La semana pasada, las fuerzas armadas controladas por el Gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) de Daniel Ortega barrieron los principales focos de bloqueos y resistencia, incluyendo la Universidad Nacional Autónoma (UNAN) y la ciudad de Masaya —históricamente un bastión de apoyo para el FSLN—. Managua desplegó cientos de escuadrones policiacos armados y escuadrones paramilitares para despejar violentamente ciudades enteras, muchas de ellas protegidas con bloqueos de carreteras formados con bloques de cemento.

Según el comité especial de investigación creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al menos 11 manifestantes murieron entre el lunes y el miércoles, subiendo el total de personas muertas a 277 y más de 2.000 heridos en las manifestaciones continuas que iniciaron el 18 de abril. La CIDH también informa docenas de secuestros de manifestantes durante las últimas dos semanas.

Los campesinos que habían viajado a Managua, León, Masaya y otras ciudades para manejar los bloqueos se han ido en su mayoría. Los líderes del Movimiento Campesino Anticanal, que forma parte de la Alianza Cívica dominada por las cámaras empresariales y grupos de oposición financiados por Estados Unidos, discuten abiertamente una lucha armada contra el Gobierno, elevando la perspectiva de una nueva guerra civil tres décadas después de la guerra entre el Gobierno del FSLN y las guerrillas de la Contra respaldadas por Estados Unidos.

Las manifestaciones desencadenaron una caída económica, desplazando el crecimiento proyectado para el 2018 del 4,9 por ciento, uno de los más altos de la región, al 1 por ciento, según el Banco Central de Nicaragua. Otros economistas esperan una contracción económica. Se perdieron al menos 60.000 empleos, incluyendo alrededor de 20.000 contribuyentes del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS). De hecho, fue un decreto dictado por el FMI para recortar las pensiones y aumentar la tasa de contribuciones del INSS para trabajadores y empleadores que desencadenó las manifestaciones a mediados de abril, lo que obligó a Ortega a suspender las medidas.

Ahora, los trabajadores enfrentan medidas de austeridad aún más profundas dado el empeoramiento de la crisis del sistema estatal de seguridad social, el cual cubre a más de 800.000 trabajadores. Al mismo tiempo, para recuperar las inversiones extranjeras perdidas, la única política disponible para la clase dominante es profundizar los ataques hacia los estándares de vida del que ya es el segundo país más pobre de América.

A pesar de haber suprimido las manifestaciones, el índice de aprobación de Ortega cayó de más del 70 por ciento en enero al 19 por ciento en junio, según la última encuesta de CID/Gallup. El 72 por ciento de los encuestados piden su renuncia.

El lunes, la Asamblea Nacional controlada por los sandinistas aprobó una ley que castiga con 15 a 20 años de prisión todo "terrorismo,” definido como cualquier persona que mate o hiera a otros fuera de un conflicto armado, destruya propiedades, cambie el orden constitucional o llegue a "obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo".

Esta legislación criminaliza todas las formas de protesta social contra el Gobierno, las compañías extranjeras y las agencias de crédito imperialistas que dictan medidas de austeridad como el FMI. Después de aplastar las manifestaciones, el FSLN está institucionalizando medidas de Estado policial en preparación para las batallas de clase mayores que todavía quedan por delante.

El 19 de julio, coincidiendo con el 39 aniversario de la revolución sandinista de 1979, cientos de miles de simpatizantes del FSLN se reunieron en Managua y marcharon en otras partes del país. Ortega aprovechó la ocasión para celebrar su "victoria" contra las protestas contra el FMI y para hacer más amenazas contra los manifestantes y los sacerdotes que han respaldado las protestas.

"Necesitan ser exorcizados ... esos diablos, demonios", denunció, amenazando con profundizar la "defensa" de su Gobierno e incluso prometiendo "erradicar los mensajes de odio en línea".

La erosión del apoyo económico de las inversiones venezolanas y la pérdida de apoyo popular han convertido a Ortega cada vez más en un coste para la clase dominante, lo que se ha reflejado en los llamados a elecciones anticipadas por parte de las principales organizaciones empresariales del país que anteriormente estaban en alianza con su gobierno, incluyendo el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) y la Cámara de Comercio Americana (Amcham).

La Administración de Trump y la Organización de Estados Americanos (OEA), la cual opera como un brazo de la política exterior estadounidense en el hemisferio occidental, efectivamente apoyó los esfuerzos de Ortega para sofocar las manifestaciones, al mismo tiempo que utilizaba a los líderes estudiantiles y campesinos para contener y canalizar las manifestaciones detrás de un "diálogo nacional" mediado por la Iglesia Católica.

Frente a sus partidarios y funcionarios estatales el jueves, Ortega indicó que, cuando se discutió el retiro de la policía a sus cuarteles a fines de abril, "la embajadora estadounidense me dijo: 'la policía tiene que actuar ahora'". Luego de una pequeña pausa, agregó, "No es porque nos lo dijera la embajadora sino porque el Estado es responsable".

(Artículo publicado originalmente en inglés el 23 de julio de 2018)