El fiscal general de Estados Unidos, Jefferson Sessions, dio un golpe devastador a los solicitantes de asilo el lunes al anunciar que el Gobierno ya no otorgará asilo a la mayoría de las víctimas de violencia doméstica o violencia de pandillas.

El cambio de política se anunció en la forma de una decisión en el caso Cuestión de AB-, en el que una mujer de El Salvador, denotada en este caso por las iniciales AB-, huyó de su país de origen para escapar de su exesposo que la violó y golpeó repetidamente durante su matrimonio.

A pesar de que se habían divorciado legalmente, A-B- aún no había podido escapar de su exmarido. Los golpes y violaciones regulares continuaron. Como suele ser el caso en los casos de violencia doméstica que involucran a trabajadores y campesinos en América Central, la policía no hizo nada o no pudo evitar estos ataques feroces.

La solicitante de asilo huyó a Estados Unidos, cruzando la frontera entre México y Estados Unidos en 2014. Cuando compareció ante un tribunal de inmigración, el juez dijo que mentía y rechazó su solicitud de asilo, sentenciándola a una deportación. La Junta de Apelaciones de Inmigración revirtió la decisión, encontrando el fallo del juez erróneo. El Fiscal General finalmente intervino para tomar una decisión final.

La decisión es una parodia legal y dará como resultado el rechazo de miles de solicitudes de asilo. Debido a esta decisión, innumerables personas serán deportadas y luego asesinadas o torturadas por sus hostigadores.

Según las leyes internacionales y estadounidenses, un inmigrante califica como "refugiado" y merece el estatus de asilo si puede demostrar que tiene un temor fundado de persecución basado en la pertenencia a un grupo protegido. Bajo el principio legal de "no rechazo", ningún país puede deportar a un solicitante de asilo a un país donde es probable que sufra persecución por "raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opinión política".

El caso de A-B- involucra la categoría de "grupo social particular". Bajo las leyes de Estados Unidos, los solicitantes de asilo en esta categoría tienen el peso de tener que probar que pertenecen a un grupo de personas que es socialmente distinto en la sociedad de la que están escapando y que fueron perseguidos debido a su pertenencia a este grupo social en particular.

La demandante AB afirmó que pertenecía al grupo que describió como "Las mujeres salvadoreñas que no pueden abandonar sus relaciones domésticas cuando tienen hijos en común". Esta categoría de grupo social fue previamente aceptada por la Junta de Apelaciones de Inmigración en un famoso caso conocido como Cuestión de ACRG, pero el fallo del lunes lo anuló.

Sessions rechazó este grupo social en particular, cerrando las puertas a innumerables mujeres que huyen desesperadamente de la brutal violencia doméstica. Su dictamen establece que la "violencia privada" no merece el estatus de asilo.

"En general, los reclamos de extranjeros relacionados con violencia doméstica o violencia de pandillas perpetradas por actores no gubernamentales no calificarán para el asilo", declaró Sessions. "El mero hecho de que un país tenga problemas para vigilar eficazmente ciertos delitos —como la violencia doméstica o la violencia de pandillas— o que ciertas poblaciones sean más propensas a ser víctimas de un delito, no puede establecer por sí mismo una justificación de asilo".

El Partido Demócrata respondió al fallo de Sessions postulándose como opositor a dicha restricción del derecho de asilo. El senador demócrata Richard Blumenthal señaló: "La decisión de hoy enviará a un número incalculable de refugiados a la muerte. Fiscal general Sessions: su sangre está en sus manos".

Sin duda es cierto, pero según esta lógica, la mayoría de los colegas demócratas del senador Blumenthal también están bañados en sangre. En 1997, el Partido Demócrata aprobó con una mayoría abrumadora la restricción de máximo impacto sobre el derecho de asilo en la Ley de Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante (IIRAIRA, por sus siglas en inglés), que prohíbe a los inmigrantes solicitar asilo a menos que lo hagan dentro de un año de ingresar a los Estados Unidos.

Las restricciones de asilo de la IIRAIRA fueron aprobadas en el Senado con el apoyo de la mayoría de los demócratas, entre ellos Dianne Feinstein, Patty Murray, Patrick Leahy, Harry Reid y muchos otros. La mayoría de los demócratas de la Cámara de Representantes también votó a favor de restringir el asilo, incluidos los representantes James Clyburn, Elijah Cummings y Sheila Jackson-Lee.

La Ley Patriota de 2001 y la Ley Real ID de 2005 –ambas también apoyadas por los demócratas de manera abrumadora— expandieron drásticamente las falsas "limitaciones por terrorismo" al asilo, lo que provocó miles o decenas de miles de rechazos injustos de solicitudes de asilo. Los demócratas que apoyaron estas leyes incluyen a los senadores Barack Obama, Hillary Clinton, Joseph Biden, Richard Durbin, John Kerry, Ted Kennedy, Paul Wellstone, Charles Schumer, Nancy Pelosi, Rod Wyden y muchos más.

El camino hacia el ataque de Trump y Sessions a los inmigrantes fue pavimentado por la Administración de Obama, la cual deportó a 2,7 millones de inmigrantes, incluidos al menos 85 entre 2014 y 2015 a quienes se les negó asilo y luego fueron asesinados por sus perseguidores solo en Guatemala, Honduras y El Salvador. Obama amplió drásticamente el tamaño de los centros de detención de inmigrantes, y un reciente informe de Amnistía Internacional muestra que también encubrió violaciones generalizadas y abusos físicos contra niños inmigrantes detenidos entre 2009 y 2014.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 12 de junio de 2018)