El Tribunal Supremo de Estados Unidos presentó dos fallos el lunes arremetiendo contra el acceso al aborto, los derechos de los inmigrantes bajo detención y los derechos civiles de las personas gays y lesbianas.

En su primera dictamen, respecto al caso Azar vs. Garza, el tribunal votó de forma unánime a favor de invalidar una sentencia hecha por una corte menor que defendía el derecho de una menor inmigrante a tener un aborto. Todos los cuatro magistrados que fueron nominados por Gobiernos demócratas apoyaron la orden permitiendo que se continúe la política de Trump de prohibirles a las jóvenes inmigrantes el acceso al aborto.

Defendiendo esta política, el director de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, E. Scott Lloyd, dijo en diciembre que los centros de detención de inmigrantes “no pueden ser un refugio mientras también seamos un lugar de violencia”, y que “deberíamos optar por proteger la vida en vez de destruirla”. No se refería a los recientes reportes documentando el abuso sexual y físico sistemático que sufren los inmigrantes, incluyendo los niños, a manos de los oficiales migratorios en los centros de detención por todo el país”.

El segundo fallo correspondía al caso Masterpiece Cakeshop Ltd. vs. Comisión de Derechos Civiles de Colorado. La corte votó 7 a 2 sentenciando que Colorado había vulnerado los derechos de “libre expresión” de un pastelero cuando éste se rehusó a hornear un queque para la boda de una pareja gay. Cinco republicanos y dos demócratas —Elena Kagan y Stephen G. Breyer— aceptaron el argumento del pastelero de que él había sido la víctima de discriminación por parte de la comisión estatal de derechos civiles.

A pesar de que la decisión no especifica que los dueños de empresas puedan rehusarse a atender a clientes gays, sí establece la absurda norma de que el “derecho” de un discriminador deberá contrapesarse con los derechos de los discriminados. La corte regañó a la Comisión de Derechos Civiles de Colorado por comparar la intolerancia del pastelero con los prejuicios contra los negros y judíos, sentenciando que, mientras “las leyes en Colorado pueden ofrecer protecciones a las personas gays en la adquisición de productos y servicios bajo los mismos estatutos y condiciones con los que protege a otros miembros del público, la ley debe aplicarse de una manera neutral ante la religión”.

Empleando una fachada de “libertades religiosas” —un método utilizado desde hace mucho tiempo por la derecha religiosa para imponer intolerancia y rezago sobre la población—, el fallo socava las sentencias de la Corte Suprema de 1964 en los casos Katzenbach vs. McClung y Heart of Atlanta Motel vs. Estados Unidos contra los empresarios racistas que afirmaban que la Ley de Derechos Civiles violaba su “derecho” a negarles servicios a los afroamericanos.

Ambas decisiones constituyen victorias importantes para el Gobierno de Trump que han envalentonado a los sectores religiosos y xenofóbicos más derechistas de la burguesía estadounidense. Lejos de servir como un “freno” para el Gobierno de Trump, los tribunales han aprobado los ataques virulentos de Trump contra las secciones más vulnerables de la población.

En diciembre del 2017, la corte permitió que tomara efecto el veto a viajantes de Trump estando pendiente todavía una litigación. En abril, expandió la inmunidad de los disparadores policiales y, el 21 de mayo, eliminó el derecho de millones de trabajadores a presentar denuncias colectivas contra sus patronos. El martes pasado, decidió no desafiar una ley en Arkansas que prohíbe los abortos inducidos por medicamentos.

El papel que han desempeñado los jueces nominados por demócratas desmiente una vez más la afirmación que votar por candidatos presidenciales demócratas hace alguna diferencia para empujar la corte hacia la izquierda. Según las estadísticas del Scotusblog, la magistrada más “liberal”, Ruth Bader Ginsberg, ha votado igual que el ultraderechista Clarence Thomas en más del 55 por ciento de los casos durante el término del 2017.

No hay ninguna base de apoyo para la defensa de los derechos democráticos en ninguno de los partidos políticos ni en ninguna rama del Gobierno. En diciembre del 2000, inmediatamente antes de la decisión de la Corte Suprema para regalarle la victoria al republicano George W. Bush, el presidente del Consejo Editorial Internacional del WSWS, David North afirmó:

Lo que revelará la decisión de esta corte será hasta dónde está preparada a llegar la clase gobernante estadounidense en romper con las normas tradicionales democrático-burguesas y constitucionales. ¿Está preparada para permitir un fraude electoral y la supresión de votos, e instalar en la Casa Blanca a un candidato que ha llegado al cargo por medio de métodos explícitamente ilegales y antidemocráticos?

Asociando esto con el crecimiento extremo de la desigualdad social, North continuó:

La relación entre las formas políticas y la estructura de clases de la sociedad adquiere un carácter dialéctico complejo. Sin embargo, a largo plazo, llega un punto en que las tensiones sociales generadas por una desigualdad social desenfrenada se desbordan de las formas tradicionales democráticas. La sociedad estadounidense ha llegado a ese punto.

Esta prognosis se ha visto confirmada. Ante el ascenso meteórico de la desigualdad social y el establecimiento de un estado permanente de guerra tras los eventos del 11 de setiembre del 2001, el Gobierno estadounidense ha emprendido una operación masiva y criminal de guerras interminables, asesinatos, despilfarros para las empresas, espionaje masivo y censura.

La complicidad de todas las instituciones oficiales de la élite política en este proceso, incluyendo las cortes, la prensa, ambos partidos, los sindicatos y la academia, ha conllevado una intensa degeneración política, cultural e intelectual. Detrás del disfraz de los “derechos de la mujer”, la campaña #MeToo —un producto de esta degeneración— demanda la abolición del derecho a un debido proceso legal para los acusados, mientras ni siquiera pone en tela de juicio la privación efectiva del derecho al aborto para millones de mujeres de clase trabajadora.

Ninguna de las conquistas democráticas de los movimientos por los derechos civiles del siglo veinte, incluidos el derecho al sufragio, la eliminación de la doctrina de “separados pero iguales” de segregación racial, y el derecho al aborto, están gravados en piedra. El Partido Demócrata, pese a apoyar su estrategia electoral en apelaciones a distintas “identidades”, está dispuesta a renunciar a estas protecciones ante figuras como Stephen Miller y Mike Pence a cambio de que el Gobierno adopte una política exterior más beligerante contra Rusia.

Conforme avanza este giro de la burguesía a formas dictatoriales de gobierno, se despliega otro proceso en la clase obrera y la juventud.

En el transcurso de la creciente ola de huelgas, protestas y manifestaciones en Estados Unidos y por todo el mundo, los trabajadores y jóvenes están planteando agravios sociales suprimidos artificialmente por los sindicatos por décadas. Las huelgas de docentes que exigen aumentos salariales masivos han convergido con las manifestaciones contra de los tiroteos escolares. Los trabajadores en áreas con muchos inmigrantes como Los Ángeles y Las Vegas han votado a favor de huelgas que incluyen la demanda de protegerlos de una deportación.

Es como parte de este movimiento que la defensa de los derechos democráticos encontrará un apoyo amplio. Hay que convencer a la clase obrera de que su apoyo no es solo necesario para la defensa de los derechos democráticos, sino que, de forma más importante, los derechos democráticos son esenciales para la clase trabajadora.

Los trabajadores no pueden concederle a su enemigo de clase el poder para arrestar y deportar a sus hermanos y hermanas inmigrantes o para separar sus rangos según líneas raciales, nacionales, de género o identidad sexual. En las batallas que se aproximan contra las corporaciones y los Gobiernos más poderosos del mundo, los trabajadores deben guiarse por el principio de que “si le hacen daño a uno, nos hacen daño a todos”. Es solo con base en esto que los miles de millones de trabajadores en todo el mundo se pueden unir en una lucha común por la igualdad social y en contra de los ataques contra los derechos democráticos y el sistema capitalista”.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 5 de junio de 2018)