Después de meses de inacción contra los despidos y los ataques contra sueldos y condiciones de vida, la Confederación General del Trabajo (CGT) de Argentina, aliada a las tres alas del Partido Peronista, organizó una huelga general de veinticuatro horas el lunes 25 de junio. Todo indica que hubo una enorme participación en esta protesta de un día. Casi todo el país quedó paralizado.

Se trata de un repudio a las medidas económicas del gobierno derechista del presidente Mauricio Macri. Fue la tercera huelga general de protesta organizada desde abril 2017, y la que contó con el mayor apoyo popular. La huelga del lunes paralizó escuelas, el transporte, los bancos y otros servicios.

Supuestamente el propósito de este gran paro, que la burocracia de la CGT convocó hace dos semanas, era “enviar un mensaje” de repudio obrero a las medidas de austeridad económica del gobierno de Macri, en el contexto de creciente inflación de los precios al consumidor, que más empantana en la pobreza e muchos argentinos. En verdad, este paro dejó en claro la inquina, resistencia, y deseo de luchar de la clase obrera argentina.

El “mensaje” de los sindicatos argentinos es que la clase obrera se descontrola. Los sindicatos le ofrecen a Macri una nueva ronda de negociaciones sobre sueldos y reformas laborales. Rechazando acusaciones del gobierno de que sus exigencias son “políticamente motivadas” por los partidos peronistas, los líderes sindicales se declararon no políticos y advirtieron sobre una venidera catástrofe social.

Acompañaron a la CGT otras federaciones sindicales como la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), bancarios, trabajadores de la salud, de la educación y judiciales. Argentina es el país más sindicalizado del continente americano. Existen más de tres mil sindicatos con 3,1 millones de miembros; éstos representan el cuarenta por ciento de la fuerza laboral e integran varias federaciones. Posiblemente sean los más conservadores del continente. Durante más de un año, desde diciembre 2015 hasta abril 2017, la CGT y los otros sindicatos cumplieron con un acuerdo de paz con el gobierno de Macri. No bien se acaba ese pacto, con la primera huelga general de protesta, hacen todo lo posible para limitar y aislar las luchas obreras. Incluso en el momento actual, no han cambiado ninguna de esas tácticas conciliatorias de la CGT.

La función de su envejecida burocracia —la mayoría de los líderes de la CGT y CTA lleva más de veinticinco años en el poder— infame por su corrupción y su estrategia mercachifle, es disipar la oposición de los trabajadores contra la política de la oligarquía de poder.

De acuerdo con la política de colaboración de clase de las burocracias sindicares, no se programaron movilizaciones, marchas o piquetes durante la huelga del lunes.

Se les pidió a los obreros quedarse en sus casas. Las marchas, concentraciones y piquetes masivos que sí ocurrieron en Buenos Aires y varias otras ciudades fueron organizados por grupos de izquierda y por fracciones sindicales disidentes, entre los cuales estuvieron el Partido Socialista de los Trabajadores (PTS) e Izquierda Socialista (IS), ambos de tendencia morenista, y el Partido Obrero (PO). Su demanda era la extensión de la huelga por doce horas más para organizar una gran concentración en la Plaza de Mayo, frente al palacio de gobierno argentino.

Acudieron a esos actos miles de obreros que ya estaban en huelga y también maestros, empleados del estado y otros obreros. Hubo manifestaciones de protesta ocurrieron en todas las ciudades principales de la Argentina.

También en estas manifestaciones hubo una fuerte e intimidante presencia policial, con perros y cañones de agua, por si fuera conveniente reprimir a los manifestantes.

El 8 de junio el presidente Macri llegó a un acuerdo con Christine Lagarde, presidenta del Fondo Monetario Internacional (FMI), otorgando a la Argentina quince mil millones de dólares (parte del programa de rescate financiero de cincuenta mil millones de dólares). Lagarde felicitó a Macrí por haber acudido tan pronto al FMI, en el contexto de la volatilidad financiera mundial, para balancear la fuga de capitales que ha debilitado a la Argentina y empeorado la crisis de deuda. El acuerdo con el FMI recibió la aprobación del Steven Mnuchin, secretario del tesoro estadounidense.

De acuerdo con el pacto con el FMI, Macri se comprometió a abandonar su austeridad gradual, de recortes presupuestales, ataques contra pensiones y salarios, y grandes aumentos en las tarifas de electricidad, gas, y combustibles, reemplazando ese gradualismo con un ataque más agresivo contra ingresos y niveles de vida. El gran temor de los grupos de poder argentinos es que se repitan los levantamientos revolucionarios que derrocaron gobiernos en el 2001 y 2002, en medio de un desmoronamiento financiero y depresión económica.

Por eso, Macri y la burguesía argentina se fían en la CGT y los otros sindicatos. La semana pasada, negociando con los sindicatos, Macri aceptó un cinco por ciento adicional sobre el aumento de quince por ciento que muchos sindicatos han aceptado para este año. Aun así, ese aumento no es suficiente. Los pronósticos más optimistas anticipan una inflación del veinticinco por ciento, o más, para este año.

El colapso financiero amenaza la burocracia sindical. La amplia participación en el paro nacional del lunes, relativo a paros anteriores, en sí indica creciente resistencia en la clase obrera argentina.

A mediodía del lunes de huelga, la dirección de la CGT tuvo una conferencia de prensa en Buenos Aires. Juan Carlos Schmid, uno de los líderes de la CGT, pidió que el gobierno aceptara una nueva ronda de discusiones con los sindicatos, incluyendo la participación sindical en nuevas leyes de reforma laboral. Esta es una “nueva oportunidad” para que el gobierno negocie con los sindicatos, dijo Schmid.

Sergio Palazzo, líder de la Asociación Bancaria, luego de expresar su asombro por la enorme participación en la huelga, expresó su esperanza de que el gobierno responda y se reúna con la burocracia sindical: “Ojalá, el gobierno entienda el malestar que general sus políticas”, dijo Palazzo. “Si no toman nota de este paro, la conflictividad social aumentará", cauteló.

Fingiendo ser ciego al impacto de la huelga, Rogelio Frigerio, ministro de Haciendo, culpó su extensión a la falta de “transporte público”.

Otros oficiales del gobierno condenaron la huelga; Macri dijo que “no ayudó para nada”. Elisa Carrío, dirigente del bloque Cambiemos, expresó su rechazo hacia los trabajadores argentinos por su falta de ambición y productividad, comparándolos con gallinas corruptas: “Los corruptos son gallinas, toda su vida tendrán que tragar lombrices, seguirán picoteando el piso”.

(Publicado originalmente en inglés el 26 de junio de 2018)