La decisión de la Corte Suprema de EUA en el caso Trump vs. Hawái, ratificando el veto a viajantes antimusulmán promulgado por el presidente Trump, es un nuevo e infame hito en la destrucción de los derechos democráticos. El fallo fue recibido con desprecio e ira por decenas de millones de estadounidenses y millones más por todo el mundo.

Con respecto a su quiebra legal, política y moral, la decisión se suma a otras infamias como el caso Korematsu vs. EUA que defendió el internamiento de japoneses-estadounidenses, Plessy vs. Ferguson que sancionó la segregación racial y Dred Scott vs. Sandford que sentenció que los esclavos eran propiedad y no tenían derechos.

Al avalar el poder de Trump para cerrar las fronteras del país, la corte le ha concedido una autoridad irrestricta para implementar sus políticas de tinte fascista contra los inmigrantes y oponentes políticos. A partir de ahora, no cabe duda de que la máxima corte del país aprobará cualquier medida autoritaria que Trump tenga planeada, incluyendo la abolición del proceso debido legal para los inmigrantes y el establecimiento de campos de concentración.

Como resultado de su decisión, alrededor de 250 millones de habitantes de Irán, Libia, Siria, Yemen, Somalia, Corea del norte y Venezuela tendrán efectivamente prohibida la entrada a EUA. Más allá, la decisión es una importante victoria política para Trump, quien se jactó el martes de que había sido reivindicado.

Según el fallo, Trump cuenta con una “discreción amplia” y “facultades amplias para imponer restricciones de entrada”, si determina que el ingreso de extranjeros “sería perjudicial para los intereses de Estados Unidos”.

La corte simplemente desconoció el motivo abiertamente racista de Trump en implementar el veto. Al citar el llamado de Trump en el 2015 a “prohibir total y completamente la entrada de musulmanes a EUA”, la corte decidió que la “autoridad” del presidente para emitir un “decreto de seguridad nacional que regule la entrada de extranjeros” invalida la acusación del demandante de que el veto viola la prohibición de discriminación religiosa de la Primera Enmienda a la Constitución de EUA.

La decisión de la mayoría, en un voto de cinco contra cuatro, le otorga claramente al presidente y al ejército el poder de tomar medidas drásticas en una “emergencia nacional” o “durante un tiempo de crisis”, incluido “si EUA estuviera al borde de una guerra”.

Este es un paralelo de los argumentos legales del juez nazi, Carl Schmitt, quien justificó la suspensión de los derechos democráticos aludiendo a una emergencia de seguridad nacional.

Detrás de la pantalla de “seguridad nacional” y “combate contra el terrorismo”, la clase gobernante estadounidense ha aterrorizado al mundo por casi 20 años. El Gobierno estadounidense ha invocado la “seguridad nacional” para matar a millones en Irak, Afganistán, Libia y Siria. Este mantra ha servido como una justificación para todo propósito, incluyendo bombardeos con drones, tortura, espionaje masivo y el establecimiento de un “ejército total” integrando las fuerzas para guerras de agresión en el exterior y represión estatal interna.

Ahora, la “guerra contra el terrorismo” ha evolucionado en la guerra contra los inmigrantes.

La premisa de que los inmigrantes o ciudadanos de los siete países afectados por el veto representan una amenaza para la población estadounidense es una mentira completa.

Dichos países han sido devastados por intervenciones militares estadounidenses —Somalia, Siria, Libia y Yemen— o regímenes despiadados de sanciones económicas —Corea del Norte, Venezuela e Irán—. Miles de refugiados perderán la posibilidad de recibir asilo al tratar de escapar las guerras, la violencia y la pobreza de las cuales EUA es el principal responsable.

En otro fallo reaccionario el martes, la Corte Suprema abrogó la ley californiana que requiere que los centros de crisis de embarazo contra el aborto provean información sobre el aborto. Esta decisión antiaborto pone en tela de juicio legislaciones similares en Hawái e Illinois.

El documento de desacuerdo adherido por cuatro magistrados en el caso del veto a viajantes fue escrito por la jueza nombrada por Obama, Sonya Sotomayor. Pese a reconocer el trasfondo racista del decreto de Trump y comparar la decisión con el caso Korematsu, aceptó que el marco en cuestión era de “seguridad nacional”, afirmando que el veto aumentaría el terrorismo y, por ende, expandiría la amenaza a la “seguridad nacional”. Sotomayor citó un comunicado escrito en oposición al veto por Madeleine Albright, ex secretaria de Estado, John Brennan, exdirector de la CIA, y James Clapper, exdirector de Inteligencia Nacional.

Esta experiencia del veto contra musulmanes expone el papel del Partido Demócrata en asegurar su implementación. Trump anunció su primer veto a viajantes el viernes, 27 de enero del 2017, una semana después de asumir su cargo. Decenas de miles de manifestantes coparon aeropuertos y cruces fronterizos por todo el país, y las protestas se siguieron expandiendo durante el fin de semana.

Sorprendidos ante el tamaño y el alcance de las protestas, el Partido Demócrata intervino, despachando a representantes para decirles a los manifestantes que confiaran en los políticos demócratas, que presentarían proyectos de ley y desafíos legales contra el veto. Ahora, los demócratas están respondiendo al fallo del martes pidiéndoles a los que se oponen a votar por ellos en las elecciones de medio término del 2018.

Durante todo lo que lleva el término de Trump, el Partido Demócrata se ha dedicado a suprimir la oposición a sus políticas derechistas y canalizar la hostilidad popular detrás de su reaccionaria campaña antirrusa y cacería de brujas neomccarthista de #MeToo (#YoTambién).

Sin embargo, el enojo generado por el intensificado asalto contra los inmigrantes en semanas recientes ha volcado las iniciativas demócratas y abierto la posibilidad de nuevas protestas de masas. Le es más difícil al Partido Demócrata culpar a Vladimir Putin por las divisiones sociales en EUA cuando el mismo Gobierno estadounidense está quitándoles niños a sus padres y encerrándolos en jaulas.

La escalada del ataque contra los inmigrantes es la respuesta de la clase gobernante contra el crecimiento de huelgas y luchas sociales, como la ola de huelgas docentes, las acciones industriales de trabajadores automotores y el voto a favor masivo de los trabajadores de UPS a favor de autorizar una huelga.

Trump pretende utilizar a los inmigrantes como chivo expiatorio para desviar el enojo por la desigualdad social y la caída en los niveles de vida lejos de los bancos y las corporaciones que tanto los republicanos como los demócratas representan. En este sentido, Trump está actuando en sintonía con los Gobiernos capitalistas de todo el mundo, los cuales están realizando ataques igual de barbáricos contra los refugiados.

El ejército estadounidense está utilizando la vendetta antiinmigrante de Trump para comenzar construyendo una red de campos de concentración para 120.000 personas, incluyendo prisiones cerca de áreas urbanas en California. Estas no serán utilizadas solo para inmigrantes, sino trabajadores en huelga y disidentes políticos. Así es como la clase gobernantes se está preparando para la siguiente etapa del conflicto entre clases.

Ninguna lucha contra la ofensiva contra los inmigrantes y la marcha hacia la dictadura puede ser viable fuera de un rompimiento total con el Partido Demócrata y el Republicano. La urgente amenaza a los derechos democráticos requiere la movilización masiva de la clase obrera, el blanco central de las medidas policiales-estatales siendo implementadas.

En cara a estos peligros, se requiere un programa socialista. El Partido Socialista por la Igualdad demanda:

* Fronteras abiertas. El derecho de cada trabajador a vivir y trabajar donde elija sin temor a persecución o deportación.

* La ciudadanía plena e inmediata para todas las personas indocumentadas.

* La liberación inmediata de todos los inmigrantes detenidos en EUA e internacionalmente.

* La abolición de la Gestapo estadounidense: el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP)

* La provisión de billones de dólares para servicios públicos y programas laborales para todos los trabajadores independientemente de su estatus migratorio por medio de un impuesto del 90 por ciento para todos los ingresos mayores a $1 millón.

* El enjuiciamiento de Donald Trump, Jeff Sessions, Stephen Miller y Kirstjen Nielsen por crímenes de lesa humanidad.

El PSI llama a todos los trabajadores a establecer comités en los lugares de trabajo y sus comunidades, independientes de los sindicatos y el Partido Demócrata, para popularizar estas demandas y movilizar a sus vecinos, escuelas y cotrabajadores en defensa de los derechos de los inmigrantes y toda la clase obrera.

Esta lucha debe ser guiada por un entendimiento de que la defensa de los derechos básicos es inseparable de la lucha política contra el sistema capitalista —la fuente de las guerras, la desigualdad y la represión— y la lucha por el socialismo.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 27 de junio de 2018)