El 22 de junio, los medios estatales cubanos informaron que el gobierno había aprobado el borrador de una nueva Constitución, reemplazando la actual, puso en práctica en 1976. Los informes preliminares describían el "anteproyecto" de la constitución como una "reforma total", con el proceso presidido por el expresidente Raúl Castro con la participación de un selecto grupo de altos funcionarios, incluido el actual presidente Miguel Díaz-Canel. Se espera que la aprobación final se produzca a través de un referéndum que se completará el 15 de noviembre.

En conjunto, los cambios anuncian una nueva etapa en el desmantelamiento por parte del gobierno cubano de las reformas radicales implementadas en un período anterior por el régimen nacionalista pequeñoburgués de Fidel Castro.

Entre los más significativos de los cambios anunciados se encuentran un "reconocimiento del papel del mercado y nuevas formas de propiedad, incluido el privado", y un reconocimiento de "la importancia de la inversión extranjera para el desarrollo económico del país, con las garantías adecuadas". Si bien está escrito en el estilo oblicuo de la burocracia cubana, la decisión de atacar las referencias al "comunismo" del documento hace que el significado sea lo suficientemente claro. No solo habrá una expansión de la operación del mercado hacia otros sectores de la economía, sino también una reintroducción legal de la propiedad privada en los medios de producción y protecciones para las inversiones extranjeras y la propiedad.

Estos cambios constitucionales están destinados a consagrar y profundizar muchos de los cambios ya promulgados por el régimen cubano bajo Raúl Castro en los últimos años. Uno de ellas es la creación de los cuentapropistas, o "autónomos". Este grupo, que asciende a al menos 600.000, o más del 10 por ciento de la fuerza de trabajo total, se creó en gran parte mediante la eliminación de empleos en el sector estatal. Algunos informes estiman que hasta cuatro de cada 10 cubanos de edad de trabajar están involucrados en el sector privado de alguna manera, ya que es la única forma de acceder a la moneda cada vez más necesaria para sobrevivir, ya que las iniciativas de austeridad han reducido el estado subsidios.

Muchas de las pequeñas empresas creadas por los cuentapropistas, incluidos los restaurantes, salones de belleza y empresas de construcción más exitosas, se han quejado durante mucho tiempo por el estado legal poco claro de sus negocios. Al reconocer la propiedad privada, que ya existe de hecho, se abre la puerta para la venta y compra futura de estos negocios, así como una gran expansión de su número y una reducción aún mayor de vastas secciones del sector estatal estancado y en gran medida no rentable.

Más importante aún, el gobierno cubano está desesperado por integrar la economía cubana más directamente en el mercado mundial, principalmente atrayendo inversión extranjera y ofreciendo a los trabajadores cubanos una explotación directa de capital extranjero a cambio de una reducción de los ingresos, según el modelo de China. De hecho, la riqueza de los estalinistas chinos, y su capacidad para transmitir la propiedad a amigos y parientes, sin duda ha alimentado el deseo de la élite gobernante cubana de un régimen legal en el que eso sea posible.

En 2014, los cambios en las leyes sobre inversión extranjera posibilitaron empresas con propiedad 100% extranjera, y en el último año el ministro de Comercio Exterior e Inversión, Rodrigo Malmierca, ha anunciado que se han iniciado al menos 11 de tales emprendimientos. El reconocimiento de su propiedad privada y la adición de protecciones para la inversión extranjera a la Constitución sin duda tiene la intención de disipar los temores de que el gobierno pueda retirarse de una asociación, exigir una renegociación de los términos o incluso expropiar un negocio si se convirtiera en exitoso.

El régimen cubano se basa en el reconocimiento de que ya no podrá contar con Venezuela para suministrar a la isla enormes subsidios petroleros. Como Cuba solo produce suficiente energía para satisfacer entre el 30 y el 40 por ciento de sus necesidades domésticas, cualquier cambio en este arreglo requeriría recortes devastadores en el consumo de energía o recortes devastadores de otras importaciones cruciales, como alimentos, para obtener los dólares estadounidenses necesarios para comprar energía en el mercado mundial.

El gobierno espera evitar a toda costa el retorno al "Período especial" de la década de 1990, cuando la disolución de la URSS puso fin a su apoyo a la economía cubana. El resultado fue un colapso económico generalizado y hambre, además de protestas contra el gobierno, como el Maleconazo de agosto de 1994.

En 2016, un editor adjunto de Granma advirtió que los recortes anunciados al consumo de energía podrían generar protestas, y esta vez "no hay ningún Fidel que vaya al Malecón", es decir, para calmar personalmente las tensiones sociales. A diferencia de 1994, ahora tampoco hay una válvula de seguridad de entrada relativamente fácil en los Estados Unidos para los cubanos más descontentos con el régimen desde que Barack Obama terminó la política de "pie húmedo y pie seco" justo antes de dejar el cargo.

Esta preocupación sin duda se ha acelerado como resultado del aparentemente abrupto cese al acercamiento con Washington tras la elección de Donald Trump, que resultó en la reimposición de las restricciones de viaje y una drástica reducción de los servicios consulares y el personal diplomático en la embajada estadounidense en Cuba después de reclamos extremadamente turbios de daño cerebral y otros síntomas neurológicos entre el personal de la embajada.

Es sobre esta base que el régimen cubano está dispuesto a arriesgarse a permitir la propiedad privada, que crearía una base para la riqueza y el poder a largo plazo fuera de la burocracia nacionalista pequeño-burguesa y, a través de las garantías de inversión extranjera, una defensa más fuerte cabeza de playa para capital internacional.

El gobierno espera reforzar su apoyo entre estas capas pequeñoburguesas en crecimiento mediante la creación de un nuevo puesto de primer ministro, lo que diluiría el poder de la presidencia, y también a través de la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo. Sin duda, pretende utilizar este último para pulir sus credenciales "progresivas" internacionalmente, después de décadas de hostigamiento y persecución de personas LGBT.

A pesar de las afirmaciones del régimen cubano de que los cambios "deben ser incorporados al texto constitucional, en virtud de nuestras experiencias construyendo el socialismo", y que la "irrevocabilidad del socialismo y el sistema político" seguirá siendo una cláusula en la constitución, la verdad es que lo que existe en Cuba no es socialismo y nunca lo fue.

Mientras el régimen castrista nacional pequeñoburgués pudo tomar el poder que le cayó en sus manos, gracias a la ausencia de un partido obrero revolucionario, e imponer medidas radicales, incluso hasta el punto de nacionalizar los medios de producción, el resultado nunca fue el socialismo, el cual solo se puede establecer sobre la base de una revolución llevada a cabo internacionalmente por la clase trabajadora.

Para que los trabajadores cubanos se defiendan del asalto del gobierno cubano y se preparen para tal revolución, es sobre todo necesario establecer una sección del Comité Internacional de la Cuarta Internacional en Cuba.

(Publicado originalmente en inglés el 24 de julio de 2018)