Tras su amenaza de expulsar a “todos los 600.000” inmigrantes de Italia, el ministro del Interior italiano Matteo Salvini (Lega) ahora planea registrar y censar a todos los sinti y romanís que viven en el país. Tal movimiento sería el preludio de una represión masiva y de estilo fascista.

“Estoy elaborando un dosier sobre los romanís en Italia en el Ministerio, es un desastre. Antes se llamaba censo, pero ya no puedes llamarlo así. Así que vamos a llamarlo un registro personal o un inventario”, dijo Salvini en una entrevista en Telelombardia, una cadena de televisión local con sede en Milán, el lunes. Él preferiría deportar a todos los 140.000 romaníes del país, pero, “desafortunadamente, tenemos que quedarnos con los italianos que hay entre ellos”, agregó provocativamente.

El miércoles, Salvini anunció que muchas autoridades locales ya lo habían contactado para declarar que estaban listos para comenzar a censar.

El proyecto de Salvini de un empadronamiento romaní recuerda uno de los períodos más oscuros de la historia europea. Se inspira directamente en las medidas despiadadas del régimen fascista de Benito Mussolini, que registró a todos los judíos del país antes de su deportación a los campos de exterminio nazis. Los sinti y los romanís también fueron privados de todos sus derechos, perseguidos y asesinados por los fascistas italianos en alianza con el régimen de Hitler.

Los planes del ultraderechista ministro del Interior son tan monstruosos que los representantes de su propio gobierno, de la Lega y el Movimento 5 Stelle (M5S, Movimiento Cinco Estrellas), se vieron obligados a repudiarlos. El primer ministro Giuseppe Conte dijo el martes: “Aquí nadie tiene la intención de llenar un registro o hacer recuentos por motivos étnicos, una medida que, por cierto, sería inconstitucional y obviamente discriminatoria”. Luigi Di Maio (M5S), el vice primer ministro y el socio de la coalición de Salvini, cuyo padre fue consejero local neofascista, comentó: “No se pueden llevar a cabo censos sobre una base racista”.

También ha habido críticas de la Unión Europea (UE) y de los partidos de la oposición de Italia. El vicepresidente de la Comisión Europea hizo hincapié en que la expulsión de ciudadanos de la UE de otros estados en función de su origen étnico violaría la legislación vigente.

En Italia, Roberto Speranza, del partido opositor Libres e Iguales (LeU), anunció que su partido presentaría una demanda contra Salvini por “incitación al odio racial”. Ettore Rosato (Partido Demócrata, PD), vicepresidente de la Cámara de Diputados, dijo: “El recuento de gitanos es vulgar y demagógico, y recuerda los peores precedentes”. Matteo Richetti (PD), un confidente del ex primer ministro Matteo Renzi, declaró: “Él está ofreciendo a los italianos un enemigo, un culpable para vencer y eliminar”.

La indignación de la UE y la oposición italiana es hipócrita y sin valor. Los planes inhumanos de Salvini son parte de una ofensiva sistemática contra refugiados y minorías, respaldada e implementada por toda la élite gobernante en Europa. El mismo día en que Salvini amenazó a los romanís, la canciller alemana, Angela Merkel, se reunió con Conte para discutir su llamada “solución europea” a la cuestión de los refugiados. Su plan incluye una acumulación masiva de la notoria policía fronteriza europea, Frontex, y el establecimiento de campos de concentración de facto para los refugiados en el norte de África.

Los partidos de la oposición italianos, ahora tan vociferantemente críticos con Salvini, también apoyan medidas antirrefugiados y aplicaron políticas similares cuando estaban en el gobierno. Hace apenas diez años, en 2007-2008, tanto el gobierno del Olivo encabezado por los Demócratas de Izquierda como el subsiguiente régimen de Silvio Berlusconi insistieron en la necesidad de un empadronamiento de los romanís. El proyecto solo se archivó después de que intervinieran la UE y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).

En 2007, cuando Rumanía se convirtió en miembro de la UE, Romano Prodi encabezó un gobierno de coalición que incluía a Rifondazione Comunista (PRC), los Verdes y el estalinista Partido de los Comunistas Italianos (PdCI). Tanto el gobierno de Prodi como los alcaldes del PD de ciudades importantes como Roma y Milán lanzaron una campaña contra los romanís, que habían llegado a Italia basándose en el principio de libertad de movimiento de la UE.

En octubre de 2007, el gobierno y los medios de comunicación italianos organizaron una campaña en torno a un caso de violación. Un joven romaní fue acusado del crimen. Los medios de comunicación generalmente ignoran los ataques contra los sintis y los romanís, pero esta vez los periódicos nacionales de Italia publicaron titulares histéricos sobre el caso de violación. En cuestión de días, los fascistas realizaron brutales ataques incendiarios en los llamados “campamentos nómadas”. Prodi respondió introduciendo una nueva ley racista que permitía detectar y expulsar a los “ciudadanos de la UE” que “representaban una amenaza para el orden público”. La policía inmediatamente comenzó a peinar los campamentos y elaborar listas.

El alcalde de Roma en ese momento era Walter Veltroni, quien pasó a ser el candidato presidencial del PD. En mayo de 2007, introdujo un “Pacto por una Roma segura” en el concejo municipal que permite la contención de “personas sin tierra” y el establecimiento de asentamientos dirigidos por la policía para hasta mil así llamados “nómadas”. Un proyecto similar fue perseguido por Giuliano Pisapia (PD) en Milán.

En enero de 2008, Berlusconi ganó las elecciones federales e intensificó la agitación contra los sinti y los romanís. Bajo el entonces ministro del Interior de la Lega Nord, Roberto Maroni, se registraron niños romanís y sus huellas digitales se almacenaron en un archivo especial.

Solo en julio de 2008, el Parlamento Europeo y la OSCE determinaron por primera vez que el registro y la toma de huellas dactilares por motivos étnicos eran ilegales. Esta decisión fue precedida por manifestaciones masivas el 8 de junio y el 8 de julio de 2008. En ambas ocasiones, más de 10.000 personas se manifestaron en contra de las nuevas leyes raciales.

La recolección de huellas dactilares se interrumpió posteriormente, a excepción de tres supuestas áreas de “emergencia” (Roma, Milán, Nápoles), donde comisionados especiales continuaron el registro de gitanos con archivos de fotos. Finalmente, en 2013, el poder judicial italiano declaró que el registro étnico sistemático era ilegal.

Aunque las fichas romanís son racistas y violan todos los principios democráticos, existen en secreto o abiertamente en muchos países europeos. Como revela el sitio web “Roma-Servie”, existen tales bases de datos de romanís en Suecia y Francia. En Suecia, alrededor de 4.000 romaníes, incluidos menores, fueron registrados en un archivo secreto de la policía hasta 2013. La policía francesa también mantuvo un archivo secreto sobre romanís basado en la genealogía, incluidas muestras de ADN, hasta 2007. Existen archivos similares en Austria y otros países.

Los sinti y los romanís se encuentran entre los sectores más pobres, oprimidos y desfavorecidos de la población, pero los gobiernos ignoran en gran medida sus necesidades básicas. En Italia, aproximadamente la mitad de todos los romanís son ciudadanos con toda la documentación necesaria. Aquellos que no tienen un estado de residencia permanente viven en condiciones miserables y antihigiénicas en los campamentos, a menudo sin suministro adecuado de agua y electricidad. Los políticos ignoran el hecho de que los niños romanís no pueden asistir a la escuela, se les niega el acceso a la infraestructura local y se les impide integrarse. Los romanís son continuamente hostigados por la policía y obligados a abandonar sus viviendas sin posibilidad de alojamiento alternativo.

El aislamiento, la criminalización y la opresión de los sinti y los romanís tienen una función social y política. Los representantes de todos los partidos los usan como chivos expiatorios para distraer la atención de los ataques a las conquistas sociales de la clase trabajadora en general. La campaña contra los gitanos por parte del gobierno de Prodi tuvo lugar al mismo tiempo que el colapso del mercado inmobiliario en los Estados Unidos, que anunciaba la crisis financiera mundial de 2008. En octubre de 2007, al mismo tiempo que se promulgaba el decreto racista, el gobierno de Prodi aprobó su presupuesto de 2008, que incluía un ataque importante contra las pensiones, la educación y la asistencia social.

Una vez más, la propaganda contra los romanís y los refugiados está dirigida contra la clase trabajadora en su conjunto y cumple objetivos políticos reaccionarios. Para imponer sus políticas de militarismo, un Estado fuerte y la devastación social, las élites gobernantes en Europa están listas para repetir los peores crímenes de la historia para combatir la creciente oposición popular.

Un comentario abiertamente racista en el diario Malta Independent, citado por Deutschlandfunk el miércoles, defendió la iniciativa de Salvini. Decía en parte: “No puede haber progreso cuando las personas se mueven y se retiran de la escuela y el trabajo, igual que los romanís. Cualquiera que represente algún tipo de control como un renacimiento de la era Nazi entiende mal la situación. Los judíos enviados a campos de exterminio eran inocentes y no merecían el castigo que tenían que soportar. Pero hay millones en Italia y muchos en Malta, que han pagado la generosidad que se les muestra con actividad delictiva y deben sentir las consecuencias de sus acciones”.

(Publicado originalmente en inglés el 23 de junio de 2018)