Dos informes publicados la semana pasada ponen en evidencia la participación de la inteligencia británica en tortura y secuestro. Uno, publicado por el Comité de Inteligencia y Seguridad (ISC, todas las siglas en inglés) del Parlamento, "Maltrato y encarcelamiento de detenidos 2001-2010", contiene más de 151 páginas que enumeran cientos de instancias de estrecha colaboración británica con la mayoría de los torturadores estadounidenses.

La gran cantidad de casos de abuso y tortura demuestra un nivel de depravación criminal mucho mayor al que se había admitido. El Partido Laborista estuvo en el poder durante todo el período cubierto por el primer informe.

Los hallazgos clave incluyen:

• 232 casos en que agentes de inteligencia británicos les ofrecieron preguntas o información a otras agencias de inteligencia después de que sabían o sospechaban que la persona interrogada estaba sufriendo tortura.
• 198 casos en los que las agencias del Reino Unido obtuvieron información "de detenidos que sabían que habían sido maltratados", o donde se debió haber sospechado de malos tratos, es decir, tortura o abuso de alguna forma.
• 13 incidentes en los que el personal británico estuvo presente durante la tortura y nueve casos en los que el personal británico realizó "amenazas verbales".
• 25 casos donde los detenidos les dijeron a los empleados británicos que estaban siendo torturados o maltratados.
• 128 incidentes registrados en los que las agencias británicas fueron informadas por "servicios de enlace extranjeros" de "maltrato de detenidos".
• Tres casos en que las agencias británicas pagaron u ofrecieron pagar por operaciones de "rendición extraordinaria": secuestro y deportación ilegal a un lugar secreto para ser torturados. El informe describió esto como una "externalización" de la acción "que sabían que no podían realizar ellos mismos".
• Las agencias de inteligencia británicas "planificaron o acordaron realizar operaciones de entrega propuestas por otros en 28 casos".
• En 22 casos más, los británicos proporcionaron información para permitir que sucediera
• El informe cita la complicidad británica en 23 casos más en los que Reino Unido sabía que la intención era una rendición, pero sus agencias "no lograron actuar". Estos casos incluyeron ciudadanos o residentes británicos.
• El informe señala que "no hay evidencia en el material primario de que un vuelo de rendición estadounidense haya transitado por el Reino Unido con un detenido a bordo, aunque ahora se sabe que dos detenidos transitaron por el territorio británico de ultramar de Diego García". El registro de vuelos fue, sin embargo, "deplorablemente inadecuado" y los registros disponibles no son confiables.

El ISC explica que entre 2002 y 2004, personal del Servicio Secreto de Inteligencia (SIS-MI6), la agencia nacional de contrainteligencia y seguridad MI5 y el Ministerio de Defensa entrevistaron a detenidos mayoritariamente en manos de EUA. En Afganistán, Irak y la bahía de Guantánamo, Cuba. Las agencias británicas llevaron a cabo sus propias "entrevistas", lo hicieron juntamente con agencias estadounidenses, o simplemente observaron.

El comité estimó que el número total de entrevistas durante este período fue de entre 2.000 y 3.000, pero no estimó cuántos de los entrevistados fueron abusados, pero se puede suponer que la gran mayoría ha sufrido miedo y tormento extremos.

La investigación del ISC se basó en 50 horas de pruebas orales y el examen de 40.000 documentos. Se gastaron unas 30.000 horas de trabajo del personal examinando el material. Los participantes incluyeron víctimas de tortura y entregas extraordinarias y tres funcionarios de agencias que se presentaron como testigos.

En varios puntos, el informe se refiere al mantenimiento de registros deliberadamente deficientes por parte de las agencias de inteligencia donde se sospecha que hubo tortura. El exdiplomático británico Craig Murray le dijo al comité en 2016 que "había una política deliberada de no comprometer la discusión sobre la recepción de información de inteligencia a través de la tortura al papel en el Ministerio de Asuntos Exteriores".

La implicación es que el nivel documentado de participación en torturas y entregas es solo una fracción de lo que realmente ocurrió.

El informe establece los acuerdos y convenciones internacionales que el Reino Unido ha firmado y ratificado y que habitualmente se ignoran. Estos incluyen el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, contra la Tortura y otros tratos o penas crueles o degradantes. Este último requiere que los Estados "deben prevenir actos de tortura" e insiste en que "no se pueden invocar circunstancias excepcionales ... como justificación de la tortura".

El informe también cita el Convenio de Ginebra de 1949 y el Estatuto de la Corte Penal Internacional, que trata la tortura como un crimen de guerra. Señala que el derecho interno del Reino Unido describe la "complicidad" en la tortura como algo que podría resultar del intercambio de inteligencia con el conocimiento o la creencia de que la inteligencia podría derivar en la tortura.

Los hallazgos dejan en claro que el objetivo de la política se basaba en mantenerse al día con EUA y su "guerra contra el terrorismo". Un oficial del SIS-MI6 dijo al comité que, debido a que Estados Unidos "adoptó la tortura como metodología", el SIS optó por "encontrar una forma de lidiar con eso y trabajar lo mejor que pudieran ... sin duda había oficiales del SIS que pensaban que deberíamos ir hasta el final y básicamente, ya saben, hacer lo que sea necesario".

El mismo oficial continuó: "Algunas personas, tal vez hasta el día de hoy, pero sin duda en ese momento, sintieron una mayor hostilidad y se daba este tipo de argumento que ... el Reino Unido tenía que ser mucho más agresivo en nuestro enfoque sobre estos temas ... creo que también se daba la sensación de que perderíamos nuestra posición con los estadounidenses si no estábamos alineados con ellos en esto”.

La investigación fue llevada a su conclusión por el comité tras la negativa de la primera ministra, Theresa May, a permitir que el ISC cuestionara tanto a oficiales de inteligencia de bajo rango y a secretarios de Relaciones Exteriores anteriores, incluido Jack Straw, del Partido Laborista, que estuvo en el cargo entre 2001 y 2006.

El segundo informe, "Maltrato y entrega de detenidos: problemas actuales" trata cuestiones más recientes y en curso.

Debido a la indignación internacional por la tortura y las rendiciones extraordinarias, las autoridades británicas llegaron a la conclusión de que tenían que defenderse de los "riesgos para su reputación" y los litigios, en otras palabras, los cargos por crímenes de guerra. En 2010, se introdujo un conjunto de medidas en una “Guía consolidada" para permitir que las agencias de inteligencia encontraran formulaciones verbales que permitieran distanciarse de los abusos más atroces.

La Guía consolidada exigía que las agencias de inteligencia y las fuerzas armadas británicas, según el entonces primer ministro David Cameron, "nunca tomen ninguna acción donde saben o creen que ocurrirá la tortura". Si se enteraban de la tortura, debían denunciarla.

Lo más polémico fue que la guía obligó al personal a aprobar instancias en las que se consideraba un "riesgo grave" de abuso para los ministros del Gobierno. En ese momento, el Gobierno fue llevado ante los tribunales argumentando que el "riesgo grave" era más indulgente que las formulaciones de "riesgo real" utilizadas legalmente. El caso fue descartado.

La guía parece diseñada para ayudar a los agentes de inteligencia a encontrar "soluciones alternativas", mediante las cuales se puede continuar extrayendo información mientras se considera que el riesgo de tortura se reduce a algo por debajo de "grave". La definición de algo por debajo de un "riesgo grave" es borrosa y subjetiva y simplemente puede significar una garantía, incluso ofrecida retrospectiva y verbalmente, de que la tortura no se llevará a cabo o no se ha llevado a cabo. Esto equivale a poco más que tomar la palabra de los torturadores.

El comité informó que entre 2013 y 2016 hubo 2.304 casos en los que los servicios de inteligencia consideraron que se aplicaba la Guía consolidada. Esto solo puede significar que, en todos estos casos, el personal consideró que los detenidos en manos de aliados británicos podrían estar en "serio riesgo" de tortura o abuso.

No se proporcionó ningún registro de cuántos de estos casos se remitieron a ministros. Sin embargo, mientras que en 2013 la orientación se aplicó en 418 ocasiones, en 2016 esto se había más que duplicado a 928. El informe no proporciona ninguna explicación para este aumento, pero coincide con la escalada de los conflictos en Oriente Próximo alimentados por las potencias imperialistas.

El informe considera la funcionalidad actual de las agencias. Una sección, "Agilidad", deja en claro que tanto la Guía consolidada como la configuración completa de las agencias están en preparación para nuevas guerras y nuevos ataques contra la clase trabajadora y los derechos democráticos.

El jefe de la Sede de Comunicaciones del Gobierno (GCHQ, la agencia de vigilancia masiva del Reino Unido) dijo al comité que GCHQ, SIS / MI6 y MI5 ahora tienen un "alto grado de cooperación e integración". Como ejemplo de esto, SIS le dijo al comité que "Las lecciones aprendidas al lidiar con las filtraciones de [el denunciante estadounidense] Edward Snowden le permitieron mejorar su respuesta al lanzamiento de WikiLeaks en marzo de 2017 sobre las capacidades de explotación de la red informática de la CIA". No se proporcionó ningún detalle sobre lo que esto significaba.

Artículo publicado originalmente en inglés el 5 de julio de 2018)