El Gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en Nicaragua ha recrudecido sus medidas severas y asesinas contra protestas cada vez más amplias que exigen un fin a la represión y la renuncia del presidente Daniel Ortega y su camarilla gobernante.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos reportó la semana pasada que al menos 127 han fallecido en la campaña violenta de represión. Esta cifra ha seguido aumentando a medida que la Policía Nacional y los grupos armados progubernamentales le continúan disparando a los manifestantes y sitiando pueblos enteros y sectores de la capital, Managua.

Debido a que la explosión social ha tomado dimensiones imprevistas y la economía prácticamente se ha paralizado, Washington ha enviado un representante especial para presionar por una resolución política más pronta. Esto marca una nueva etapa en la intervención estadounidense en la crisis política nicaragüense, la cual comenzó el 18 de abril cuando estallaron protestas contra recortes a las pensiones y aumentos en las contribuciones al seguro social demandados por el Fondo Monetario Internacional y fueron reprimidas de forma inmediata y violenta.

Tras la masacre de hasta 15 manifestantes en una marcha con cientos de miles el Día de la Madre, el 30 de mayo, las protestas han continuado por todo el país, pero han asumida cada vez más la forma de barricadas en las calles, erigidas y protegidas por estudiantes, trabajadores y campesinos para prevenir que las fuerzas gubernamentales entren en sus pueblos y vecindarios.

A medida que la represión aumentó durante el fin de semana, las barricadas se multiplicaron. Según líderes de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, alcanzaron un pico este domingo con 125 bloqueos de calle, afectando el 70 por ciento de las vías del país y deteniendo el paso de 6.000 camiones de carga.

El lunes, la Asociación de Transportistas Nicaragüenses ordenó la suspensión de todos sus servicios de salida y entrada al país por los bloqueos y por el peligro que enfrentan los camioneros debido a la represión. El viernes, la agencia crediticia de Wall Street Standard & Poor’s cambió su perspectiva para la economía nicaragüense de estable a negativa, reportando caídas en el consumo y la inversión debido al “impasse político”.

Las manifestaciones también están teniendo un impacto regional, subrayando la importancia de la posición geográfica y poder de la clase obrera nicaragüense. Las mayores organizaciones patronales en Costa Rica han reportado que las barricadas están afectando el 44 por ciento de las exportaciones industriales costarricenses, las cuales transitan a través del territorio nicaragüense.

Una trabajadora de educación pública en Jinotega le dijo al World Socialist Web Site que la Juventud Sandinista había llevado a cabo un ataque contra los cortes de ruta en su ciudad, los cuales habían sido colocados por estudiantes, amas de casa y trabajadores durante el fin de semana.

“Van con todo a matar y la policía los protege. Los antimotines están con los sandinistas. Se escucharon tiroteos toda la noche el viernes”, dijo. Hubo al menos 20 manifestantes heridos y un niño de 12 años asesinado. Indicó que pudo identificar a algunos de los hombres que les dispararon a los manifestantes desde una camioneta pickup por la escuela Simón Bolívar, señalando que son empleados de la alcaldía.

Al preguntarle sobre el impacto de las protestas para los trabajadores, señaló, “La gente trabaja una o dos horas y tienen que cerrar”. La comía escasea, dijo y añadió en un tono medio en broma y medio serio, “Ya mi mamá va a tener que matar todas sus gallinas”.

El creciente movimiento de masas contra el Gobierno ha permanecido subordinado al “Diálogo Nacional” entre el FSLN, Washington y las principales asociaciones empresariales del país que encabezan la “Alianza”. Los líderes estudiantiles y campesinos han encabezado los esfuerzos para prevenir que las protestas se salgan del control de la clase gobernante, mientras que los trabajadores y la juventud están expresando una oposición cada vez mayor a todos los partidos capitalistas y las instituciones estatales.

Previo a los últimos incidentes, una encuesta de CID Gallup publicada el 29 de mayo mostró que casi el 70 por ciento de los entrevistados apoya las manifestaciones y demanda la renuncia de Ortega. Mientras que el apoyo al FSLN ha caído a mínimos históricos, la mayoría de los encuestados indicó no apoyar a ningún partido político. La tasa de aprobación del presidente colapsó del 71 por ciento en enero a 29 por ciento en mayo, y mayorías similares también tienen percepciones negativas del Consejo Superior de la Empresa Privada, el ejército y la policía.

La semana pasada, varios líderes vinculados al Movimiento Estudiantil 19 de Abril, el cual se ha mantenido a la cabeza de las protestas en las principales ciudades del país, viajaron a Washington para reunirse con senadores estadounidenses, oficiales de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el titular del USAID y otros altos representantes del imperialismo estadounidense para discutir la crisis y recibir nuevas órdenes en apoyo al “Diálogo Nacional”.

El jueves, la Iglesia Católica, que ha mediado las negociaciones, le dio una propuesta nueva pero no divulgada a Ortega, quien solicitó 48 horas para “reflexionar”. Sin embargo, no ha dado una respuesta oficial y, en cambio, desató una nueva ofensiva por parte de la Policía Nacional y los grupos armados progubernamentales para desmontar los cortes de ruta con balas de goma y reales.

Luego, el lunes, la embajada estadounidense presentó una declaración anunciando que un representante especial de Estados Unidos había participado en las negociaciones entre el Gobierno del FSLN y la oposición, con la aprobación de la comisión de relaciones exteriores del Senado de EUA y el Departamento de Estado.

El 7 de junio, el Departamento de Estado anunció restricciones de visas para un puñado de oficiales nicaragüenses, cuyos nombres no fueron revelados, acusados de violar los derechos humanos y “valores democráticos”. El martes por la tarde, el sitio de noticias nicaragüense Confidencial reportó que había recibido el borrador de un proyecto de ley del Senado estadounidense demandando sanciones financieras contra los oficiales nicaragüenses que el Gobierno de Trump considere que haya “perpetrado, o es responsable [de] ordenar o de dirigir, actos significativos de violencia o abusos serios a los derechos”, de corrupción o que “socaven el proceso democrático o las instituciones en Nicaragua”.

Estas medidas pretenden asegurar el control de EUA sobre el resultado de las negociaciones y darle una cubierta política para su apoyo a la supresión violenta de las protestas. Mientras que el número de manifestantes asesinados aumentaba rápidamente la semana pasada, el único acto específico condenado por el Gobierno estadounidense fue la quema del oficialista Radio Nicaragua por parte de los protestantes el viernes. Al mismo tiempo, el proyecto de ley del NICA Act, el cual incluye amplias restricciones sobre el acceso nicaragüense a créditos de instituciones internacionales, permanece archivado en el Senado estadounidense.

El enviado estadounidense, Caleb McCarry, es un alto oficial para América Latina en la comisión de relaciones exteriores del Senado. Fue director del Centro por el Democracia, asociado con la CIA, a fines de los ochenta, encargándose de cubrir con un velo democrático las dictaduras militares y escuadrones de la muerte respaldados por EUA que aterrorizaron y mataron a cientos de miles en la región. También dirigió la misión del Centro por la Democracia en Nicaragua antes de las elecciones de 1990, cuando estableció una oficina en Managua para coordinar tanto el registro de votantes entre las fuerzas terroristas de la Contra como la asistencia extranjera a la oposición encabezada por Violeta Chamorro.

Según fuentes anónimas presentes en las reuniones durante el fin de semana que hablaron con La Prensa, fue el mismo Ortega el que solicitó, a través de la embajada nicaragüense en EUA, que McCarry se uniera a las conversaciones. McCarry se había reunido el año pasado para discutir el Nica Act, cuando su discusión fue indefinidamente aplazada. Estos desarrollos demuestran que, más allá de una presión continua, Ortega y la dirección sandinista han ganado una medida de apoyo de los sectores dominantes y fervientemente derechistas en Washington.

Los mismos elementos que participaron en las sangrientas operaciones contrarrevolucionarias de EUA durante los años ochenta están ahora respaldando la represión orteguista. Independientemente de las denuncias simbólicas de oficiales del Gobierno de Trump, el Departamento de Estado continúa apelando a Ortega para que ponga fin a las protestas y resuelva una salida política con la oposición a través del “Diálogo Nacional”.

No cabe duda de que Ortega, junto a las facciones más abiertamente proimperialistas de la burguesía nacional, ha garantizado someterse a las demandas de Washington en torno a las preocupaciones militares y económicas del imperialismo estadounidense sobre el acercamiento reciente de Nicaragua con rivales estadounidenses, principalmente Rusia y China.

El representante del Movimiento Campesino Anticanal en el Diálogo Nacional, Medardo Mairena, les comunicó a sus seguidores el lunes de que Ortega había acordado durante las reuniones del fin de semana que convocaría elecciones tempranas, pero insistiendo en que permanecería en el poder hasta entonces. Dirigentes del FSLN le comentaron a Confidencial que están proponiendo que las elecciones sean durante el 2019.

Todas estas negociaciones están llevándose a cabo a espaldas de los jóvenes, trabajadores y campesinos que están muriendo en las calles. Es aparente, además, que se ha llegado al consenso —a pesar de diferencias sobre las semanas y meses que Ortega se mantendrá en el poder y las promesas de impunidad para su camarilla de asesinos— de restaurar rápidamente las condiciones políticas para que la burguesía nicaragüense y el capital extranjero puedan reanudar su intensificación de la explotación de la clase obrera, incluyendo a través de medidas de austeridad social y mayor represión.

Por encima de los recortes a las pensiones que desencadenaron las protestas, la ira social se ha visto impulsada por el crecimiento de la desigualdad social. Una concentración cada vez mayor de riqueza en la cima ha sido acompañada por una caída desastrosa en los niveles de asistencia social para los sectores más empobrecidos y una reducción en los beneficios para los trabajadores del sector público. Este proceso se aceleró dramáticamente después de que prácticamente se detuviera la ayuda venezolana.

En comparación con el 2012, cuando Venezuela donó $345 millones para viviendas e inversiones productivas y $209 millones en asistencia social, estas cifras respectivas fueron $26 millones y $4,7 millones en el 2017. La ayuda total venezolana en el 2012 fue siete veces mayor al total de las donaciones extranjeras que se esperan para este año.

Esta enorme caída en asistencia social, junto con las medidas proempresariales de austeridad demandadas por el FMI, han conllevado enormes presiones económicas sobre la mayoría empobrecida de los hogares en el país. Un estudio del Banco Mundial en el 2017 halló que el 39 por ciento de los nicaragüenses viven bajo la línea de “pobreza” de $4 al día. El grueso de los hogares que han superado este magro límite durante la última década, sea por medio de la asistencia social o el acelerado crecimiento económico, permanecen en la categoría denominada como “vulnerable” de $4 a $10 por día, incorporando al 45 por ciento de los nicaragüenses.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 14 de junio de 2018)