Hace un año, se desató el peor incendio en un edificio en la historia británica en la torre Grenfell y cobró 72 vidas.

Lo que sucedió en la madrugada del 14 de junio del 2017 fue un asesinato social. Este término fue acuñado por Friedrich Engels en su famoso estudio La situación de la clase obrera en Inglaterra. Escribiendo en 1845, durante los comienzos del capitalismo industrial, explicó, “Cuando la sociedad coloca a cientos de proletarios en una situación en la que sufren inevitablemente una muerte temprana y antinatural…” y “a pesar de ello, permite que estas condiciones persistan, su acto es un asesinato, tan inequívocamente como el cometido por un solo individuo”.

La acusación de Engels a todo un sistema social —el capitalismo— se mantiene vigente más de 150 años después.

Esto es porque explica la experiencia compartida por el pueblo trabajador en todo el mundo. El envenenamiento del agua en la ciudad estadounidense de Flint, Michigan, el colapso de montañas de basura y los aludes en Colombo y Sierra Leona que dejaron numerosos fallecidos, y el completamente prevenible infierno en la torre de apartamentos en Londres —una de las ciudades más ricas del mundo— demuestran que las vidas de la clase trabajadora son desechables para la parasítica oligarquía financiera, la cual subordina todo de la vida social y económica a su propio enriquecimiento.

Grenfell fue el resultado directo de las políticas de desregulación implementadas por sucesivos Gobiernos laboristas y conservadores.

Desde la declaración de Margaret Thatcher de que “No existe tal cosa como la sociedad”, la insistencia del Gobierno de Blair en estar “intensamente relajado de que la gente se vuelva extremadamente rica” o la promesa de David Cameron de “matar todas… las cargas constantes en sanidad y salud alrededor del cuello de las empresas británicas”, los niveles y condiciones de vida de los trabajadores se han visto eviscerados para rellenar las cuentas bancarias de las corporaciones y los superricos.

Esta ofensiva contra la clase obrera se vio malignamente expresada en el distrito real de Kensington y Chelsea (RBKC, en sus siglas en inglés), la circunscripción territorial más rica de Londres.

Para ahorrar dinero mientras aburguesaban su mera apariencia exterior, la torre Grenfell fue revestida con un material y aislador sumamente inflamables, convirtiendo todo el edificio en una trampa mortal. El interior del edificio era igual de inseguro, al carecer de un sistema central de alarmas de fuego y aspersores, mientras que la única vía de escape era una sola escalera estrecha. Como resultado, un pequeño fuego en un solo apartamento del cuarto piso se extendió por toda la estructura de 24 pisos en cuestión de minutos. Los bomberos combatieron las llamas para contener el incendio contra todas las probabilidades.

Los residentes que sobrevivieron dentro de la torre y sus alrededores fueron expulsados por las autoridades, con muchos dependiendo de los esfuerzos voluntarios de la comunidad local para tener dónde dormir, qué comer y vestir. El Gobierno admite que 69 hogares permanecen en alojamientos temporales, y el RBKC ha amenazado a 74 hogares, ordenándoles volver de donde escaparon o enfrentarse a estar indefinidamente sin una vivienda y perder sus derechos como inquilinos de ese distrito.

Después del incendio, los supervivientes, sus familiares y otros exigieron que los políticos y las corporaciones responsables rindieran cuentas ante la justicia, lo que obligó a la primera ministra Theresa May a anunciar una “investigación completa, independiente y pública” que “produciría un reporte provisorio para más tardar fines del verano”. “Garantizo que esta tragedia será plenamente investigada,” prometió.

Como lo advirtió el Partido Socialista por la Igualdad en ese momento, “Nada de eso sucederá nunca. Al igual que con todas las otras investigaciones públicas convocadas por la élite gobernante, terminará siendo otro encubrimiento”.

Casi un año después, la investigación pública —encabezada por uno de los pilares de la élite política, sir Martin Moore-Bick— no ha producido nada. Su objetivo no es revelar sino ocultar la verdad; no hacer que los culpables rindan cuentas sino proteger a los criminales del Gobierno central y local y de las entidades empresariales que dieron el visto bueno a la “remodelación” de Grenfell.

La Ley de Investigaciones del 2005 deja esto sumamente claro. Afirma: “Una comisión de investigación no sentenciará ni tiene el poder para determinar la responsabilidad civil o criminal de una persona”. El mismo Moore-Bick ha recomendado, con el respaldo de May, que las cuestiones de “naturaleza social, económica y política” no sean abordadas.

Los asesinatos sociales conllevan injusticias de clase.

Mientras que no han perdido tiempo para enjuiciar al puñado de personas que han hecho reclamos fraudulentos en torno al incendio de Grenfell, la investigación penal de la Policía Metropolitana sobre el infierno no ha resultado en un solo arresto —ni hablar de cargos presentados— ¡respecto a la muerte de 72 personas!

Para añadir sal a la herida, cuando se abrió la investigación, se anunció que la Policía Metropolitana investigaría a la brigada de bomberos de Londres con posibles cargos criminales por haber dado avisos de “permanecer en el sitio” a los inquilinos. Ni siquiera mencionaron el hecho de que tal sugerencia de los bomberos terminó siendo sumamente desastrosa por lo que la Unión de Brigadas de Bomberos describió como “múltiples” faltas de seguridad que convirtieron al edificio en una “trampa mortal altamente combustible” y dejaron a los bomberos en una “situación imposible”.

La negativa de la élite gobernante a perseguir a los verdaderos criminales responsables de la atrocidad de Grenfell también marca un enorme contraste con su determinación a silenciar a cualquier que lucha por establecer los hechos.

Han sido montadas cacerías de brujas histéricas en la prensa derechista contra John Delaney y Edward Daffarn, ambos miembros del Grupo de Acción de Grenfell que advirtieron sobre el peligro de un incendio “catastrófico” debido a las políticas del RBKC y su organización de administración de inquilinos. Delaney, quien vivía a la par de la torre Grenfell, ha luchado poro años por los derechos de los inquilinos en el área a una vivienda decente y segura. Daffarn escapó de su apartamento en el décimo sexto piso de Grenfell.

El documentalista Daniel Renwick y el residente local Ishmael también han sido objeto de denuncias por el delito de hacer un filme honesto sobre Grenfell, Failed by the State (Abandonados por el Estado)

Nada de esto es un accidente. El apogeo de esta campaña para suprimir la verdad es el intento continuo y cruel para silenciar a Julian Assange. El fundador y editor de WikiLeaks ha estado atrapado por seis años en la embajada ecuatoriana a menos de seis kilómetros de Grenfell, por enfrentar el peligro de ser arrestado y deportado a EUA donde enfrenta cargos por espionaje tras haber desnudado los crímenes de guerra de Washington y Londres.

Mientras tanto, todo continúa como antes, con los ricos enriqueciéndose más y exprimiendo a los trabajadores hasta el último centavo. Justo cuando inició la investigación de Moore-Bick, el príncipe Harry y Meghan Markle estaban regresando a su estancia en los terrenos del palacio de Kensington, a pocos kilómetros de Grenfell. Aproximadamente £30 millones de fondos públicos fueron derrochados en su casamiento, mientras que solo el vestido de la novia costó presuntamente £300.000, la misma cantidad ahorrada por emplear un material de revestimiento más barato e inflamable para la torre Grenfell.

La sociópata y avara burguesía en cada país es incapaz de atender cualquier otra cosa que no sea la continua transferencia de riqueza a los bolsillos de los superricos y el financiamiento de guerras que amenazan con destruir a la humanidad misma.

Solo se podrán hacer disponibles los recursos sociales para atender las necesidades del pueblo trabajador si se rompe el dominio de la aristocracia financiera y sus representantes políticos y se reorganiza toda la sociedad sobre bases socialistas. Esta es la perspectiva del Partido Socialista por la Igualdad.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 11 de junio de 2018)