Las huelgas de hambre en dos centros de detención de inmigrantes en Estados Unidos, así como demandas legales e informes de prensa, están exponiendo las espantosas condiciones a las que se enfrentan los inmigrantes y refugiados están bajo la Administración de Trump.

Estas exposiciones se producen cuando se aproxima la fecha límite del 26 de julio para que el Departamento de Seguridad Nacional reúna a 3.000 niños y sus padres, según lo ordenado por un juez federal en California. Hasta ahora, menos de 500 niños han sido devueltos a sus padres, y se espera ampliamente que la Administración de Trump no cumpla con el plazo para la mayoría.

Al menos 60 detenidos se declararon en huelga de hambre la semana pasada en el centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Dartmouth, Massachusetts, cerca de la ciudad de Bristol. Comenzaron a rechazar su comida el martes 17 de julio, protestando condiciones que incluyen "atención médica casi inexistente, comida no comestible, abuso de los empleados de las instalaciones y precios exorbitantes de la comisaría", según una publicación en redes sociales de Families for Freedom, un grupo de apoyo.

Families for Freedom afirmó que la huelga de hambre continuó durante el fin de semana y se extendió a una segunda unidad de la cárcel, ampliándose a 130 detenidos. La oficina del alguacil del condado de Bristol, que administra el centro de detención de la agencia federal de inmigración, afirmó que terminó el jueves luego de que los miembros del personal se reunieran con los presos para hablar de sus preocupaciones.

Families for Freedom indicó que no organizó la huelga de hambre, sino que se dio a conocer a través de llamadas telefónicas de los detenidos a familiares y amigos. "Esto fue algo de lo que nos informaron", dijo una portavoz. "Simplemente los apoyamos para que su ataque sea visible para el mundo exterior".

La acción de Massachusetts se produjo después de una protesta similar en el lado opuesto del país, donde casi 200 detenidos en el Centro de Detención del Noroeste (NWDC) en Tacoma, Washington protagonizaron una huelga de hambre de tres días, entre el sábado 14 de julio y el lunes, 17 de julio.

La protesta se llevó a cabo en apoyo de padres inmigrantes y niños separados bajo la infame política de "cero tolerancia" del Gobierno de Trump, instituida a principios de mayo, según la cual unos 3.000 niños fueron separados de sus padres, la mayoría de los cuales están encarcelados.

Según una declaración del NWDC Resistance, un grupo de apoyo para los detenidos, "Las personas detenidas en el NWDC están consternados por lo que se ha hecho a los padres y sus hijos en la frontera. Quieren que esas familias sean liberadas inmediatamente después de la detención y se reúnan, y luego todos los padres detenidos en el NWDC sean liberados".

GEO Group, una corporación privada con fines de lucro, opera el centro de detención para ICE. La agencia tiene una política que exige la evaluación médica de los huelguistas de hambre después de tres días, lo que explica por qué las protestas han sido lanzadas por los detenidos como eventos de tres días. Los presos claramente desean evitar tal intervención médica, lo que podría llevar a la alimentación forzada u otras medidas punitivas.

Los 1.500 prisioneros de NWDC, uno de los mayores centros de detención operados por ICE en todo el país, han participado en numerosas huelgas de hambre en los últimos años para protestar por los alimentos y otras condiciones de vida, falta de visitas de contacto, retrasos en las audiencias y bajos salarios para el trabajo que están obligados a realizar.

Los informes de prensa y las demandas acusan a los detenidos de haber sido puestos en confinamiento solitario o por ser golpeados por guardias como represalia por participar en huelgas de hambre o por presentar denuncias contra malas condiciones y malos tratos. El año pasado, el estado de Washington demandó a GEO Group por violar la ley del salario mínimo del estado pagando a los detenidos tan solo $ 1 por día, o incluso dándoles solo refrigerios a cambio de trabajo.

Las condiciones en el centro de detención de Dartmouth, Massachusetts pueden ser aún más brutales. Según un informe la semana pasada en The Intercept, los guardias en el centro intentaron enfrentar a los prisioneros entre sí en peleas, en las que apostarían. Cuando un detenido se negó a luchar para el entretenimiento de los guardias y trató de presentar una denuncia, le dijeron: "Nadie creerá las quejas de los babuinos". A partir de entonces, el preso fue sistemáticamente brutalizado y se le negó el acceso a provisiones de higiene personal y alimentación.

Un informe del grupo Freedom for Immigrants encontró al menos 800 denuncias de abusos cometidos por parte de los guardias en 34 centros de detención de inmigrantes desde que Trump ingresó a la Casa Blanca. Dichos ataques tuvieron lugar regularmente bajo la Administración de Obama también, pero la demonización de inmigrantes de Trump ha alentado a los elementos más fascistas en ICE, la patrulla fronteriza y sus contratistas.

Los informes de estas condiciones han desencadenado demandas judiciales e investigaciones oficiales en varios estados. En Oregón, por ejemplo, defensores públicos federales presentaron un informe el 20 de julio que describe las condiciones para 120 solicitantes de asilo en una prisión en el pueblo rural de Sheridan. El informe incluía mala alimentación y celdas superpobladas con inodoros abiertos, así como búsquedas desnudas y otras formas de brutalidad rutinaria. Los detenidos llegaron a la prisión a fines de mayo con solo un día de aviso a los oficiales, como parte de la represión de la Administración Trump contra los solicitantes de asilo.

“Nos estamos muriendo un día a la vez aquí adentro", dijo un detenido a los investigadores, de acuerdo con la demanda presentada en el tribunal federal de Portland. El inmigrante pidió no ser identificado por temor a represalias. Otro detenido dijo: "Aquí hemos venido a salvar nuestras vidas, pero creo que moriremos aquí en la cárcel".

La defensora pública federal Lisa Hay dijo en una carta al director Josaias Salazar y al director interino de la oficina de campo de ICE, Elizabeth Godfrey, que hubo al menos un intento de suicidio y muchos otros detenidos dijeron que habían considerado suicidarse. La oficina de Hay buscó realizar audiencias en tribunales federales para cinco detenidos, cuyos nombres fueron censurados por su propia seguridad.

En una segunda carta, Hay escribió que algunas condiciones han mejorado, "pero siguen cayendo por debajo de los estándares mínimos establecidos por nuestro Gobierno para la detención de inmigrantes y, en mi opinión, violan la Constitución al imponer la detención punitiva a los detenidos civiles".

Las demandas en nombre de los inmigrantes detenidos en prisiones privadas dirigidas por GEO Group y CoreCivic han sacado a la luz la práctica regular de programas de trabajo de $1 por día, en lo que equivale a trabajo explícitamente esclavo en los Estados Unidos. Según un informe del 21 de julio en el Wall Street Journal, Geo Group y CoreCivic están acusados de "violar las leyes federales que prohíben el trabajo forzado, las leyes estatales de salario mínimo o las leyes de enriquecimiento injusto".

La defensa montada por las compañías, los dos mayores operadores de prisiones privadas en los EUA, para que los migrantes trabajen voluntariamente, que el Congreso fije la tarifa de $1 por día y que las compañías "cumplan con las obligaciones contractuales". Los documentos de ICE declaran que la "disminución de la inactividad" de los presos alivia el "impacto negativo del confinamiento".

GEO Group está apelando ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos un fallo del Tribunal de Apelaciones del Décimo Circuito en Denver que permite a nueve detenidos en el enorme centro de detención de la compañía en Aurora, Colorado, representar a otros 60.000 detenidos que pasaron por las instalaciones. La compañía ha amenazado con que, si tiene que pagarles a los detenidos el salario mínimo, tendrá que cobrarle más al Gobierno por administrar las instalaciones.

Una exposición de las condiciones en un refugio para niños detenidos en Illinois por el Washington Post ahora ha desencadenado investigaciones por parte del Departamento de Servicios para Niños y Familias de Illinois y el inspector general del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EUA. El Post informó el 15 de julio que en Casa Guadalupe, en los suburbios de Chicago, varios niños de entre 9 y 11 años habían sido maltratados y luego les habían negado la atención médica por lesiones, y se les habían administrado inyecciones para los niños si se rebelaban.

(Publicado originalmente en inglés el 24 de julio de 2018)