L. Francis Cissna, el director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en español)), anunció esta semana la creación de una nueva oficina que se centrará en identificar a los ciudadanos estadounidenses que "hicieron trampa" en su solicitud de naturalización.

El objetivo final de la oficina es eliminar los derechos de ciudadanía de dichos inmigrantes que “hicieron trampas” en sus solicitudes en procesos judiciales civiles, mientras simultáneamente los enjuician por el delito de fraude criminal. Presentada como una iniciativa directa e inocua, la movida marca un paso más en el continuo e implacable ataque contra los inmigrantes, y más ampliamente en los derechos de ciudadanía en los Estados Unidos.

Los detalles sobre los poderes, el presupuesto y el alcance general de la nueva oficina son incompletos. En una entrevista a Associated Press a principios de esta semana, Cissna declaró que la oficina, con sede en Los Ángeles, pronto comenzará a contratar abogados y oficiales de inmigración. Inicialmente, los nuevos contratados tendrán la tarea de observar de cerca los archivos de ciudadanos sospechosos de haber asumido una nueva identidad para evitar la deportación, y que finalmente lograron obtener la residencia permanente y la naturalización. No se dieron detalles sobre el número de inmigrantes que cayeron dentro del ámbito de esta nueva iniciativa, o para el caso, los costos asociados con tal esfuerzo.

El Gobierno de los Estados Unidos ha presentado cargos contra ciudadanos naturalizados que han adquirido la ciudadanía bajo falsas pretensiones pasadas. Sin embargo, como admitió Cissna, esto se ha hecho de forma más esporádica y caso por caso. De hecho, el Gobierno de los EUA ni siquiera prestó atención a este tipo de supuesto fraude hasta hace una década, cuando un funcionario fronterizo detectó que unas 200 personas habían usado identidades distintas para obtener la residencia y ciudadanía después de haber recibido órdenes de deportación. Desde entonces, el Departamento de Justicia ha presentado 305 casos de desnaturalización civil. Estas cifras, uno podría pensar, no son suficientes como para justificar los gastos o los esfuerzos que actualmente está siendo instituido por la Administración Trump. Sin embargo, hay otros datos que se presentan como más pertinentes.

Hace dos años, un informe interno del USCIS afirmaba que había 315.000 registros de huellas dactilares de inmigrantes que habían sido deportados o tenían condenas penales, que no se habían archivado a la base de datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), cual verifica la identidad de los inmigrantes. El informe además afirmó que 800 de estos inmigrantes habían adquirido la ciudadanía bajo un nombre distinto. Incluso si esto fuera cierto, aún representaría una fracción minúscula del número total de ciudadanos naturalizados en el país.

En su entrevista, Cissna declaró, "Las personas que van a ser atacadas por esto, saben muy bien quiénes son porque se les ordenó que se les quitara bajo una identidad diferente y mintieron intencionalmente al respecto cuando solicitaron la ciudadanía más adelante. Puede pasar un tiempo hasta que lleguemos a su caso, pero llegaremos a ellos." Intentó suavizar la amenaza insistiendo en que su agencia no estaba preocupada por aquellos cuyas aplicaciones tenían discrepancias menores. Sin embargo, eso no es una garantía dada la escalada y la ofensiva bipartidista antiinmigrante que ha ganado un nuevo ímpetu bajo la administración Trump.

En febrero de 2018, pocos meses después del nombramiento de Cissna como Director, USCIS eliminó el término "nación de inmigrantes" de su misión y lo reemplazó con una declaración que destacaba los aspectos de aplicación de la ley de las funciones de la agencia. Si bien el cambio fue explicado como una pequeña corrección que reflejaba, y más correctamente, el compromiso primario de la agencia con el "pueblo estadounidense" y "nuestros valores", de hecho era un signo más ominoso de los tiempos.

Antes del cambio, Cissna ya había implementado varias medidas que hacían que un complejo sistema de inmigración fuera aún más arduo para los solicitantes de la clase trabajadora. Esto incluye mayores controles de seguridad para los trabajadores extranjeros que solicitan visas, un nivel más alto para las solicitudes de asilo y un proceso más complicado para la solicitud de la Tarjeta Verde (residencia permanente).

El establecimiento de una nueva oficina de este tipo bajo los auspicios del USCIS marca la primera vez que cualquier administración de los Estados Unidos ha intentado abordar las reclamaciones de fraude a la ciudadanía de manera concertada y coordinada. Irónicamente, antes de la última década, los procesamientos relacionados con la desnaturalización seguidos por el Gobierno de EUA se centraban principalmente en los criminales de guerra nazis que habían mentido en sus aplicaciones. Ahora el Gobierno de los Estados Unidos está atacando a los inmigrantes de una manera que les habría resultado familiar a los funcionarios del Tercer Reich y que se había declarado inhumano e ilegal en los juicios de Nuremberg hace más de 70 años.

Aunque se presenta como una simple medida administrativa para facilitar las guías legales ya establecidas, el anuncio de Cissna debe ser visto y entendido por la advertencia que realmente representa. De esta forma, inmediatamente después de un ataque sostenido contra los inmigrantes, primero sobre la base de ser indocumentados y ahora supuestamente debido a la documentación sospechosa, esta es otra señal peligrosa del ataque en curso contra los derechos de ciudadanía y la destrucción de las normas democráticas.

(Publicado originalmente en inglés el 14 de junio de 2018)