Los maestros escolares peruanos han continuado una huelga indefinida desafiando un decreto del gobierno el miércoles declarando ilegal la acción y amenazando con despidos masivos en represalia.

El decreto se impuso en 19 de las 24 regiones del país donde la medida de fuerza ha cerrado las escuelas públicas. Según el diario de negocios Gestión, el 70 por ciento de las escuelas públicas permanecen cerradas, afectando a 3.5 millones de estudiantes.

El primer ministro César Villanueva advirtió que los maestros que no respeten la prohibición de huelga enfrentarán medidas administrativas, incluida la pérdida de sueldo por cada día no trabajado.

El ministro de Educación, Daniel Alfaro, fue más amenazante, y le dijo al diario Expreso que "los maestros que no vienen a trabajar por tres días consecutivos serán definitivamente reemplazados", por considerar que abandonaron sus trabajos. El gobierno también congelará las cuentas de cualquier gobierno regional que pague a los huelguistas por días no trabajados, dijo.

El gobierno ha intentado difamar al movimiento de maestros, con el ministro del interior, Carlos Basombrio, relacionándolo con el movimiento ex guerrillero maoísta Sendero Luminoso, basado en el hecho de que algunos de los líderes de la huelga pertenecen a Movadef (Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales), un grupo que ha pedido la liberación de los miembros de senderistas encarcelados.

Cientos de maestros han viajado a Lima desde las provincias para participar en manifestaciones diarias contra el gobierno. Están siendo alimentados por comedores populares y durmiendo sobre cartones en el piso de la sede del sindicato.

Según Gestión: "El gobierno prácticamente ha aceptado todas las demandas salariales, aunque será gradual, pero se niega a ceder en la evaluación del desempeño de los docentes", una medida supuestamente destinada a eliminar a los incompetentes.

El reclamo que exige que se resuelvan los salarios y beneficios ha sido rechazado por los mismos maestros, quienes continúan presionando para que aumenten los sueldos y aumente el presupuesto de educación en las marchas masivas diarias.

Las condiciones que enfrentan los docentes en un país que carece de carreteras adecuadas son extremadamente duras. Un número considerable de profesores tiene que viajar varias horas a pie todos los días para llegar a las escuelas a enseñar, con un salario de solo 1.200 soles (US$ 370) al mes.

Hasta ahora, no ha habido confrontaciones violentas entre la policía y los maestros. Sin embargo, durante la última huelga de 50 días por parte de los maestros el año pasado, las manifestaciones de los maestros fueron brutalmente atacadas por la policía en varias ocasiones.

La presente huelga se basa en el incumplimiento por parte del gobierno de los acuerdos alcanzados para resolver la huelga de profesores de 2017. El presidente del sindicato de docentes, CUTE, Pedro Castillo, ha declarado que los maestros están preparando movilizaciones más grandes en los próximos días. Dijo que una de las principales demandas era un aumento en el presupuesto de educación al 6 por ciento del PIB; actualmente se encuentra en 3,67 por ciento.

La huelga de docentes es parte de la ola creciente de luchas de los trabajadores en todo el Perú. Los trabajadores ferroviarios en Cusco se marcharon, mientras que en Lima y su vecina ciudad portuaria de Callao, los trabajadores de tránsito lanzaron una huelga el miércoles.

Se estima que la mitad del transporte público se paralizó en Lima en la hora pico de la mañana del miércoles. La actitud del gobierno fue aceptar las demandas de los trabajadores del transporte, aprobando 280 nuevas licencias, que extienden los derechos de las empresas de transporte para continuar operando hasta fines de 2019.

A pesar del acuerdo, los funcionarios municipales de Lima emitieron una advertencia solicitando a la policía que interviniera si ocurrían incidentes que involucraban a personas que intentaban tomar el autobús para ir a trabajar.

El altamente visible tren "turístico" a Machu Picchu fue parcialmente paralizado por la huelga de los trabajadores del ferrocarril. Exigen aumentos salariales y también un aumento en el presupuesto educativo. Están en el tercer día de una paralización parcial indefinida.

Además, hay 198 conflictos sociales no resueltos —146 de los cuales están activos— que amenazan con volver a surgir debido a la intransigencia de la administración del nuevo presidente peruano, Martín Vizcarra, al negar sus demandas básicas.

La clase dominante peruana se ha visto sorprendida por el movimiento masivo de trabajadores y campesinos en todo el país, lo que está perturbando sus intentos de desestabilizar un aparato estatal plagado de crisis. Expresando temor y preocupación, el diario Expreso encabezó la edición del miércoles con "La temporada de huelgas comenzó en Perú". Advirtió que "comenzó la temporada de huelgas en el país" y que se podría esperar que "se unirán hoy los transportistas de Lima y Callao quienes protestan, entre otras cosas, por las llamadas “papeletas inventadas”.

La economía peruana ha estado en declive durante los últimos dos años. La crisis económica se combinó con una crisis de gobernabilidad, y el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) fue obligado a renunciar por su participación en el escándalo de multimillonarios sobornos y concesiones que involucró al gigante brasileño de la construcción Odebrecht. Recientemente, se reveló que los sobornos en Perú podrían sumar una cantidad mucho más alta que los US$ 29 millones reportados anteriormente.

Las aprobaciones de los políticos en el ejecutivo y legislativo están por debajo del 20 por ciento. El derechista fujimorista Fuerza Popular, que domina la legislatura, está dividido entre los seguidores de Keiko Fujimori y su hermano menor Kenji. En diciembre, Kenji llegó a un acuerdo con el presidente PPK para liberar a su padre encarcelado, Alberto Fujimori, que había sido condenado a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad, a cambio de evitar su expulsión del cargo. Según la encuestadora Ipsos, a partir de abril de 2018, la calificación de aprobación de Keiko era un exiguo 19 por ciento, la de su hermano Kenji, 15 por ciento. A los partidos burgueses de izquierda no les va mejor, con su líder más visible, Veronika Mendoza, de Nuevo Perú, alcanzando un índice de aprobación de solo el 18 por ciento. Mientras tanto, el partido gobernante ha visto su representación en el Congreso recortada casi a la mitad.

Dado el descrédito de todos los principales partidos e instituciones en el Perú, una renovación de la lucha de clases amenaza con desestabilizar toda la configuración política capitalista existente.

(Publicado originalmente en inglés el 22 de junio de 2018)