El viernes, docentes en la provincia bonaerense realizaron una jornada de huelga para protestar las muertes de dos trabajadores de una escuela pública como resultado de una explosión de gas en la ciudad de Moreno, al oeste de la capital argentina de Buenos Aires.

Miles de maestros y una multitud de simpatizantes de toda la provincia marcharon en el centro de Moreno, en medio de condenas por todo el país culpando al Gobierno provincial y nacional.

El jueves por la mañana, pocos minutos antes de que estudiantes de Moreno entraran a la escuela, la vicedirectora Sandra Calamaro, de 48 años, murió en una explosión causada por una estufa defectiva alimentada por una garrafa de gas. La escuela no está conectada a la red de gas natural. Otro trabajador de la escuela, Rubén Rodríguez, de 45 años, también falleció cuando barría el patio. La onda expansiva incluso derribó uno de los muros de la escuela.

Un oficial del Gobierno local en Moreno le dijo a la prensa que la catástrofe era “prevenible” ya que varios padres de estudiantes y las autoridades de la escuela ya habían presentado una serie de denuncias por el escape de gas ante el Consejo Escolar, el cual es controlado por la Provincia de Buenos Aires bajo la gobernadora María Eugenia Vidal, una de las principales figuras de Cambiemos, la coalición derechista que gobierna el país.

Tan recientemente como el miércoles, hubo una protesta fuera del Consejo Escolar en Moreno para exigir mejoras en las escuelas.

El WSWS entrevisto a varios docentes que exigieron tomar acción ante las muertes. Ricardo, un maestro de informática en el partido San Martín en Buenos Aires comentó, “sentí que perdí a alguien, a pesar de no haberlos conocido, me fue muy fácil ponerme en el lugar de ellos”. Indicó que, mientras que los sindicatos buscaban limitar el paro a Moreno, las bases docentes en la provincia presionaron para que se llevase a cabo una acción a nivel provincial.

Más allá, las muertes, “de cierta forma reivindicaron la labor y los pedidos docentes” contra la demonización de la prensa, Gobiernos pasados y el actual, añadió. Harto de “tanto sufrimiento y tanto estrangulamiento por la alta inflación y los impuestos regresivos, Ricardo llamó a los docentes y trabajadores para que se unan en el país y organicen un paro por tiempo indeterminado.

El hecho de que este incidente desencadenara repentinamente nuevas manifestaciones masivas y llamados generalizados para una lucha definitiva que acabe con los ataques del Gobierno del presidente Mauricio Macri contra la clase obrera refleja la convergencia política de las urgentes demandas sociales y el creciente enojo entre los trabajadores argentinos.

Al contrario, los sindicatos y la pseudoizquierda han visto el incidente desde un punto de vista muy diferente. La burocracia sindical del sector educativo bonaerense, organizada bajo el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) está buscando utilizar la calamidad como una oportunidad para aislar las luchas de los docentes de otros sectores de la clase trabajadora y de otras partes del país, mientras generan ilusiones en el prolongado “diálogo” que han mantenido con el Gobierno de Vidal.

Desde el 2016, Vidal ha reducido el porcentaje del presupuesto dedicado a educación de 27,8 por ciento a 24 por ciento y ha dejado que su valor real caiga con la inflación —una reducción relativa equivalente a financiar la construcción de 998 nuevos colegios—. Las muertes en Moreno no solo han expuesto la negligencia criminal del Gobierno, sino también sus afirmaciones de estar “priorizando la infraestructura” por medio de un programa de supuestas renovaciones de escuelas, hospitales y otros edificios públicos, justificando así los ataques a los salarios reales de los trabajadores estatales y el cierre de casi 50 escuelas.

No obstante, entre el 2008 y el 2015, el gobernador de Buenos Aires anterior, Daniel Scioli y el Gobierno de Cristina Kirchner —ambos considerados representantes de la “marea rosa” latinoamericana encabezada en Argentina por el Frente para la Victoria (FPV) peronista— ya estaban imponiendo medidas draconianas de austeridad en infraestructura y educación públicas. Durante este periodo, la educación en Buenos Aires cayó del 33 al 27,8 por ciento del presupuesto provincial. La campaña presidencial de Scioli en el 2015 a la cabeza del FPV presumía constantemente de que sus enormes pagos a los tenedores de bonos habían recortado la deuda de la provincia a la mitad.

En general, desde el 2012, la clase gobernante argentina ha respondido al continuo declive económico y crisis presupuestaria convirtiendo la deuda gubernamental en la fuente de miles de millones de dólares en ganancias para la parasítica oligarquía financiera argentina e internacional.

Mientras que cientos de miles de puestos de trabajo han sido eliminados y la inflación de dos dígitos ha reducido dramáticamente los salarios y el gasto social en términos reales, Argentina cuenta con las tasas de intereses más altas internacionalmente, las cuales han alimentado una bonanza en el mercado bursátil junto con el crecimiento más rápido en el número de millonarios en dólares en el mundo, según un estudio de Credit Suisse del 2017. En junio, el Gobierno aceptó un nuevo préstamo del Fondo Monetario Internacional de US$50,6 mil millones.

La oposición social contra el aumento en la desigualdad, particularmente desde principios del año, ha producido una ola continua de manifestaciones y huelgas que los sindicatos han tenido dificultades para mantener bajo su control. Sin embargo, no han conllevado mejoras en las condiciones de los trabajadores.

Con temor de que la ira social gire a alternativas independientes de los sindicatos, Cambiemos ha recurrido a criminalizar las protestas con multas exorbitantes. A su vez, estas amenazas han sido utilizadas por los mismos sindicatos para justificar la supresión de la ola huelguística, como lo demostró la cancelación de una huelga de tres días en junio por parte del sindicato de Camioneros.

El lunes de la semana pasada, iniciando el semestre escolar, la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) convocó a un paro de 48 horas en escuelas a nivel nacional, respondiendo en parte a un ofensivo aumento salarial de 16 por ciento ofrecido por el Gobierno (frente a una inflación del 30 por ciento para el año). Citando posibles multas por violar un periodo de “conciliación obligatoria” alrededor de negociaciones, cuatro de los cinco sindicatos del FUDB decidieron no participar; sin embargo, más del 40 por ciento de los docentes en la provincia se adhirieron al paro de todos modos.

Tres días antes de la explosión en Moreno, las autoridades bonaerenses inspeccionaron 8.838 escuelas, no para tomar inventario de las generalizadas condiciones precarias, infraestructura decaída y falta de materiales escolares, sino para penalizar a los docentes que participaban en la huelga. Le impusieron una sanción de US $24 millones al sindicato SUTEBA, el cual no canceló la huelga.

Buscando explotar el asesinato capitalista en Moreno para reforzar su imagen tras años de presidir los recortes salariales, el deterioro de infraestructura y el cierre de escuela a instancias de la elite gobernante, los sindicatos del FUDB aceptaron realizar la huelga provincial el viernes.

El Partido Obrero (PO), el cual forma parte del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) y cuenta con varios legisladores a nivel nacional, provincial y local y controla algunos sindicatos, respondió con una serie de artículos aclamando la respuesta del FUDB y culpando estrictamente a los Gobiernos de Vidal y Macri por lo acontecido en Moreno.

El jueves, publicando en su sitio web un artículo cuyo título le exigía al ministro de educación renunciar, el PO presentó a los sindicatos peronistas como la dirección adecuada para “derrotar a este Gobierno” y les demandó un “plan de lucha”. De esta forma el artículo falsifica el papel desempeñado por estas burocracias, exclamando: “Todos al paro del FUDB… A 24 horas de la rotunda huelga de la docencia bonaerense, que la conciliación obligatoria ilegal no pudo frenar, todos los gremios del Frente de Unidad Docente Bonaerense—incluyendo los cuatro que levantaron las medidas—han convocado a un nuevo paro provincial”.

El WSWS entrevistó a una maestra de historia en los partidos de Lomas de Zamora y Almirante Brown, ambos en la provincia bonaerense, y que prefirió responder de forma anónima. Denunciando a la dirección kirchnerista de la SUTEBA, junto a la burocracia sindical en general, por aislar las luchas de los docentes en Morena, en la provincia y el país, la describió como “nacionalista y burguesa”, añadiendo que son “funcionales desde siempre a la clase capitalista del país, siempre a diferentes sectores burgueses” y que “impiden la consciencia de clase”.

Respondió que no había escuchado de las rebeliones docentes contra los sindicatos en West Virginia, Oklahoma y Arizona, pero comentó que, en cuanto a la burocracia sindical, “ni siquiera existe en su imaginación, una organización a nivel internacional”.

Tras describir al FIT como “más combativo”, se le preguntó directamente sobre el efecto que tiene en los docentes cuando el FIT orienta sus demandas de un “plan de lucha” a la burocracia sindical kirchnerista. Respondió: “En lo que va de la gestión de Cambiemos hay algunos acuerdos entre la izquierda [FIT] y el kirchnerismo así que, algunas veces coinciden. También muchos docentes que no son partidarios adhieren a los paros de la izquierda ([Lista] Multicolor en provincia de Bs. As.)”.

Los esfuerzos del FIT para utilizar los sindicatos para encauzar la oposición detrás de la élite política no empujarán a los sindicatos ni a la política oficial hacia la izquierda, sino que tienen como objetivo contener el estallido de la lucha de clases contra una continua escalada de los ataques contra los derechos sociales y democráticos por parte de la burguesía. Este frente populista de “izquierda” representa los intereses de capas privilegiadas de la clase media y cada vez más de sectores de la burguesía que se han enriquecido gracias a la agenda de austeridad de Wall Street.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 7 de agosto de 2018)