Las cifras de muertos, heridos y desaparecidos continúan aumentando, en medio de nuevas erupciones del volcán de Fuego en el oeste de Guatemala. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) ha confirmado que al menos 196 personas están desaparecidas y 101 han muerto, con solo una pequeña fracción de cuerpos identificados, ya que la mayoría fueron quemados vivos por los flujos piroclásticos expulsados por las erupciones que comenzaron el domingo.

Las operaciones de búsqueda fueron suspendidas el jueves debido a lluvias que peligraban con generar avalanchas y al continuo derramamiento de materiales volcánicos con gases tóxicos y explosivos. Las erupciones en el volcán de Fuego no se han detenido, mientras que el volcán Santiaguito, localizado a pocos kilómetros de la ciudad de Quetzaltenango, ha estado mostrando mayor actividad.

La negligencia de los oficiales del Gobierno antes del potencial desastre y la indiferencia de la clase gobernante al sufrimiento y las muertes masivas de trabajadores y campesinos se han vuelto cada vez más claras. Sin embargo, la falta de una preparación y respuesta adecuadas son, de forma más fundamental, el resultado de la ruina social tras décadas de austeridad y políticas derechistas impuestas para defender los intereses de la clase capitalista en Guatemala y, sobre todo, del imperialismo estadounidense.

En una audiencia frente al Congreso guatemalteco el miércoles, los directores del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH) y de la CONRED se culparon unos a otros por el desastre. Los oficiales de la CONRED afirmaron que los boletines sobre la actividad volcánica “no decían nada” para advertirlos.

En realidad, habían sido documentadas varias erupciones importantes y cada vez más explosivas, con flujos piroclásticos, durante todo el año anterior, pero fueron prácticamente ignoradas por el Gobierno, el cual decidió no reasentar a las comunidades que estaban en dirección y en peligro de los canales conocidos que acarreaban materiales volcánicos.

Además, a las 6:00 a.m. el domingo, el INSIVUMEH emitió un boletín advirtiendo que estaba iniciando una erupción con flujos piroclásticos que podían alcanzar todas las barrancas conocidas alrededor del volcán. También reportó “sonidos constantes similares a locomotora de tren” y recomendó que la CONRED implementara el nivel de alerta que considera “necesario”. Otro boletín a las 10:05 a.m. advirtió que la erupción “puede generar flujos piroclásticos en cualquier barranca alrededor del Volcán de Fuego, por lo que no se debe permanecer dentro ni cerca de estas debido a la erupción”.

A las 11:00 a.m., la CONRED tuiteó: “Por el momento no es necesario realizar evacuaciones”.

El sitio Hora Informativa entrevistó a un hombre que estaba trabajando en su milpa en el momento en que sus seis hijos e hijas, entre los cuatro y 28 años de edad, fueron alcanzados por los flujos piroclásticos. Reclamó que la CONRED no hizo nada para advertirles. “CONRED llegó, pero a hacer sus videos, no a prevenir a la gente y poderlos evacuar. Como ellos dicen es pura mentira. Alertaron solamente cuando la lava ya venía”.

Alicia García, una abuela de 52 años de edad que vive en San Miguel Los Lotes, le dijo a Nómada que el volcán “tronaba un montón” desde temprano el domingo. Varios representantes de la CONRED visitaron su comunidad esa mañana para tomar fotos del volcán y disipar los temores. “Entonces, no había que salir del lugar, sino que solo encerrarnos en nuestras casas, eso nos dijeron”.

Cuando los flujos piroclásticos llegaron a su comunidad alrededor de las 3:00 p.m., la tomaron desprevenida. La veloz corriente de roca fundida le quemó las piernas, pero logró refugiarse en la casa de un vecino, junto a tres niños pequeños que también habían sufrido quemaduras. Poco después, relató, su hijo y varios bomberos llegaron a rescatarlos.

“Nosotros somos pobres, mi esposo y mi hijo son albañiles, mi nuera y yo somos amas de casa, ellos trabajan para comer no para tener bienes, pero ahora ya ni tenemos eso”, dijo Alicia conteniendo las lágrimas.

La deficiente preparación y la falta de equipos adecuados para los equipos de rescate se vieron reflejados en los muchos rescatistas heridos. Un oficial de la CONRED murió cuando buscaba salvar a tres niñas atrapadas en medio de nuevos flujos piroclásticos. Además, dos bomberos desaparecieron durante los esfuerzos de búsqueda.

El monitoreo de la actividad volcánica fue suficiente para dar advertencias serias y a tiempo sobre el desastre que se avecinaba; sin embargo, los equipos científicos disponibles no eran adecuados para proveer medidas más precisas, según la INSIVUMEH. La agencia había solicitado cuatro estaciones sismográficas más, ya que las dos existentes no eran suficientes para monitorear al volcán de Fuego. Ahora, están solicitando $22 millones en equipo nuevo para poder monitorear de mejor manera los volcanes activos en el país.

Los legisladores del mayor partido de oposición, la Unión Nacional de la Esperanza (UNE) llamaron al director de la CONRED, Sergio Cabañas, a renunciar y le pidieron al Ministerio Público que presente cargos penales. No obstante, el Congreso en su conjunto, había estado ignorando un proyecto de ley presentado el año pasado por la CONRED para mejorar sus preparativos ante tales desastres. Más allá, como lo manifestó el presidente Jimmy Morales el domingo, el presupuesto de austeridad propuesto por él y aprobado por el Congreso, no incluía ni “un solo centavo para emergencias”.

Además, al Ministerio de Relaciones Exteriores le tomó más de cuatro días para abrir cuentas para recibir donaciones del exterior, mientras que 15 toneladas de ayuda proveniente de El Salvador todavía seguía esperando en aduanas el jueves. Las condenas enojadas de la respuesta oficial criminal han llegado a dominar las redes sociales, con algunos usuarios contrastando esta indiferencia con la premura de la Cancillería para lamerle las botas al imperialismo estadounidense al trasladar su embajada a Jerusalén tan solo dos días después de que Washington tomó esa provocativa decisión.

El lunes, el presidente Morales visitó los albergues en Alotenango y les pidió a los supervivientes que tuvieran “paciencia. Luego, culpando a la población empobrecida por la calamidad, declaró: “Aprovechamos para plantearles a todas las personas que viven en zonas de riesgo que por favor nos ayuden a poder prevenir este tipo de situaciones, hay muchas viviendas cercanas a ríos, cercanas a barrancos, en laderas…”.

Una residente de San Miguel Los Lotes, Carmen Corado, de 52 años, le respondió a Morales a través de Infobae, “Si no hay ayuda, uno se tiene que quedar ahí donde está. Si no, ¿dónde vamos a ir?”.

De hecho, en un país con 17 millones de habitantes, donde más del 80 por ciento de asalariados no gana lo suficiente para mantener a una familia promedio fuera de la pobreza, existe un déficit de 1,5 millones de hogares. Debido a esta extrema pobreza y falta de viviendas, cientos que viven en asentamientos precarios mueren cada año por deslaves e inundaciones. Estas realidades se han continuado empeorando incluso después de que el país y el mundo quedaran atónitos cuando murieron 300 personas por la avalancha en el asentamiento El Cambray II en el 2015.

Las condiciones económicas tan letales, incluyendo los niveles de violencia homicida que son casi el triple de lo que la ONU considera una “epidemia”, han producido un aumento del 661 por ciento en el número de guatemaltecos que buscan asilo y refugio en EUA y México desde el 2012.

Aquellos que intentan el viaje, han sido recibidos con persecuciones y deportaciones masivas tanto por las autoridades mexicanas como estadounidenses. Washington ha desplegado tropas de la Guardia Nacional a la frontera, ha implementado una política de separación de niños de sus padres indocumentados, ha tolerado el abuso sexual y la violencia contra niños inmigrantes detenidos, ha realizado juicios masivos para la deportación, entre otros ataques atroces contra los refugiados.

Además de la explotación de los recursos naturales y los trabajadores guatemaltecos por parte del imperialismo y el saqueo de las arcas públicas por parte de Wall Street, Washington ha exigido mayor austeridad para costear la participación de Guatemala en las operaciones militares y de seguridad fronteriza estadounidenses. En febrero, Morales anunció que 5.000 soldados y policías habían sido entrenados por Colombia y que el Gobierno estaría comprando buques de guerra para patrullaje fronterizo.

Desde el 2006, Washington ha estado ejerciendo mayores presiones sobre la burguesía guatemalteca para avanzar su agenda patrocinando a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y prácticamente controlando al Ministerio Público para perseguir casos de corrupción selectos contra importantes empresarios y políticos conectados al oficialista Frente de Convergencia Nacional, incluyendo a miembros de la familia de Morales.

Calamidades como la erupción del volcán de Fuego, los frecuentes deslizamientos y también la muerte de las 41 niñas en el incendio de un albergue el año pasado han expuesto los niveles extremos de desigualdad en el país y las urgentes necesidades sociales de la mayoría de la población. Sin embargo, la clase gobernante guatemalteca ha respondido con mayores medidas de austeridad y ha buscado contener el enojo social culpando como chivo expiatorio a un puñado de oficiales que mostraron particular negligencia o estaban vinculados a acusaciones de corrupción.

La UNE y el resto de la “oposición” política han limitado sus apelaciones a movimientos fraudulentos y respaldados por EUA como el “Frente Ciudadano contra la Corrupción” y a investigaciones y enjuiciamientos por parte de la CICIG y el Ministerio Público. Tales maniobras solo han servido para encubrir la miseria social subyacente y las políticas capitalistas que han sido las responsables de estos crímenes sociales contra la clase obrera y los pobres.

(Publicado originalmente en inglés el 8 de junio de 2018)