo del Intercept, publicado la semana pasada, ha revelado otra manifestación horrible de las crueles e inhumanas políticas antiinmigrantes del Gobierno estadounidense. Durante el mes pasado, los juzgados federales a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México se han convertido en sitios de juicios masivos de inmigrantes acusados del delito de "entrada ilegal”.

Estos juicios son consecuencia directa de la nueva política de "cero tolerancia", descrita por el fiscal general Jeff Sessions como para "enviarle el mensaje al mundo" de que "no vamos a dejar que este país se vea abrumado... Si cruza esta frontera ilegalmente, entonces lo procesaremos”. Sessions también agregó que los que "contrabandeen a un niño" no serán perdonadas, "y ese niño será separado de usted como lo exige la ley”,

Esto significa que incluso los padres que cruzan la peligrosa frontera para escapar de la violencia y proteger a sus hijos son tratados como "contrabandistas". Según la Oficina de Aduana y Protección Fronteriza, 50.924 personas fueron detenidas después de cruzar la frontera sin papeles en abril, incluyendo 4.314 niños no acompañados y 9.647 unidades familiares. Los juicios en masa de los detenidos constituyen otro paso hacia la criminalización de los inmigrantes, independientemente de si buscan asilo o no, mientras sigue la política federal viciosa de separar a las familias migrantes.

Las escenas en el Tribunal Federal de Brownsville descritas por la reportera Debbie Nathan son impactantes y desgarradoras. En cualquier día de mayo, la sala del tribunal estuvo llena con unos 40 inmigrantes, "exhaustos ... con las manos y cintura esposadas, las piernas encadenadas ... tropezando, arrastrando los pies, las cadenas sonando en tándem".

El juez, cuya tarea es determinar si los acusados entienden los cargos en su contra, se vio obligado a hacer muchas de sus preguntas en masa, debido al gran número que enfrentaba. Esto, como lo informa Nathan, creó el extraño espectáculo de migrantes "mudos y abatidos" dando "respuestas grupales estruendosas".

No parecía que los acusados, la mayoría de países centroamericanos empobrecidos, plagados de violencia y que sólo hablan español, entendieran el contenido de los cargos o la explicación del juez de sus condenas. Además, era evidente que ninguno de ellos tenía el beneficio de una asesoría legal significativa. Frecuentemente, los defensores públicos tenían menos de dos horas para hablar con todo el grupo, lo que significa que cada acusado tenía, en el mejor de los casos, unos minutos con un abogado.

El espectáculo de grupos de migrantes encadenados con representación legal mínima o nula, sometidos a juicios en masa y sentencias sumarias ha conmocionado incluso a los empleados del tribunal, animándolos a buscar formas creativas de revelar el horror. Aunque está prohibido tomar fotografías en los juzgados federales, un empleado filtró una fotografía de un juicio masivo en Pecos, Texas, que muestra a docenas de inmigrantes esposados y vestidos con monos de color naranja llenando una sala del tribunal.

Los juicios masivos de inmigrantes se han llevado a cabo en los EUA intermitentemente desde la introducción de la "Operación Streamline" en 2005. Sin embargo, la intensificación del ataque contra los migrantes bajo la Administración de Trump ha dado a estos procedimientos un impulso en términos de números absolutos, y también un colorante más siniestro.

En Brownsville, Texas, por ejemplo, aunque en el pasado agentes de la Patrulla Fronteriza ya han arrestado a migrantes indocumentados, aquellos que expresaban temor de regresar a sus países de origen rara vez fueron acusados de ningún delito. Tanto en la estación de procesamiento como en el juzgado, los migrantes cuyos temores se consideraban "creíbles" eran remitidos directamente al sistema de asilo por recomendación de los defensores públicos. Solo aquellos que no presentaban solicitudes de asilo, por lo general de tres a ocho personas por día, pasaban por el proceso penal. Si bien la acusación de ingreso ilegal al país conlleva una sentencia de seis meses de prisión, los jueces normalmente consideraban el tiempo cumplido y ordenaban la deportación inmediata. Aquellos que pasaban por el proceso de asilo se quedaban en los Estados Unidos, con sus familias intactas, ya que sus casos eran considerados por los tribunales.

Esa situación ha cambiado dramáticamente desde el anuncio de la política de "cero tolerancia". El tribunal de Brownsville ahora realiza juicios masivos de docenas de migrantes por día, y cada vez es más claro que no se hace distinción entre los solicitantes de asilo y los que no solicitan asilo. Es aún más inquietante la gran cantidad de niños, muchos de ellos preescolares, que están siendo separados a fuerza de sus padres.

Como informó el Washington Post, ha habido un aumento del 21 por ciento en el número de niños migrantes detenidos sin sus padres en el último mes, de 8.886 el 29 de abril a 10.773 a fines de mayo. Las cifras publicadas por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) no especifican cuántos de estos niños fueron separados por fuerza de sus padres como resultado de la política de "cero tolerancia". Sin embargo, un funcionario de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos testificó en una audiencia ante una comisión del Senado, que 638 adultos fueron remitidos para enjuiciamiento entre el 6 y el 19 de mayo bajo el nuevo esfuerzo de “cero tolerancia” y que trajeron consigo a 658 niños.

En los últimos días, los funcionarios anunciaron un nuevo acuerdo de intercambio de información entre el HHS, la agencia gubernamental responsable de salvaguardar a los niños en espera de acuerdos de custodia, y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). Este acuerdo le da al DHS acceso a información personal de padres, parientes y otros adultos que buscan la custodia de los niños. Portavoces de la Administración de Trump han intentado presentar esto como una medida orientada a proteger a los niños, mientras niegan responder a la pregunta de si el DHS usaría la información obtenida para arrestar y deportar a más adultos.

En un comentario típico, Steven Wagner, secretario asistente interino de la Administración para Niños y Familias del HHS, declaró: "Si alguien no quiere reclamar a su hijo porque está preocupado por su propio estatus migratorio, creo que de facto se cuestiona si son un patrocinador adecuado y si deberíamos o no liberar a un niño a esa persona". Esta declaración piadosa sería más creíble si no viniera de la misma persona que fue forzada a admitir ante un subcomité del Senado que la Oficina de Restablecimiento de Refugiados "no pudo determinar con certeza el paradero de 1.475 niños no acompañados".

Los muchos rostros de la política de "cero tolerancia" —ya sean juicios en masa de migrantes o la separación forzosa de padres e hijos— no solo son inhumanos, sino también criminales. La separación de niños, en particular, recuerda fuertemente a la política nazi de "toma de rehenes", como represalia y potencial disuasivo contra los ataques dirigidos al Tercer Reich.

El jefe de personal de la Casa Blanca, John Kelly, admitió lo mismo cuando afirmó que la separación de familias debía servir como una "fuerte disuasión" para los cruces fronterizos. Es una señal aterradora del deterioro de las normas democráticas burguesas que las medidas que fueron sentenciadas como violaciones tanto del derecho internacional como de los "conceptos fundamentales de justicia" en Nuremberg, hace más de 70 años, ahora sean parte de la política interna de los EUA.

(Publicado originalmente en inglés el 5 de junio de 2018)