Ha sido dos meses desde que el presidente peruano derechista Pedro Pablo Kuczynski fue obligado a renunciar en medio de un escándalo sobre compras de votos para evadir una destitución que fue desatada por las conexiones de Kuczynski al escándalo regional de Odebrecht. El vicepresidente Martin Vizcarra asumió el poder, mientras que Mercedes Araoz permanece como vicepresidenta.

Vizcarra designó como primer ministro a César Villanueva, un ex primer ministro del previo gobierno de Ollanta Humala y congresista de la bancada de Alianza por el Progreso que es encabezado por el multimillonario populista de derecha César Acuña. El propio Kuczynski acusó a Villanueva de ser uno de los principales conspiradores que forzaron su renuncia y que había estado en conversaciones secretas con otros partidos, negociando acuerdo en un gobierno post-renuncia.

Desde entonces el gobierno Vizcarra-Villanueva ha probado que la destitución de Kuczynski era necesaria para la élite gobernante para que de esta manera se pueda imponer una nueva ronda de recortes al gasto del gobierno y nuevos impuestos a la población trabajadora, algo que está exigiendo las finanzas internacionales.

Antes de convertirse en el vicepresidente de Kuczynski, Vizcarra había sido presidente regional de la región sureña Moquegua, una de las provincias más pequeñas del país, cuya vida económica –como en la mayoría de las regiones peruanas– está dominada por las actividades de multinacionales mineras (en el caso de Moquegua, Southern Copper, propiedad del Grupo México).

Después de las revelaciones de que Odebrecht había estado sobornando prácticamente al completo establishment político peruano y la caída de Kuczynski, la entera prensa burguesa (tanto de la “izquierda” como la derecha) ha estado tratando de cultivar la imagen de Vizcarra, presentándolo mayormente como un “hombre del pueblo”. Esto es para hacer contraste con la imagen de Kuczynski: hijo de inmigrantes europeos, que pasó décadas trabajando en bancos de inversión de Wall Street que mantuvo ciudadanía estadounidense hasta que renunció a ella en el 2015 cuando se lanzó a la presidencia. Los medios celebraron la tasa de aprobación de 57 por ciento de Vizcarra cuando asumió el poder.

En los primeros días en el poder, el gobierno Vizcarra-Villanueva entró en negociaciones con el fujimorista Fuerza Popular (FP), el partido derechista que controla al Congreso con una mayoría absoluta de 61 congresistas y cuyas tácticas obstruccionistas condujeron al aislamiento y eventual caída del gobierno Kuczynski.

Un acuerdo fue alcanzado entre las dos partes. FP acordó otorgar al nuevo gobierno una moción de confianza y aprobar su demanda por poderes especiales para ejecutar una lista de medidas para “reactivar la economía, realizar cambios en la reconstrucción del Norte (después de los devastadores deslizamientos a comienzos del año pasado), la lucha contra la corrupción, modernizar el estado y proteger a las poblaciones vulnerables”.

A cambio, el poder ejecutivo acordó otorgar al Congreso (y por lo tanto a FP) poderes legislativos más amplios y prometió no abolir el indulto de Kuczynski a Alberto Fujimori. El ex presidente y padre de la actual lideresa de FP, había estado sirviendo una sentencia de prisión de 25 años por abusos de derechos humanos y corrupción antes de ser liberado por Kuczynski la navidad pasada en un sucio acuerdo para obtener votos para sobrevivir una destitución previa.

Vizcarra y Villanueva ambos defendieron su decisión de establecer lazos más amistosos con los fujimoristas, arguyendo que la “confrontación” los conduciría al desastre. La acción, sin embargo, fue criticada por la pseudoizquierda como otra señal de que los fujimoristas han “secuestrado” el gobierno y están manipulando la toma de decisiones tal como lo hicieron, según ellos, bajo Kuczynski.

Se informa que Keiko Fujimori, la lideresa de FP y la hija de Alberto que perdió ante Kuczynski en las últimas elecciones en el 2016, aceptó una relación no-obstruccionista con el nuevo ejecutivo en un intento de despojarse de su imagen de lideresa vengativa y revanchista para así mejorar sus chances en las próximas elecciones presidenciales del 2021. Según los reportes, el nivel de aprobación de Fujimori se ha desplomado en los últimos meses a 18 por ciento y anda por detrás de dos nuevas caras políticas: el derechista Julio Guzmán y el actual rostro de la pseudoizquierda Verónika Mendoza.

La imagen de Fujimori también ha sido golpeada por las revelaciones de que ella –como la mayoría de candidatos presidenciales– en el Perú recibió sobornos de Odebrecht y los inacabables escándalos de corrupción que implican a los miembros de FP.

Se debe recordar que el movimiento fujimorista es probablemente el único partido político que retiene –por lo menos hasta ahora– una cantidad mínima de apoyo proveniente de la clase trabajadora. A medida que la mayoría de partidos y movimientos de izquierda perdieron apoyo y se desintegraron en los noventas, el gobierno de Fujimori se aprovechó de este vacío y ejecutó medidas populistas que crearon un estrato de apoyo. Hoy en día, Keiko Fujimori explota este legado; el cual combina con políticas derechistas como declarar una guerra contra el crimen.

Una vez que estuvieron asegurados que FP no interferiría con sus políticas por el momento, el gobierno, a comienzos de mayo, anunció recortes al gasto gubernamental y nuevos impuestos. Vizcarra aprobó un decreto que recortaría lo equivalente a US$295 millones en gasto público actual. Cada ministerio y departamento tiene que entregar un nuevo presupuesto ajustado a estos recortes para el próximo año.

Vizcarra y su Ministro de Economía David Tuesta (exfuncionario de uno de los bancos más grandes de Perú) entonces anunció un incremento de impuestos a las gaseosas, bebidas alcohólicas, cigarros, carros y combustible diésel. Ellos argumentaron que, junto con los recortes al gasto público, los nuevos impuestos eran necesario para cerrar una brecha fiscal de casi US$2 mil millones. Liliana Rojas Suárez, una influyente economista, declaró en una entrevista con El Comercio que “el gobierno es consciente de que los mercados financieros internacionales están observando la situación fiscal en los países. Es por eso que es correcto que necesiten arreglar el déficit presupuestario”.

Tuesta declaró en una entrevista que desde el 2011, el ingreso fiscal había decaído pero admitió que el 50 por ciento de ello era atribuible a la caída de los precios de los minerales (las mayores exportaciones de Perú) y el resto se debía a la caída en la recaudación de impuestos.

En Perú, como en la mayoría de países subdesarrollados, las gigantescas multinacionales –apoyadas por el imperialismo– rechazan incluso los más mínimos impuestos. Es de conocimiento público que el estado permite exenciones de impuestos para las mineras multinacionales, universidades privadas, administradores de fondos privados, bancos, casinos y otros negocios. El dinero que estas organizaciones capitalistas deberían pagar al estado podría cubrir el déficit fiscal varias veces.

Después de estos anuncios, Tuesta entonces declaró un nuevo incremento de impuesto a todos aquellos que ganasen menos de S/. 2.000 (US$600) al mes. Dado que el salario mínimo en Perú es S/. 1.000, el nuevo impuesto al ingreso caería sobre los hombros de la mayoría de los peruanos que intentan sobrevivir bajo terribles condiciones económicas. En el mundo al revés creado por el capitalismo moderno, son aquellos que ganan menos quienes deben pagar más impuestos.

Después de este anuncio, Pedro Francke, un analista político y económico asociado con la pseudo-izquierda, escribió un artículo titulado “Vizcarra está jugando con fuego”, en el que lamenta la decisión de Tuesta de imponer el nuevo impuesto al ingreso por encima de otros aumentos de impuestos regresivos. De ahí describe el estado cada vez más deteriorado de la economía: en abril, los economistas declararon que la pobreza en Perú se había incrementado por la primera vez en por lo menos una década y 375.000 peruanos habían caído en los últimos años por debajo de la línea de la pobreza. Mientras tanto, el desempleo ha crecido: 424.000 trabajos se perdieron durante este y el último año. Francke afirma que todo esto “hubiera sido titular de primera página en cualquier otro país”.

“Vizcarra debería ver esta situación muy cuidadosamente”, advierte, llamando atención al destino de Kuczynski: “(…) Él fue indiferente a una situación similar y el deterioro de la economía trajo hacia abajo su popularidad al piso y sabemos lo que pasó después”.

Conductores de buses y camioneros iniciaron una huelga a final de mes que comenzó en la ciudad de Cuzco y se extendió a otras ciudades en el sur. Ellos se fueron a la huelga por el incremento de impuesto al combustible diésel y el propuesto impuesto al ingreso.

La huelga y la masiva oposición hacia los nuevos impuestos sacudieron al gobierno y lo hicieron retroceder. Tuesta y otros en el gobierno emitieron declaraciones contradictorias sobre sus supuestos planes. Él quería continuar con los nuevos impuestos pero el resto del gobierno ya estaba anunciando la cancelación del nuevo impuesto al ingreso y la reducción de otros aumentos de impuestos. Entonces el Ministro de Transporte y Comunicaciones anunció unilateralmente una reducción en el nuevo impuesto al combustible diésel en un acuerdo con el sindicato de los trabajadores del transporte. Tuesta fue a hablar personalmente con el presidente y le dijo que aquello era un mal mensaje a las finanzas internacionales, pero Vizcarra rechazó seguir adelante con los planeados impuestos. Tuesta renunció unos días después.

La repentina retirada del gobierno en su agenda fiscal ante la limitada huelga ha expuesto su masiva debilidad y fragilidad. Como la administración Kuczynski, es un gobierno con apenas un poco de apoyo entre la población y los nuevos impuestos han reducido rápidamente el nivel de aprobación de Vizcarra de 52 por ciento en abril a 37 por ciento en junio.

Bajo estas condiciones, la pseudoizquierda está intentado salvar el nuevo gobierno al no confrontar directamente a Vizcarra. En vez de ello ellos ponen la culpa de todo, al igual que cuando Kuczynski gobernó, en el Congreso dominado por los fujimoristas y su influencia en la rama ejecutiva.

Si bien es cierto que Vizcarra y Villanueva han cedido a las demandas de los fujimoristas y están negociando su aprobación de las reaccionarias medidas del gobierno, la idea de que el gobierno sería diferente y “serviría al pueblo” si los fujimoristas perdieran el control del Congreso está creando una situación políticamente tóxica y peligrosa.

Miles de jóvenes han tomado parte de protestas en los últimos meses exigiendo que el Congreso sea cerrado y nuevas elecciones se realicen. Si bien muchos de los manifestantes están verdaderamente indignados por FP –un refugio para elementos semi-criminales del submundo político– y su control del Congreso, esto es exactamente lo mismo que hizo Alberto Fujimori en 1992, cuando cerró el Congreso e inició una semi-dictadura que duró hasta su caída en el 2000.

Permitir al poder ejecutivo una vez más que cierre el Congreso no haría nada para mejorar la democracia en Perú. Al contrario, otorgaría al estado el poder de realizarlo cuando vea que lo necesite en el futuro y envalentonar las más autoritarias tendencias en la clase gobernante (sean fujimoristas o no).

El papel de la pseudoizquierda ha sido consistentemente la de subordinar la oposición social a la dominación de la política burguesa. Este fue el caso cuando hicieron un llamado para votar por Kuczynski durante las últimas elecciones para que Keiko Fujimori sea derrotada. Entonces la bancada del Frente Amplio y Nuevo Perú en Congreso defendieron al gobierno de Kuczynski cada vez que entrase en conflicto con los fujimoristas. Ellos rechazan desafiar al completo orden burgués y en vez de ello denuncian solamente a la facción más derechista –los fujimoristas– y dan apoyo tácito primero a Kuczynski y ahora a Vizcarra.

(Publicado originalmente en inglés el 25 de junio de 2018)