En la primera transferencia a gran escala de inmigrantes de los centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a instituciones administradas por el Buró de Prisiones (BOP), el Gobierno de los Estados Unidos transferirá 1.600 migrantes, incluyendo solicitantes de asilo, a las cárceles federales. La decisión es parte de la política "cero tolerancia" de la Administración de Trump.
Los detenidos, a pesar de la ausencia de antecedentes penales, serán transferidos a cinco prisiones federales en Victorville, California; La Tuna, Texas; Sheridan, Oregon; Phoenix, Arizona; y Seattle, Washington. Esta decisión atroz muestra claramente que la criminalización de los inmigrantes por parte del Gobierno de EUA continúa acelerándose, tocando nuevo fondo cada día.
Reuters, que publicó la historia por primera vez el jueves, informó que la transferencia resulta de un nuevo acuerdo entre ICE, el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos y BOP, como un medio para "proporcionar más espacio de cama.” Se estima que los detenidos estén en las prisiones durante 120 días mientras que ICE encuentra nuevas instalaciones de detención. Los funcionarios de la Administración lo presentan como medida de hospitalidad, la realidad es mucho más aterradora.
Bajo previas Administraciones, al menos existía una distinción importante entre los solicitantes de asilo y otros tipos de migrantes indocumentados. Los primeros fueron liberados y se les permitió permanecer con sus familias ya que sus casos estaban siendo considerados por los tribunales. Los últimos, si se descubría que eran delincuentes por primera vez, generalmente eran sometidos a procesos de deportación civil y mantenidos en los centros de detención de ICE o en las cárceles del condado mientras esperaban sus audiencias.
Bajo la nueva política "cero tolerancia", todas esas distinciones han sido borradas. Todos los migrantes indocumentados, independientemente de las circunstancias, son tratados como "delincuentes" y sometidos a trato cruel e inhumano, que incluye juicios en masa, sentencias sumarias y la separación forzosa entre padres e hijos.
Sin embargo, incluso con estas medidas, los inmigrantes hasta la fecha arrestados fueron recluidos en centros de detención especializados. Y si bien las condiciones de estos lugares dejan mucho que desear, uno no puede permitir perder de vista el hecho de que las cárceles federales son tipos de instituciones claramente distintas. Como Ali Noorani, directora ejecutiva del Foro nacional de Inmigración, dijo a Reuters, "las prisiones federales son para criminales endurecidos. No están configurados físicamente para jardineros inmigrantes que buscan un trabajo o huyen de la violencia ... No deberían usarse con fines de inmigración".
John Kostelnik, presidente local del Consejo de Prisiones Locales del sindicato la Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno señaló que esta decisión ha planteado serias dudas sobre la dotación de personal y la seguridad dentro de las cárceles. Los empleados ahora enfrentan la tarea poco envidiable de tratar de decidir cómo compartir el espacio de forma segura entre aquellos cuyo único delito podría estar cruzando la frontera sin los documentos adecuados y aquellos que han sido encarcelados por delitos graves.
"Hay tanto movimiento", dijo Kostelnik. "Todo el mundo corre como pollo sin cabeza". En la prisión de Victorville que albergará a 1000 detenidos, por ejemplo, los trabajadores estaban trasladando a 500 reclusos a una instalación de seguridad media para dejar espacio a los recién llegados.
La medida propuesta ha levantado preocupaciones incluso entre los exempleados de ICE. Kevin Landy, exasistente del director de ICE responsable de la Oficina de Política y Planificación de Detención bajo la Administración de Obama, expresó su preocupación por el hecho de que el personal y los administradores de las cárceles federales hayan dedicado sus carreras a "criminales endurecidos que cumplen largas condenas por delitos graves". Como tales, no tienen la capacitación para tratar con los detenidos de ICE, que en su mayoría no tienen antecedentes penales, y por lo tanto serían aún "más vulnerables en un entorno carcelario".
El número de detenidos destinados a este tipo de tratamiento ha aumentado en el último mes y medio. En abril de 2018, casi 51.000 personas fueron detenidas en o cerca de la frontera sur. Solo el año pasado, la cifra para el mismo mes fue de alrededor de 16.000. Según ICE, la población diaria promedio de detenidos en sus instalaciones el 26 de mayo era de 41.134, frente al promedio diario de 2017 de 38.106.
La postura antiinmigrante de la Administración de Trump ya es bien conocida, igual que su tratamiento horrendo y criminal de los inmigrantes. A pesar de esto, el hecho de que miles de hombres y mujeres de la clase trabajadora siguen haciendo el peligroso viaje a través de la frontera sur, a menudo con sus hijos, es un testimonio de las condiciones aún más terribles de las que están tratando de escapar. Criminalizar y deshumanizar a quienes simplemente intentan escapar la pobreza y la violencia es un adelanto de las tácticas que la clase dominante está dispuesta a utilizar en los enfrentamientos por venir con toda la clase trabajadora.
Danielle Bennett, portavoz de ICE, declaró, "El uso de las instalaciones (del BOP) es una medida temporal hasta que ICE pueda obtener contratos adicionales a largo plazo para nuevas instalaciones de detención o hasta que disminuya el aumento de los cruces fronterizos ilegales". Sin embargo, no parece haber señal que estos cruces estén disminuyendo de acuerdo con los datos del gobierno, lo que se puede esperar es la creación de una red de nuevas instalaciones similares a campamentos, incluido el uso propuesto de bases militares por parte del Departamento de Salud y Servicios Humanos para mantener a los miles de niños migrantes separados a la fuerza de sus padres.
(Publicado originalmente en inglés el 9 de junio de 2018)