A los dos meses de llegar al poder, la actitud progresista del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) quedó completamente desacreditada. Lo mismo ocurre con las fuerzas pseudoizquierdistas y estalinistas que lo apoyan.

El PSOE asumió en junio como un gobierno minoritario después del derrocamiento de la administración del Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy. Llegó al poder con la ayuda de la coalición Unidos Podemos (Podemos, más Izquierda Unida —IU— y el partido verde Equo) y los nacionalistas catalanes y vascos.

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ahora presidente del gobierno, prometió que su nuevo gobierno sería “socialista e igual” y llevaría a cabo una serie de políticas progresistas.

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, dijo que su partido apoyaría la desconfianza del PSOE en el voto del PP “sin condiciones”. Declaró: “Quiero pensar que será responsable y tratará de organizar un gobierno integrador, un gobierno que le dé estabilidad a España, un gobierno que asuma los desafíos del país en una era posterior a la corrupción”.

El PSOE hizo varias fintas de agenda de reforma progresiva —diseñada en primer lugar para atraer a su propia base social de clase media alta y estas mismas capas que gravitan alrededor de Podemos. Sin embargo, su agenda fundamental era una mayor austeridad para la clase trabajadora, un militarismo intensificado al servicio de las ambiciones geoestratégicas de España y la reestabilización del Estado español a raíz de la crisis de la independencia catalana.

Sánchez juró su cargo el 2 de junio sin la Biblia ni el crucifijo habituales. Cinco días después, anunció que 11 de sus 17 ministros serían mujeres. El PSOE anunció una política de migración más humanitaria. Sánchez le dio la bienvenida al barco de rescate Acuarius y dejó que atracara en España después de su haber recibido la negativa de los gobiernos de Italia y Malta, y les otorgó a los inmigrantes la residencia temporal.

El ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska prometió revertir la política del gobierno del PP de deportación instantánea de trabajadores migrantes en los enclaves fortificados del norte de África, declarando: “Voy a hacer todo lo posible para asegurarme de que quiten esas vallas de alambre de púas en Ceuta y Melilla”.

Todo esto ahora ha cambiado.

El gobierno ha tratado el atraque del buque de rescate Open Arms de la manera tradicional, deteniendo a los migrantes a bordo hasta que la policía decida qué hacer con ellos. Se espera que la mayoría sean deportados a sus países de origen.

La persecución de los inmigrantes que intentan entrar en Ceuta y Melilla desde Marruecos ha aumentado. El gobierno del PSOE está defendiendo su deportación instantánea por parte de la Guardia Civil y continúa con el recurso del anterior gobierno del PP al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para revocar su condena al “retorno forzado” de España de dos inmigrantes africanos en Melilla en 2014.

España también jugó un papel decisivo en la Unión Europea el mes pasado y le dio a Marruecos millones de euros más en fondos antimigrantes. Las estaciones de policía se han transformado en centros de detención y las redadas de las fuerzas de seguridad marroquíes han aumentado. Alrededor de 1.800 personas fueron arrestadas en la primera semana de agosto, llevadas al sur en autobuses y arrojadas al Sahara. Dos jóvenes malienses, uno de ellos de 16 años, murieron en las redadas.

El PSOE también ha incumplido su promesa de revertir las “reformas” educativas del PP, que hicieron obligatoria la educación religiosa en las escuelas y promovieron la educación de un solo sexo. En cambio, el gobierno solo “modificará” los elementos más “perturbadores” del modelo del PP, dejando intacto el adoctrinamiento religioso obligatorio de los niños del país.

El PSOE también está demorando su publicitado gesto simbólico de exhumar al dictador fascista general Francisco Franco del monumento del Valle de los Caídos, que también contiene los restos de 34.000 soldados nacionalistas y republicanos. Ante la oposición de la familia de Franco, el PP y el ejército —unos 600 oficiales retirados han firmado una petición— la fecha de la exhumación se viene retrasando continuamente.

“Queremos que el Valle sea un lugar público de honor para la paz, la democracia y la memoria común”, dijo la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo. La idiotez de tal sugerencia y el insulto que les hace a las víctimas de Franco fue observada por Victoria Prego en El Independiente, quien comentó: “Lo que sucede es que el Gobierno quiere esconder a Franco para que su tumba no reciba visitas, de la misma manera que quiere que el Valle de los Caídos no sea visto por los españoles como un monumento franquista, sino como un centro de interpretación de la Historia.

“Pero eso será imposible por una razón inamovible: ese monumento es la obra de Franco desde el principio hasta el final ... el Valle de los Caídos es inseparable de la figura de Francisco Franco, y no hay nadie que esté dispuesto a reconocerlo”.

En otros asuntos, el nuevo gobierno está intensificando los ataques contra los derechos democráticos. No solo mantiene encarcelados a los presos políticos catalanes después del referéndum sobre la independencia del año pasado, bajo la acusación fraudulenta de intentar derrocar violentamente al Estado, sino que está manteniendo la ley del PP sobre seguridad pública, conocida como la “ley mordaza”. Esta limita la libertad de expresión, prohíbe las reuniones masivas e impone multas por protestar y hacer comentarios en las redes sociales.

El PSOE también ha abandonado su promesa de manifiesto de revocar las reformas laborales del PP, que atacan la negociación colectiva y abaratan el despido. En cambio, los aspectos “más perjudiciales” se cambiarán solo si cuentan con el consenso de los “interlocutores sociales” involucrados, comenzando por los empleadores.

El gobierno ha anunciado que su prometido impuesto bancario de mil millones de euros para financiar un aumento en las pensiones no será de carácter “inmediato”. Se ha negado a publicar la “lista de la vergüenza” de 700 empresas e individuos que han recibido amnistías fiscales que constantemente le habían exigido a Rajoy.

Sánchez ha retrocedido en sus planes, declarados mientras estaba en la oposición, de traer “una monarquía renovada y ejemplar” y ahora se niega a abrir una comisión de investigación en el Congreso sobre acusaciones de corrupción contra el exrey Juan Carlos.

La semana pasada, en un artículo en El Diario, los líderes de Unidos Podemos buscaron distanciarse de su papel podrido en la justificación del PSOE. Revelaron que el PSOE se había negado a discutir sus solicitudes para un gobierno de coalición PSOE-Unidos Podemos una vez que se aprobó la moción de censura, o para considerar alguna de las 20 propuestas de política presentadas por Iglesias.

Fingiendo indignación, se quejaron de cómo el PSOE había cambiado de “un discurso de cambio” mientras estaba en la oposición “a hacer lo que el PP estaba haciendo” y se negaron a consultar con ellos. El diputado de Podemos y coordinador del grupo Unidos Podemos, Txema Guijarro, declaró: “El Gobierno tenía un compromiso claro y no lo respetaba”, y agregó: “Comienza a manifestarse un síndrome del PSOE muy típico: hace una cosa en la oposición y otra en el gobierno. Cuando llega el momento de actuar, siempre están listos para decepcionar”.

Guijarro hizo la ridícula afirmación de que la función principal de la coalición en los próximos meses será “controlar” al gobierno del PSOE. Pero la prueba de que continuará el acatamiento en vez del control llegó en el mismo artículo de El Diario. En el caso del presupuesto para 2019, que el PSOE no pudo aprobar en el Congreso recientemente porque el PP y Ciudadanos votaron en contra y Unidos Podemos se abstuvo, el periódico declaró que el gobierno “no planea cambiar su estrategia ... presentará la misma propuesta, convocando a los grupos [que lo apoyan] a ceder”.

(Publicado originalmente en inglés el 23 de agosto de 2018)