Cinco meses después de la huelga, los maestros de West Virginia dicen que "nada ha cambiado"

por Nancy Hanover
1 agosto 2018

A medida que los maestros y los trabajadores escolares de West Virginia regresan a clases para el año escolar 2018-19, sus condiciones de trabajo siguen siendo, en efecto, iguales a las que tenían cuando comenzaron su valiente huelga imprevista a través del estado este febrero. En una sucia traición, los sindicatos impulsaron un miserable aumento de salario de 5 por ciento —para docentes cuyos salarios se clasificaban como los 48 más bajos de los 50 estados del país— mientras que sabotearon la lucha por su demanda principal, una "solución" para la Agencia de Seguros de Empleados Públicos (PEIA, por sus siglas en inglés).

La Federación Estadounidense de Maestros-West Virginia (AFT-WV, por sus siglas en inglés), la Asociación de Educación de West Virginia (WVEA, por sus siglas en inglés) y la Asociación de Personal de Servicio Escolar de West Virginia (WVSSPA, por sus siglas en inglés) y sus apologistas pseudo-izquierdistas BadAss Teachers,la revista Jacobin, los Socialistas Democráticos de América (DSA, por sus siglas en inglés) y la Organización Socialista Internacional (ISO, por sus siglas en inglés) en ese entonces calificaron esta traición como una "victoria". Esto ha demostrado ser una mentira para su provecho propio.

Docentes de West Virginia exigiendo fondos para el PEIA en el capitolio estatal en febrero

En lugar de luchar por una "solución" para el PEIA, los dirigentes sindicales, la presidenta de AFT-WV Christine Campbell, el presidente de WVEA Dale Lee y el director ejecutivo de WVSSPA Joe White, tomaron asiento en el enésimo grupo de trabajo de PEIA, una simple formalidad para las corporaciones de West Virginia, afirmando que lucharían por los maestros y los trabajadores escolares. Esto también fue una traición y un fraude.

Dale Lee (segundo de la izquierda), Christine Cambell (tercera de la izquierda) y presidente sindical de ayudantes escolares Joe White sonriendo y aplaudiendo mientras que el gobernador Jim Justice firma la legislación

El paro gradual de los maestros, el cual comenzó el 22 de febrero, desafió las leyes estatales contra las huelgas y las repetidas órdenes de regreso al trabajo de los ejecutivos sindicales. Pero desde el momento en que estalló la huelga en West Virginia, con huelgas insurreccionales en los condados sureños de carbón, hasta su conclusión forzada, los sindicatos conspiraron con los funcionarios estatales para acabar la lucha. Sus objetivos principales fueron forzar un acuerdo aceptable para los barones del carbón, el petróleo y el gas natural que dominan el estado y evitar un movimiento nacional de docentes para revertir años de recortes presupuestarios.

Como dijo un asistente de jardín de niños le dijo al World Socialist Web Site (WSWS) antes de la huelga, "Qué maravilloso sería irme a la cama por la noche y no preocuparme por pagar gastos médicos. Estoy esperando que si vamos a una huelga, esto nos ayudaría".

Sin embargo, la burocracia puso fin a la huelga el 6 de marzo en el momento en que el apoyo público estaba aumentando, otros estados estaban listos para unirse y los trabajadores de telecomunicaciones estaban en paro. La puñalada en la espalda se logró bajo la supervisión directa de la presidenta de la Federación Estadounidense de Maestros, Randi Weingarten, la presidenta de la Asociación Nacional de Educación, Lily García, y un ejército de funcionarios sindicales que descendieron a Charleston para sofocar la huelga.

A los docentes se les dijo "Recuerden en noviembre", es decir, voten por los demócratas, un partido que dominó ese estado durante la mayor parte de su historia y tiene una responsabilidad conjunta, si no es que primaria, por las décadas de recortes de impuestos a las grandes empresas. Los sindicatos de docentes estaban especialmente ansiosos por demostrarle a la Corte Suprema antes del voto sobre AFSCME v. Janus que eran útiles para reprimir a la clase obrera con la esperanza de mantener su derecho a "comisiones de agencia" lucrativas.

Los ejecutivos sindicales se unieron a los legisladores estatales y representantes de corporaciones de salud multimillonarias (QBE Insurance Group, Centurion Insurance Services, Aetna Insurance) en el grupo de trabajo donde, se sospecha ampliamente que se está discutiendo la privatización de PEIA a espaldas de los trabajadores. Según los informes, BrickStreet Mutual Insurance, que también tiene un representante en el equipo de trabajo y maneja la compensación laboral del estado, era un posible privatizador.

Para tratar de dar una apariencia de "escuchar al pueblo", el grupo de trabajo ha llevado a cabo 22 reuniones por todo el estado. El gobernador multimillonario Jim Justice, quien podría escribir un cheque personal para pagar por PEIA durante las próximas tres décadas, hipócritamente afirmó que el grupo "buscaría soluciones permanentes para una solución para el PEIA".

La misma promesa falsa ha sido hecha por los gobernadores, demócratas y republicanos por igual durante las últimas tres décadas. La educadora jubilada Carolyn Steinla le dijo al WSWS: "Nada ha cambiado. En lo que a mí respecta, es un sistema corrupto y necesita ser arreglado. Es terrible. La gente necesita tomar una posición y si las asociaciones [los sindicatos] no van a hacerlo, tienen que organizarse ellos mismos. No se puede retroceder de esa manera, tenemos que luchar".

Cientos, si no miles, de maestros enojados, jubilados y trabajadores del sector público asistieron a las audiencias para oponerse al impulso de la privatización y demandar el restablecimiento de los beneficios. Muchos oradores lloraron abiertamente o combatieron con sus emociones mientras que describían su lucha por meses y años con la junta de PEIA para obtener atención médica para salvar las vidas de sus familias.

Los oradores también denunciaron el papel de los demócratas y los republicanos y señalaron el hecho de que la legislatura estatal no hace nada, excepto con la solicitud de las industrias extractivas y los gigantes financieros.

Dirigiéndose a la reunión de Charleston el 11 de junio, el educador Jay O'Neal señaló: "Nada ha cambiado. Finalmente, en febrero, la gente salió de sus lugares de trabajo para hacer exigencias. Todo el mundo sabe que esto se reduce a dinero. El impuesto de franquicia de negocios fue eliminado. Este fue un experimento fallido". Citó la descarada transferencia de recursos a las grandes empresas a través de los recortes de impuestos. "Al regresar el impuesto a las ganancias corporativas al 9 por ciento, obtendríamos 55 millones de dólares el próximo año. Muchas personas aquí han mencionado aumentar el impuesto a la cesación del gas natural de 5 a 7,5 por ciento, y eso generaría 76 millones de dólares el próximo año. Eso sería un total de 131 millones de dólares el próximo año, dejando a la PEIA con un superávit. Ya hice los cálculos".

"Durante mucho tiempo, bajo tanto los demócratas como los republicanos, nuestro estado le ha dado prioridad a las grandes corporaciones en lugar de ciudadanos que trabajan regularmente", concluyó.

Jacob, un maestro de Riverside High School, dijo: "Tengo una esposa con una enfermedad crónica y mi hija mayor tiene una discapacidad física. También califico para cupones de alimentos y WIC [el programa de alimentos para mujeres, bebés y niños] y tengo un título universitario. Tenemos personal de servicio como conductores de autobuses que ganan 11,50 dólares por hora.

"Soy muy consciente de que fue un esfuerzo conjunto: los republicanos son parte de la razón por la que estamos aquí y han sido los demócratas por 30 años". Jacob notó cómo los barones del carbón se sentaron notoriamente en el balcón de la legislatura estatal. Cada vez que un proyecto de ley se sometía a votación, los representantes "literalmente miraban hacia la galería y veían [los pulgares arriba o los pulgares hacia abajo] de los representantes de las compañías de carbón" para determinar cómo votar, dijo.

"Hemos tenido legisladores diciéndonos que éramos vagos, a pesar de trabajar en múltiples empleos. He tenido amenazas sobre mi vida y mi trabajo durante este ataque. Tuve que alejar a mi familia por seguridad. Esperaba esto. Pero continuar nuestra lucha por el cuidado de la salud lo vale".

"Me siento firme con el Condado de Fayette", dijo Betsy Atwater. "Estoy aquí esta noche para decir que esta crisis no es mi responsabilidad. He enseñado en este estado durante 42 años, he dado mi sangre, mi sudor y mis lágrimas para enseñar a los estudiantes con discapacidad en este estado y merezco un excelente plan de atención médica. No debería tener que rogar ...

"En resumidas cuentas, ninguno de nosotros seguimos siendo tontos ... No gasté mi dinero para estudiar y obtener el título más avanzado para mendigar. Encuentren el dinero; está ahí para todo lo demás que se debe comprar, incluyendo sofás de $32.000 [refiriéndose a los $ 3,7 millones del presidente de la Corte Suprema Allen Loughry para la renovación de las oficinas de la corte y un presunto sofá de $ 3.000]. Encuentren el dinero y presenten el plan".

Lisa, una maestra en el condado de Kanawha, explicó que su hija de 21 años sufrió un derrame cerebral. Cuando su neurólogo local no pudo encontrar el motivo, fue referida a la Clínica Cleveland. "Me dijeron de inmediato [por PEIA] que no fue aprobado. Estaba llorando por teléfono, suplicando", le dijo al público.

"Si nunca han tenido que rogar por atención médica para sus hijos, no saben lo que significa esto. Finalmente, obtuve permiso para que la evaluaran. Encontraron su problema de inmediato y dijeron que podían arreglarlo. Para hacer la historia corta. Lo aprobaron finalmente; fue una batalla. Tenía un defecto cardíaco. Me estremezco al pensar qué podría haber pasado si no hubiera sido el tipo de persona que soy y no hubiera luchado. Si mi médico dice que necesita este tratamiento, es lo que debe recibir. Ellos los profesionales médicos, y no las personas que se sientan en la oficina de PEIA ".

Vera Miller, maestra del condado de Cabell, dijo: "Hemos estado pagando muchos impuestos en este estado durante mucho tiempo. Los maestros también pagan impuestos, esto puede ser inimaginable para ustedes en la plataforma. Nosotros, los trabajadores, tenemos bajos salarios, y es hora de que otras personas también comiencen a pagar. Queremos que se aumente el impuesto por la extracción [de petróleo y gas]. En segundo lugar, se ha comprobado que las reducciones de impuestos neto para las corporaciones no funcionan—regrésenlo al 9,5 por ciento. Hay mucho dinero que se podría utilizar.

Docentes de West Virginia exigiendo fondos para el PEIA en el capitolio estatal en febrero

"Estamos en un estado rico. Tenemos que cobrar impuestos a esa pizarra rica. Eso es nuestro, ¡eso es nuestro! Soy del condado de Raleigh, pero tengo familia viviendo en una casa que se remonta a la Guerra Civil, ese es el tiempo que llevamos aquí. Necesitamos gravar este gas y tener consideración por los jubilados".

April Easta, profesora de inglés en el condado de Boone, distribuyó fotos de sus cuatro hijos a los miembros de la junta de PEIA. Ella dijo: "Escribí todos sus problemas de salud por sus imágenes. Me he sentado en el servicio de ventanilla para obtener una receta para mi hija y no podía pagarla. Esa hija tiene asma, me disculpo por llorar, eran 86 dólares. ¿Saben cómo es eso? ¿Tener un título universitario, ser maestra por casi 20 años y no poder obtener una receta para un niño que lo necesita?

"Es desolador, es vergonzoso. Quiero que recuerden sus rostros, porque los están lastimando. Merecen la atención médica que necesitan", imploró.

Brianne señaló que la mayoría de los participantes de PEIA, según los propios registros de la agencia, ganan entre 20.000 y 30.000 de dólares. "¿Cómo es eso, que la mayoría de nuestros participantes entran y salen de la línea de pobreza federal?" Ella amenazó: "Estamos hablando de un Paro Laboral 2.0. Si no lo creen, estamos hablando de eso ... Somos personas inteligentes, podemos encontrar el dinero y sabemos que ustedes también pueden. ¿Están dispuesto a hacerlo? ¿Están dispuesto a servir a la gente o Big Pharma y grandes corporaciones?

Para preparar la próxima ronda de lucha este otoño, los trabajadores deben extraer las lecciones de las luchas de primavera y quitar el liderazgo de las manos de los sindicatos pro-capitalistas. El Partido de la Igualdad Socialista llama a la formación de comités de vecindario y lugares de trabajo independientes para vincular la lucha de todos los sectores de la clase trabajadora en un movimiento político unificado en defensa de la educación pública, el derecho a la salud universal de alta calidad cuidado y todos los derechos sociales. El resurgimiento de la lucha de clases debe ser acompañado de un movimiento político consciente contra todo el aparato Estatal, los Partidos Demócratas y Republicanos, y el sistema de ganancias capitalista.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 31 de julio de 2018)