La neutralidad de la red, el requisito legal de que los proveedores de Internet (ISP, por sus siglas en inglés) tengan que manejar todas las comunicaciones de forma igualitaria, se acabó el lunes. La decisión marca un hito clave en el ataque contra un Internet libre y abierto y contra la libre expresión en Estados Unidos.

Desde que nació el Internet como servicio público, los ISP han operado como “proveedores comunes”, siendo efectivamente regulados como utilidades públicas, parecido a las empresas de transporte de buses y servicios de entrega de envíos. Hasta ahora, estaba, por ley, tenían prohibido discriminar contra sus usuarios o los sitios web, por medio del bloqueo, manipulación o ralentización del tráfico del Internet.

En el 2015, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) reafirmó estos principios, declarando, “Una persona involucrada en la provisión del servicio de Internet de banda ancha… no podrá bloquear el contenido, las aplicaciones, los servicios y los aparatos que no hagan daño y sean legales”, y los ISP “no podrán perjudicar o degradar el tráfico de Internet legal con base en el contenido en línea”.

Dada la votación de la FCC en diciembre a favor de finalizar la neutralidad de la red, la cual entró en vigencia el lunes, los ISP han recibido poderes vastos para actuar como los porteros del Internet. Bajo las nuevas reglas, estas gigantescas empresas privadas tendrán la capacidad de privilegiar algunos contenidos sobre otros, crear paquetes que permiten acceso solo a sitios por los que paguen los consumidores, o bloquear sitios web y servicios en su totalidad.

Los proponentes de abolir la neutralidad de la red, encabezados por el presidente de la FCC, Ajit Pai, afirman que los enormes poderes otorgados a las ISP son irrelevantes porque los usuarios tendrán la libertad de cambiar de ISP si no están satisfechos con las acciones de su proveedor actual. Este argumento es tan absurdo que apenas merece una refutación.

El mercado de los servicios de Internet está limitado a cuatro corporaciones (Comcast, AT&T, Time Warner y Verizon). Cincuenta millones de estadounidenses tienen acceso a solo un proveedor de Internet y más de la mitad tienen solo dos proveedores disponibles. Este número se contraerá aún más con la posible fusión de AT&T y Time Warner, la cual se espera que sea aprobada en algún punto esta semana.

La finalización de la neutralidad de la red ha sido recibida con una gran oposición popular. Según una encuesta del Programa de Consulta Pública de la Universidad de Maryland, el 83 por ciento de los votantes estadounidenses se oponen a la decisión de la FCC de acabar con la neutralidad de la red. Cuando la FCC presentó la medida para la opinión pública, el 98,5 por ciento de los encuestados eran hostiles a ella.

A pesar de la abrumadora oposición pública, la eliminación de la neutralidad de la red el lunes fue recibida en gran parte con silencio de parte de los demócratas y los medios de comunicación alineados con ellos. Además, la implementación de este trascendente ataque contra los derechos democráticos ni siquiera fue mencionada por los noticieros vespertinos. Como sucede con todos los aspectos de la sociedad estadounidense, la opinión popular al final no cuenta para nada.

No se le puede dar credibilidad alguna a las declaraciones de apoyo a la neutralidad de la red por parte del Partido Demócrata y los gigantes tecnológicos como Google y Facebook. De hecho, los demócratas y las compañías de redes sociales han permanecido en el frente de la campaña para censurar el Internet.

Durante el último año, Google y los monopolios de las redes sociales, Facebook y Twitter, han tomado pasos para implementar un régimen de censura en línea a instancias de las agencias de inteligencia estadounidenses, mientras que los demócratas han servido como sus voceros. Las compañías han trabajado para disminuir substancialmente las audiencias de páginas web izquierdistas, socialistas y contra la guerra —incluyendo el World Socialist Web Site — en nombre de luchar contra las “noticias falsas” y la “injerencia rusa”.

Mientras tanto, las empresas que operan las redes sociales basan su oposición nominal a la eliminación de la neutralidad de la red en motivos puramente mercenarios. No quieren que sus rivales potenciales entre las ISP tengan la ventaja de promover sus propios servicios de distribución de contenido. Con igual importancia, quieren mantener su monopolio sobre la censura para poder ofrecerle exclusivamente ese servicio al Gobierno a cambio de lucrativos contratos con el Pentágono.

Las simbólicas medidas de oposición de los demócratas, incluyendo votaciones insignificantes en el Congreso, apelaciones a los estados para que hagan valer la neutralidad de la red y una serie de desafíos legales, sirven como una cubierta política para su apoyo e implementación de la censura del Internet.

La finalización de la neutralidad de la red marca una nueva etapa en la marcha hacia la censura del Internet. Tomando en cuenta que la vasta mayoría de la comunicación escrita —y una proporción cada vez mayor de toda la comunicación— está sucediendo en línea, la campaña para censurar y controlar el Internet constituye un paso importante hacia la abolición de la libertad de expresión en Estados Unidos.

Este tampoco es solo el resultado de un cambio de Administraciones. Forma parte de un giro en la política de clase de la élite gobernante en su conjunto. Las elecciones del 2016, con su alto nivel de abstencionismo entre la clase trabajadora y la amplia hostilidad hacia Hillary Clinton, la candidata preferida de Wall Street, y el subsecuente movimiento de huelgas docentes, organizadas independientemente de los sindicatos, le ha dejado claro a la élite gobernante que la imposición de la censura del Internet es necesaria para su dominio sobre la sociedad.

De forma más general, el fallo de la FCC es una expresión de la creciente monopolización de la economía estadounidense por parte de un puñado de corporaciones masivas. Este proceso es inseparable del crecimiento de la desigualdad social y el ataque sobre los derechos democráticos. A pesar de la glorificación del “libre mercado” tanto por demócratas como por republicanos, ambos partidos están decididos a suprimir despiadadamente cualquier oposición al pequeño grupo de bancos y corporaciones que dominan cada vez más toda la sociedad.

El control sobre el Internet en manos de los monopolios de las redes sociales y los proveedores de Internet, los cuales conspiran para atacar los derechos democráticos de la población, pone de relieve que la defensa de los derechos democráticos es inseparable de la eliminación de la propiedad privada de la infraestructura del Internet. El acceso al Internet es un derecho social básico que debería estar libremente disponible para todos sin interferencia alguna de las corporaciones y el Estado.

La defensa de la libertad del Internet y la oposición a la censura deben estar conectadas a un programa socialista a favor de la transformación de todas las principales corporaciones en utilidades públicas bajo el control democrático de la clase obrera.

La única fuerza social capaz de defender un Internet libre es la clase obrera. La lucha de los trabajadores en todo el mundo para defender sus derechos económicos básicos se está vinculando cada vez más estrechamente con la lucha por defender la libertad de expresión. La puta de lanza de esta lucha es el combate contra la censura del Internet.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 12 de junio de 2018)